El Consell de Mallorca investiga casi medio millar de presuntas infracciones urbanísticas

(Diario de Mallorca, 24/04/2004)


En suelo rústico se autorizaron 504 viviendas unifamiliares y se detectaron 85 ilegalidades

ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.

El número de expedientes por supuestas infracciones urbanísticas que, al cierre del ejercicio de 2003, tenía en trámite el Consell de Mallorca es el más alto registrado hasta ahora y confirma una progresiva incidencia del control de la disciplina urbanística, según ha indicado el conseller de Ordenación Territorial, Bartomeu Vicens.
El conseller resaltó que la constatación del mayor número de expedientes se explica, por una parte, por la evolución de la construcción, con un incremento cuantitativo de las licencias, y, por otra, por la cada vez mayor implicación de la institución insular en la disciplina urbanística.
En 2003, los expedientes en trámite eran 469, de ellos 119 abiertos a lo largo del pasado año y el resto procedentes de los anteriores. Sin embargo, Vicens destacó que la disciplina es aún el gran reto, advirtiendo de que "no sirve de nada hacer un esfuerzo normativo si, después, no se cumple la normativa". En este sentido, el conseller reclamó la colaboración de los ayuntamientos en la persecución de la indisciplina urbanística. Los municipios con más expedientes en trámite son Palma (50), Santa Margalida (36), Pollença (32), Artà (30) y Andratx (29).
Pese a la tendencia alcista, el número de expedientes incoados en 2003 por parte del Consell ha sido de 119, una cifra menor a la contabilizada en 2002 y 2001, años en que se abrieron 159 y 121 expedientes, respectivamente.
Vicens advierte, sin embargo, que los expedientes por infracciones del Consell no reflejan la totalidad de las infracciones urbanísticas que se han detectado en Mallorca, pues son los ayuntamientos quienes tienen la competencia en materia de disciplina y, por tanto, los que están obligados a actuar en primera instancia, respondiendo buena parte de las actuaciones del Consell a subrogaciones por la inactividad municipal y, el resto, a denuncias o inspecciones del Consell.
Del total de 119 expedientes abiertos en 2003, la mayoría de ellos (64) se refieren a supuestas ilegalidades en suelo rústico común. En suelo rústico protegido se han detectado 21 supuestas ilegalidades y 33 en suelo urbano. En rústico, la intervención del Consell es siempre obligada, porque es la institución insular la que da la autorización y, en este aspecto, se comprueba cómo en 2003 se autorizaron un total de 504 viviendas aisladas en rústico y se abrieron 85 expedientes por presunta ilegalidad en rústico.

Multas elevadas

Además, a lo largo del pasado año se han impuesto por parte del Consell de Mallorca un total de 51 sanciones (derivadas de expedientes iniciados en 2003 o anteriores), la cifra más alta de multas hasta ahora registradas y el doble de la referida a 2002, en que hubo 26 sanciones. Asimismo, se cursaron 17 órdenes de demolición.
Al referirse a las sanciones, el conseller de ordenación resalta la elevada cuantía de las mismas, por un total de 2.340.832 euros en 2003, cuantía muy superior a la de 2002 (836.970 euros) y también mayor que la de 2001 (1.641.412 euros), la más alta contabilizada hasta ahora. Vicens señala que la cuantificación se hace por los técnicos del Consell a partir de valores de mercado reales de las obras sancionables.

PP y UM 'congelan' la ley del Síndic del Territori por el rechazo de los municipios

(Última Hora, 16/04/2004)

Junto con el proyecto de la autovía Inca-Manacor, fue uno de los compromisos de ambos partidos para firmar su acuerdo postelectoral



NEKANE DOMBLÁS
Las direcciones de PP y UM han decidido congelar la tramitación del proyecto de ley de creación de la figura del Síndic del Territori ante la oposición manifestada por varios ayuntamientos, en su mayoría del PP. Se trata del segundo compromiso al que llegaron PP y UM tras su pacto postelectoral que queda aplazada. El primero de ellos, la polémica autovía Inca-Manacor, está a la espera de una respuesta oficial por parte de la dirección del PSOE.

Las fuentes consultadas por este periódico han asegurado que este aplazamiento sine die de la creación del Defensor del Territorio se debe a la radical oposición mostrada por algunos ayuntamientos, que consideran que este proyecto de ley invade sus competencias y, por ello, tiene aspectos que podrían considerarse inconstitucionales. Ante las reacciones adversas que la propuesta ha generado entre estos ayuntamientos, los responsables de ambos partidos han decidido aparcar la aprobación del texto.

De hecho, el texto que ya tenía definitivamente elaborado UM para su presentación oficial en el Parlament establecía que el Síndic del Territori asumiría, por la ley, la facultad de vigilar el cumplimiento de la normativa urbanística en todas las Islas, así como la tramitación de los expedientes sancionadores y el cobro de las multas generadas por estos expedientes.
El acuerdo programático de gobernabilidad firmado en su día por Jaume Matas y Maria Antònia Munar comprometía a ambas formaciones a presentar en el Parlament dos proyectos de ley muy concretos: el de viviendas turísticas vacacionales y el de la ley del «Defensor del Territori», tal y como se le llama textualmente en este acuerdo.