(El Mundo, 28/07/2004)
El juzgado de Manacor ha admitido la querella interpuesta por los vecinos contra la sociedad de transportes por presunto delito ecológico La respaldan GOB, PSOE, PSM, EU/EV y PP-AIPC
RAFAEL GABALDÓN
MANACOR.- Los juzgados de Manacor han admitido a trámite una querella criminal por delito ecológico contra la empresa Autocares Manacor S.A. (Aumasa). Se le acusa de verter más de 300 camionadas de escombros sin seleccionar en una finca rústica de 29.000 metros cuadrados, situada en la carretera vieja de Sant Llorenç, a la salida de Manacor.
Fueron los vecinos y payeses, a los que más tarde se sumaron grupos ecologistas como el GOB y varios partidos políticos como EU/EV, PSOE, PSM e incluso el actual gobierno de PP-AIPC, quienes denunciaron los hechos para que de esta forma se pusiera fin al vertedero incontrolado en que se estaba convirtiendo la zona.
Los denunciantes han acudido al juzgado para que la empresa de transportes depure responsabilidades y se restablezca el medio ambiente perturbado. Asimismo, el colectivo querellante dará traspaso de las diligencias al Ayuntamiento de Manacor, al Consell de Mallorca y al Govern por si quieren personarse en la casa.
Como se recordará las hermanas Pilar y Antonia Riera, propietarias de Aumasa, compraron esta finca para instalar en ella las naves, garajes, surtidor, emplazamiento de autocares, locales de guardia y custodia de autobuses, etc. Cuando la compraron lo hicieron por recomendación, según ellas, del entonces alcalde de Manacor Gabriel Bosch y su delegado de Urbanismo, Rafael Sureda. Pretendían dejar el barrio de Sa Torre (donde reconocen estar causando molestias desde hace 15 años) y trasladarse al nuevo solar.
Sin embargo, el Consell de Mallorca echó sus planes por tierra al denegar el interés general. Entonces la finca, que dejó de tener utilidad, empezó a usarse para relleno de escombros, la mayoría supuestamente sin clasificar, además de todo tipo de basuras, cuando en aquella época la normativa prohibía el vertido de desechos bajo ningún concepto. De ahí el enfado de numerosos vecinos que decidieron aunar esfuerzos y constituir una plataforma.
Según los expertos consultados por los denunciantes, si cada camión era capaz de cargar un mínimo de una tonelada y media, los vertidos rondan los 450.000 kilos de basura.
En manos del fiscal
Los demandantes tan sólo piden que se restablezca el medio, eso sí al precio que sea, y que se deja la zona tal y como estaba en sus orígenes. En la demanda dejan al margen cualquier tipo de denuncia por daños y perjuicios, y las sanciones para las propietarias, aunque todo ello queda en manos del ministerio fiscal de oficio.
Según los vecinos, estos terrenos son ahora «un estercolero», una zona «degradada» y auténtico «vertedero de escombros en el que se incluyen todo tipo de basuras». A todo ello se le suma el hecho de que los vecinos de Sa Torre siguen soportando, después de 15 años de su primera denuncia, la presencia de más de 65 autocares, sin olvidar que el surtidor de la empresa está a pocos metros del ambulatorio general de la ciudad.
Ahora será el fiscal el que decida la pena que se le deberá imputar y el juez el que determine la gravedad de la situación, denunciada por los vecinos del terreno, grupos ecologistas y los diversos partidos políticos citados.
28 de juliol 2004
27 de juliol 2004
El Consell de Menorca aprueba los estatutos de su 'policía urbanística'
(El Mundo, 27/07/2004)
M. F. R.
MAÓ.- El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico empezó ayer a escribir su historia después de que los votos de la mayoría de gobierno en el Consell, con la abstención del Grupo Popular, dieran el visto bueno a sus estatutos. Su misión será, de ahora en adelante, velar por el cumplimiento de las directrices del Plan Territorial Insular en el campo.
La experiencia vivida con otros consorcios propició la abstención de los populares. Su portavoz, Juan Manuel Lafuente, manifestó sus dudas acerca de los resultados que pueda obtener este organismo, al tiempo que vaticinó que resultará «más caro y menos eficaz» que el mecanismo actual de vigilancia, organizado por cada uno de los ayuntamientos.
En el trasfondo del debate vivido ayer en el Consell estuvo la negativa del Ayuntamiento de Ciutadella a entrar a formar parte de este organismo. La consellera de Ordenación del Territorio, Fina Casals, lamentó «profundamente» una situación que contrapuso con la «gran ilusión» con que, a su juicio, el resto de administraciones de la isla han decidido formar parte de esta iniciativa
Casals se mostró convencida de que el Consorcio resultará «ágil y eficaz» que el sistema actual, tras recordar que la actual estructura municipal no da abasto para ejercer un control efectivo sobre el cumplimiento de la normativa urbanística en suelo rústico. El objetivo del equipo de gobierno es, además, que este organismo pueda autofinanciarse «en un breve espacio de tiempo».
Ciutadella, por su cuenta
La idea es que vaya ingresando los recursos necesarios para el mantenimiento de su estructura, así como para amortizar la inversión inicial que será asumida por el Consell a través de las multas que imponga a los infractores. La consellera de Ordenación del Territorio también defendió la posibilidad de que la entidad pueda ser viable economicamente en un futuro.
Según consta en los estatutos, este organismo se encargará de la actividad inspectora dirigida a vigilar y controlar la adecuación a la legalidad urbanística a de todas aquellas actuaciones que tienen como ámbito el suelo rústico, la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores en caso de infracción y el cobro, si así se acuerda, de las multas.
La negativa del Ayuntamiento de Ciutadella a integrarse en el Consorcio se explica por la reciente creación en este Consistorio de su propio gabinete de disciplina urbanística y el deseo de no transferir a otra institución unas competencias que, por ley, son municipales, según informó su portavoz, Avel·lí Casasnovas.
M. F. R.
MAÓ.- El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico empezó ayer a escribir su historia después de que los votos de la mayoría de gobierno en el Consell, con la abstención del Grupo Popular, dieran el visto bueno a sus estatutos. Su misión será, de ahora en adelante, velar por el cumplimiento de las directrices del Plan Territorial Insular en el campo.
La experiencia vivida con otros consorcios propició la abstención de los populares. Su portavoz, Juan Manuel Lafuente, manifestó sus dudas acerca de los resultados que pueda obtener este organismo, al tiempo que vaticinó que resultará «más caro y menos eficaz» que el mecanismo actual de vigilancia, organizado por cada uno de los ayuntamientos.
En el trasfondo del debate vivido ayer en el Consell estuvo la negativa del Ayuntamiento de Ciutadella a entrar a formar parte de este organismo. La consellera de Ordenación del Territorio, Fina Casals, lamentó «profundamente» una situación que contrapuso con la «gran ilusión» con que, a su juicio, el resto de administraciones de la isla han decidido formar parte de esta iniciativa
Casals se mostró convencida de que el Consorcio resultará «ágil y eficaz» que el sistema actual, tras recordar que la actual estructura municipal no da abasto para ejercer un control efectivo sobre el cumplimiento de la normativa urbanística en suelo rústico. El objetivo del equipo de gobierno es, además, que este organismo pueda autofinanciarse «en un breve espacio de tiempo».
Ciutadella, por su cuenta
La idea es que vaya ingresando los recursos necesarios para el mantenimiento de su estructura, así como para amortizar la inversión inicial que será asumida por el Consell a través de las multas que imponga a los infractores. La consellera de Ordenación del Territorio también defendió la posibilidad de que la entidad pueda ser viable economicamente en un futuro.
Según consta en los estatutos, este organismo se encargará de la actividad inspectora dirigida a vigilar y controlar la adecuación a la legalidad urbanística a de todas aquellas actuaciones que tienen como ámbito el suelo rústico, la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores en caso de infracción y el cobro, si así se acuerda, de las multas.
La negativa del Ayuntamiento de Ciutadella a integrarse en el Consorcio se explica por la reciente creación en este Consistorio de su propio gabinete de disciplina urbanística y el deseo de no transferir a otra institución unas competencias que, por ley, son municipales, según informó su portavoz, Avel·lí Casasnovas.
24 de juliol 2004
El Consell multa con 937.906 euros al cámping ilegal de la Colònia de Sant Pere
(Última Hora, 24/07/2004)
La institución continúa los trámites paran obligar a la demolición de las 90 edificaciones que fueron realizadas sin autorización
NEKANE DOMBLÁS
El propietario del cámping ilegal construido en la Colònia de Sant Pere deberá pagar una de las multas más cuantiosas de las que ha impuesto el Consell de Mallorca en su historia: un total de 937.906 euros por la construcción de 90 edificaciones ilegales, tipo bungalow, en esta zona de Artà. El conseller de Territori del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, explicó que la Comissió d'Urbanisme aprobó ayer de forma definitiva la sanción tras un vía crucis burocrático y administrativo que se ha prolongado durante varios años.
Bartomeu Vicens señaló además que el Consell continúa con la tramitación del expediente de demolición de los 90 apartamentos construidos, pero la resolución final que obligará a restituir los terrenos a su situación original todavía no ha llegado. El conseller de Territori del Consell explicó que la instalación de estos 90 bungalows se hizo en una zona de protección territorial de costas, por lo que son totalmente ilegales.
Además, estas instalaciones fijas incumplen claramente la regulación sobre cámpings. Por todo ello, el conseller concluyó que no hay ninguna posibilidad de legalizar estas edificaciones. El responsable de Territori de la institución insular reconoció que la tramitación de esta multa ha sido muy complicada dado que el Consell ya aprobó en su día una sanción similar que no llegó a cobrarse porque se declaró la caducidad. Sin embargo, la institución ha vuelto a recuperar el expediente dada la flagrante ilegalidad de todas estas edificaciones.
Antes de la primera sanción del Consell de Mallorca, el propio Govern balear, a través de la Conselleria de Turisme, impuso al propietario de esta instalación una multa de 60.000 euros y ordenó su cierre definitivo en abril del año pasado. La sanción de Turisme con la posterior orden de cierre se aprobó por parte del Consell de Govern al detectarse que el supuesto cámping se había convertido en un recinto de bungalows ilegales que además funcionaban en régimen de hotelero de todo incluido.
A pesar de esta sanción y del orden de cierre, el propietario de la instalación decidió abrir la temporada pasada con absoluta normalidad. Meses más tarde, el Consell de Mallorca aprobaba en una Comissió Insular d'Urbanisme una propuesta de sanción, similar a la aprobada ayer por este mismo organismo, que no llegó a cobrarse.
La apertura ilegal de este cámping fue muy criticada por los vecinos de la zona, que llegaron a presentar varias denuncias ante el Ajuntament d'Artà por las constantes molestias originadas por los usuarios del recinto, así como la posible construcción en una zona protegida, que está clasificada como Área de Prevención Territorial de Costas.
La institución continúa los trámites paran obligar a la demolición de las 90 edificaciones que fueron realizadas sin autorización
NEKANE DOMBLÁS
El propietario del cámping ilegal construido en la Colònia de Sant Pere deberá pagar una de las multas más cuantiosas de las que ha impuesto el Consell de Mallorca en su historia: un total de 937.906 euros por la construcción de 90 edificaciones ilegales, tipo bungalow, en esta zona de Artà. El conseller de Territori del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, explicó que la Comissió d'Urbanisme aprobó ayer de forma definitiva la sanción tras un vía crucis burocrático y administrativo que se ha prolongado durante varios años.
Bartomeu Vicens señaló además que el Consell continúa con la tramitación del expediente de demolición de los 90 apartamentos construidos, pero la resolución final que obligará a restituir los terrenos a su situación original todavía no ha llegado. El conseller de Territori del Consell explicó que la instalación de estos 90 bungalows se hizo en una zona de protección territorial de costas, por lo que son totalmente ilegales.
Además, estas instalaciones fijas incumplen claramente la regulación sobre cámpings. Por todo ello, el conseller concluyó que no hay ninguna posibilidad de legalizar estas edificaciones. El responsable de Territori de la institución insular reconoció que la tramitación de esta multa ha sido muy complicada dado que el Consell ya aprobó en su día una sanción similar que no llegó a cobrarse porque se declaró la caducidad. Sin embargo, la institución ha vuelto a recuperar el expediente dada la flagrante ilegalidad de todas estas edificaciones.
Antes de la primera sanción del Consell de Mallorca, el propio Govern balear, a través de la Conselleria de Turisme, impuso al propietario de esta instalación una multa de 60.000 euros y ordenó su cierre definitivo en abril del año pasado. La sanción de Turisme con la posterior orden de cierre se aprobó por parte del Consell de Govern al detectarse que el supuesto cámping se había convertido en un recinto de bungalows ilegales que además funcionaban en régimen de hotelero de todo incluido.
A pesar de esta sanción y del orden de cierre, el propietario de la instalación decidió abrir la temporada pasada con absoluta normalidad. Meses más tarde, el Consell de Mallorca aprobaba en una Comissió Insular d'Urbanisme una propuesta de sanción, similar a la aprobada ayer por este mismo organismo, que no llegó a cobrarse.
La apertura ilegal de este cámping fue muy criticada por los vecinos de la zona, que llegaron a presentar varias denuncias ante el Ajuntament d'Artà por las constantes molestias originadas por los usuarios del recinto, así como la posible construcción en una zona protegida, que está clasificada como Área de Prevención Territorial de Costas.
21 de juliol 2004
Govern y Consell denuncian al juez una trama de falsas cédulas de vivienda
(Diario de Mallorca, 21/07/2004)
Las instituciones entregan al juzgado una quincena de documentos supuestamente manipulados para obtener permisos de nuevos pozos
B. PALAU/ A. ARTIGUES. PALMA.El Consell de Mallorca y el Govern han denunciado ante el juez la supuesta existencia de una trama de falsificación de cédulas de habitabilidad de viviendas en suelo rústico. En principio, se sospecha que las cédulas falsas se han utilizado para la obtención de permisos para la perforación de pozos, pero no se descarta que a través de las mismas cédulas alteradas se haya pretendido también la legalización, como viviendas, de construcciones en suelo rústico. La denuncia se ha presentado de forma conjunta por las dos instituciones y está firmada por el conseller de Ordenación del Territorio del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, y por el conseller de Medio Ambiente del Govern, Jaume Font. Los hechos presuntamente delictivos, que están siendo investigados por el Cuerpo Nacional de Policía y el juzgado de instrucción número 11 de Palma, salieron a la luz al analizarse una serie de peticiones de autorización para perforar pozos.
Viviendas
La autorización para la explotación de un pozo requiere, según han explicado fuentes jurídicas, que el pozo esté ligado a una vivienda, de manera que es imprescindible aportar la cédula de habitabilidad correspondiente. En los casos que levantaron sospechas, la conselleria y el Consell de Mallorca -que es la institución competente para la concesión de las cédulas de habitabilidad- comprobaron que el documento que se aportaba no figuraba como tal en el registro del Consell.
Pudo constatarse que las cédulas aportadas partían de otras que sí estaban registradas, pero con algunos de los datos alterados. Por ello, al confirmarse la presunta irregularidad se revisaron las cédulas que acompañaban las peticiones y se vio cómo se había producido la manipulación.
Los documentos afectados descubiertos son por ahora unas quince cédulas de los años 2002 y 2003 y afectan a autorizaciones en varios municipios de la isla, entre ellos Manacor, Inca, Alcúdia, Pollença o Porreres.
Sin embargo, el hallazgo de otra cédula de habitabilidad no ligada a una petición de pozo y también supuestamente manipulada hace temer que las dimensiones de la trama puedan ser mayores. Tanto el responsable del departamento de Ordenación del Territorio del Consell como de la conselleria de Medio Ambiente convinieron de inmediato en la necesidad de denunciar los hechos y, tras encargar el preceptivo informe a sus servicios jurídicos respectivos, se acordó la presentación de una denuncia conjunta, que se formalizó la pasada semana ante el juzgado de guardia. La denuncia, junto a la que se ha aportado la documentación de las cédulas originales y las supuestamente manipuladas, ha sido trasladada al juzgado de instrucción 11, que es el que dirigirá la investigación, y se ha dado cuenta de la misma a la fiscalía de Balears.
Las instituciones entregan al juzgado una quincena de documentos supuestamente manipulados para obtener permisos de nuevos pozos
B. PALAU/ A. ARTIGUES. PALMA.El Consell de Mallorca y el Govern han denunciado ante el juez la supuesta existencia de una trama de falsificación de cédulas de habitabilidad de viviendas en suelo rústico. En principio, se sospecha que las cédulas falsas se han utilizado para la obtención de permisos para la perforación de pozos, pero no se descarta que a través de las mismas cédulas alteradas se haya pretendido también la legalización, como viviendas, de construcciones en suelo rústico. La denuncia se ha presentado de forma conjunta por las dos instituciones y está firmada por el conseller de Ordenación del Territorio del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, y por el conseller de Medio Ambiente del Govern, Jaume Font. Los hechos presuntamente delictivos, que están siendo investigados por el Cuerpo Nacional de Policía y el juzgado de instrucción número 11 de Palma, salieron a la luz al analizarse una serie de peticiones de autorización para perforar pozos.
Viviendas
La autorización para la explotación de un pozo requiere, según han explicado fuentes jurídicas, que el pozo esté ligado a una vivienda, de manera que es imprescindible aportar la cédula de habitabilidad correspondiente. En los casos que levantaron sospechas, la conselleria y el Consell de Mallorca -que es la institución competente para la concesión de las cédulas de habitabilidad- comprobaron que el documento que se aportaba no figuraba como tal en el registro del Consell.
Pudo constatarse que las cédulas aportadas partían de otras que sí estaban registradas, pero con algunos de los datos alterados. Por ello, al confirmarse la presunta irregularidad se revisaron las cédulas que acompañaban las peticiones y se vio cómo se había producido la manipulación.
Los documentos afectados descubiertos son por ahora unas quince cédulas de los años 2002 y 2003 y afectan a autorizaciones en varios municipios de la isla, entre ellos Manacor, Inca, Alcúdia, Pollença o Porreres.
Sin embargo, el hallazgo de otra cédula de habitabilidad no ligada a una petición de pozo y también supuestamente manipulada hace temer que las dimensiones de la trama puedan ser mayores. Tanto el responsable del departamento de Ordenación del Territorio del Consell como de la conselleria de Medio Ambiente convinieron de inmediato en la necesidad de denunciar los hechos y, tras encargar el preceptivo informe a sus servicios jurídicos respectivos, se acordó la presentación de una denuncia conjunta, que se formalizó la pasada semana ante el juzgado de guardia. La denuncia, junto a la que se ha aportado la documentación de las cédulas originales y las supuestamente manipuladas, ha sido trasladada al juzgado de instrucción 11, que es el que dirigirá la investigación, y se ha dado cuenta de la misma a la fiscalía de Balears.
-- LOS DATOS
la pista
La manipulación de las cédulas de habitabilidad se detectó en expedientes de petición de autorización de nuevos pozos.
denuncia
La denuncia se presentó de forma conjunta por el Govern y el Consell la pasada semana ante el juez de guardia.
dimensiones
El hallazgo de una cédula manipulada no ligada a una petición de pozo levanta sospechas sobre el alcance del caso.
la manipulación
Las cédulas falsificadas parten de una original, de la que se alteran algunos datos y se mantienen otros.
14 de juliol 2004
El Govern y el Consell denuncian en el juzgado pozos ilegales
(El Mundo, 14/07/2004)
Las instituciones detectan la existencia de perforaciones clandestinas para extraer agua en distintos puntos de Mallorca
L.M.
PALMA.- Las perforaciones ilegales han proliferado en las últimas semanas. Máxime cuando la subida de las temperaturas han hecho que el agua se convierta en un bien cada vez más escaso. La Consellería de Medio Ambiente y el Consell de Mallorca han presentado en el juzgado de guardia una ingente cantidad de denuncias contra estos pozos clandestinos.
En esta ocasión, los reflejos de la Conselleria de Medio Ambiente han resultado providenciales para evitar un posible expolio de los recursos hídricos en el subsuelo mallorquín. Las denuncias han pasado por registro a la espera de que el juez decida abrir diligencias al respecto.
Las copiosas lluvias caídas en los últimos meses han multiplicados hasta cantidades ingentes el caudal de los acuíferos de Mallorca. Sin embargo, este hecho no ha evitado la avidez de los más desaprensivos por practicar prospecciones del terreno clandestinas.
El agua se convierte en un preciado tesoro durante estos meses. Las perforaciones indiscriminadas y la extracción del agua sin control de las reservas del subsuelo puede dar al traste con el regadía de la agricultura o con el agua para el consumo humano.
Debido a la lluvia continua caída durante los últimos meses en Mallorca, las filtraciones han proliferado en distintos puntos de la Isla. De hecho, las perforaciones ilegales en busca del preciado líquido contaban con un alto porcentaje de probabilidad de saldarse con éxito.
Según las investigaciones practicadas por el Consell Insular de Mallorca y la Conselleria de Medio Ambiente muchos han sido los que han decidido convertirse en zahoríes por su cuenta y riesgo. Corresponde a estas dos instituciones dar los permisos para poder practicar una perforación del subsuelo en busca de agua. Algo que evidentemente no se ha hecho en los casos denunciados.
Una de las principales reservas del subsuelo mallorquín ha sido el embalse de s'Extremera. Las filtraciones del agua de lluvia le ha llevado a alcanzar un importante volumen de agua.
Otro tanto ocurre con los embalse de Cúber y Gorg Blau. Las importantes reservas de agua permite mirar con cierto optimismo hacia los dos próximos años. En cambio, este hecho no impide que la extracción del agua siga estando sometida a un importante control por parte de las autoridades competentes.
Delito ecológico
Las denuncias presentadas por Consell y Conselleria podía acarrear la correspondiente multa en función de si la extracción es más o menos desmedida por un presunto delito ecológico.
Pese a la lluvia caída durante los últimos años, los estragos de la sequía del año 2000 se encuentran omnipresentes. De hecho, según la Encuesta del Agua realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los hogares de Baleares son los que menos agua consumieron n de toda España durante 2002.
El gasto de agua en el archipiélago alcanzó 127 litros por habitante y día durante 2002. En cambio, ese mismo año, la media nacional de consumo de agua por habitante era de 164 litros por habitante y día.
Las instituciones detectan la existencia de perforaciones clandestinas para extraer agua en distintos puntos de Mallorca
L.M.
PALMA.- Las perforaciones ilegales han proliferado en las últimas semanas. Máxime cuando la subida de las temperaturas han hecho que el agua se convierta en un bien cada vez más escaso. La Consellería de Medio Ambiente y el Consell de Mallorca han presentado en el juzgado de guardia una ingente cantidad de denuncias contra estos pozos clandestinos.
En esta ocasión, los reflejos de la Conselleria de Medio Ambiente han resultado providenciales para evitar un posible expolio de los recursos hídricos en el subsuelo mallorquín. Las denuncias han pasado por registro a la espera de que el juez decida abrir diligencias al respecto.
Las copiosas lluvias caídas en los últimos meses han multiplicados hasta cantidades ingentes el caudal de los acuíferos de Mallorca. Sin embargo, este hecho no ha evitado la avidez de los más desaprensivos por practicar prospecciones del terreno clandestinas.
El agua se convierte en un preciado tesoro durante estos meses. Las perforaciones indiscriminadas y la extracción del agua sin control de las reservas del subsuelo puede dar al traste con el regadía de la agricultura o con el agua para el consumo humano.
Debido a la lluvia continua caída durante los últimos meses en Mallorca, las filtraciones han proliferado en distintos puntos de la Isla. De hecho, las perforaciones ilegales en busca del preciado líquido contaban con un alto porcentaje de probabilidad de saldarse con éxito.
Según las investigaciones practicadas por el Consell Insular de Mallorca y la Conselleria de Medio Ambiente muchos han sido los que han decidido convertirse en zahoríes por su cuenta y riesgo. Corresponde a estas dos instituciones dar los permisos para poder practicar una perforación del subsuelo en busca de agua. Algo que evidentemente no se ha hecho en los casos denunciados.
Una de las principales reservas del subsuelo mallorquín ha sido el embalse de s'Extremera. Las filtraciones del agua de lluvia le ha llevado a alcanzar un importante volumen de agua.
Otro tanto ocurre con los embalse de Cúber y Gorg Blau. Las importantes reservas de agua permite mirar con cierto optimismo hacia los dos próximos años. En cambio, este hecho no impide que la extracción del agua siga estando sometida a un importante control por parte de las autoridades competentes.
Delito ecológico
Las denuncias presentadas por Consell y Conselleria podía acarrear la correspondiente multa en función de si la extracción es más o menos desmedida por un presunto delito ecológico.
Pese a la lluvia caída durante los últimos años, los estragos de la sequía del año 2000 se encuentran omnipresentes. De hecho, según la Encuesta del Agua realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los hogares de Baleares son los que menos agua consumieron n de toda España durante 2002.
El gasto de agua en el archipiélago alcanzó 127 litros por habitante y día durante 2002. En cambio, ese mismo año, la media nacional de consumo de agua por habitante era de 164 litros por habitante y día.
13 de juliol 2004
El Consell d'Eivissa i Formentera «ocultó» un auto judicial que le impide retirarse del 'caso ses Torres', según el Pacte
(El Mundo, 13/07/2004)
El auto judicial deniega a la máxima institución pitiusa el desistimiento en la causa al considerar que se trata de una cuestión de interés general - El PP dará su versión durante el próximo Pleno
JOSÉ M. DE LAMO
EIVISSA.- El Grupo Progressista del Consell Insular hizo público ayer un auto judicial de fecha 21 de febrero de 2004 por el cuál se deniega el «desistimiento» solicitado por la máxima institución pitiusa respecto al procedimiento seguido contra el Ayuntamiento de Santa Eulària con respecto a la urbanización de ses Torres.
La portavoz de los progresistas, Pilar Costa, acusó al equipo de Gobierno del Partido Popular de intentar ocultar esta resolución judicial y acusó a los populares de empeñarse «en llevar adelante una política urbanística que los tribunales le están continuamente tumbando».
Según reza el auto judicial, no es admisible que el reconocimiento realizado en su día por el Ayuntamiento de Santa Eulària, en el que acepta la nulidad del Plan de Delimitación del Suelo Urbano municipal, «no se traduzca en las actuaciones correspondientes», como la anulación de las licencias otorgadas para esta urbanización. En este mismo sentido, considera «inadmisible» que el Consell, «una vez reconocido por el Ayuntamiento esos defectos abandone y desista de la acción ejercitada que pretende destruir esa licencia».
Interés general
El auto continúa asegurando que desistir de esta acusación «es evidente que causa un perjuicio al interés general», a lo que añade que si estos reconocimientos de nulidad «no van acompañados de los actos necesarios por una u otra parte para adecuar la realidad a la legalidad urbanística infringida, contribuyen un brindis al sol».
La resolución señala a su vez que, independientemente de los intereses de los terceros adquirientes «de buena fe», que considera atendibles y totalmente respetables, «la obligación de toda administración es perseguir la absoluta adecuación de la realidad a la legalidad urbanística». En este punto matiza que, aunque en un futuro la situación de estos terceros adquirientes pueda ser objeto de legalización, «es una hipótesis y, como tal, ahora no es contemplable, porque esta jurisdicción lo que hace es revisar los actos dictados según se adecúen o no a derecho, y el interés general en materia urbanística está por encima de los intereses de esos terceros adquirientes».
Finalmente, el auto judicial justifica el no acceder al desistimiento al entender que «al abandonar la parte actora el ejercicio de la impugnación contra el acuerdo del Ayuntamiento de Santa Eulària» que concedió la licencia de segregación y parcelación de la urbanización de ses Torres «se causa perjuicio al interés general».
Este periódico se puso ayer en contacto con el conseller de Urbanismo, José Torres, para que expusiera su versión sobre esta cuestión, a lo que señaló que el equipo de Gobierno contestará en el próximo Pleno «ya que el Pacte ha presentado una pregunta en estos términos y, por respeto, el presidente ha decidido que se contestará allí».
El auto judicial deniega a la máxima institución pitiusa el desistimiento en la causa al considerar que se trata de una cuestión de interés general - El PP dará su versión durante el próximo Pleno
JOSÉ M. DE LAMO
EIVISSA.- El Grupo Progressista del Consell Insular hizo público ayer un auto judicial de fecha 21 de febrero de 2004 por el cuál se deniega el «desistimiento» solicitado por la máxima institución pitiusa respecto al procedimiento seguido contra el Ayuntamiento de Santa Eulària con respecto a la urbanización de ses Torres.
La portavoz de los progresistas, Pilar Costa, acusó al equipo de Gobierno del Partido Popular de intentar ocultar esta resolución judicial y acusó a los populares de empeñarse «en llevar adelante una política urbanística que los tribunales le están continuamente tumbando».
Según reza el auto judicial, no es admisible que el reconocimiento realizado en su día por el Ayuntamiento de Santa Eulària, en el que acepta la nulidad del Plan de Delimitación del Suelo Urbano municipal, «no se traduzca en las actuaciones correspondientes», como la anulación de las licencias otorgadas para esta urbanización. En este mismo sentido, considera «inadmisible» que el Consell, «una vez reconocido por el Ayuntamiento esos defectos abandone y desista de la acción ejercitada que pretende destruir esa licencia».
Interés general
El auto continúa asegurando que desistir de esta acusación «es evidente que causa un perjuicio al interés general», a lo que añade que si estos reconocimientos de nulidad «no van acompañados de los actos necesarios por una u otra parte para adecuar la realidad a la legalidad urbanística infringida, contribuyen un brindis al sol».
La resolución señala a su vez que, independientemente de los intereses de los terceros adquirientes «de buena fe», que considera atendibles y totalmente respetables, «la obligación de toda administración es perseguir la absoluta adecuación de la realidad a la legalidad urbanística». En este punto matiza que, aunque en un futuro la situación de estos terceros adquirientes pueda ser objeto de legalización, «es una hipótesis y, como tal, ahora no es contemplable, porque esta jurisdicción lo que hace es revisar los actos dictados según se adecúen o no a derecho, y el interés general en materia urbanística está por encima de los intereses de esos terceros adquirientes».
Finalmente, el auto judicial justifica el no acceder al desistimiento al entender que «al abandonar la parte actora el ejercicio de la impugnación contra el acuerdo del Ayuntamiento de Santa Eulària» que concedió la licencia de segregación y parcelación de la urbanización de ses Torres «se causa perjuicio al interés general».
Este periódico se puso ayer en contacto con el conseller de Urbanismo, José Torres, para que expusiera su versión sobre esta cuestión, a lo que señaló que el equipo de Gobierno contestará en el próximo Pleno «ya que el Pacte ha presentado una pregunta en estos términos y, por respeto, el presidente ha decidido que se contestará allí».
El GEN denuncia unas obras en Sant Josep
(El Mundo, 13/07/2003)
Los ecologistas piden a la Comisión Insular de Urbanismo que investigue la construcción de dos edificaciones de tres alturas en suelo rústico forestal de la parroquia de Sant Agustí
EIVISSA.- El Grup d'Estudis de sa Naturalesa (GEN) presentó una denuncia ante la Comisión Insular de Urbanismo por dos la construcción de dos grandes estructuras de tres plantas de altura en una zona calificada como suelo rústico forestal de la parroquia de Sant Agustí, en Sant Josep.
Según el grupo ecologista, estas edificaciones constituyen una infracción urbanística según la ley autonómica 10/90 de disciplina urbanística y según las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Sant Josep.
Estos hechos, según el GEN, fueron puestos en conocimiento del Ayuntamiento «sin que a día de hoy se haya notificación de ninguna actuación al respecto». Ante esta situación, solicitan al Consell que se subrogue las competencias por la inactividad municipal, que se paralicen las obras, que se investiguen los hechos y que se reponga el lugar a su estado natural «en el más breve término que sea posible».
Los ecologistas piden a la Comisión Insular de Urbanismo que investigue la construcción de dos edificaciones de tres alturas en suelo rústico forestal de la parroquia de Sant Agustí
EIVISSA.- El Grup d'Estudis de sa Naturalesa (GEN) presentó una denuncia ante la Comisión Insular de Urbanismo por dos la construcción de dos grandes estructuras de tres plantas de altura en una zona calificada como suelo rústico forestal de la parroquia de Sant Agustí, en Sant Josep.
Según el grupo ecologista, estas edificaciones constituyen una infracción urbanística según la ley autonómica 10/90 de disciplina urbanística y según las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Sant Josep.
Estos hechos, según el GEN, fueron puestos en conocimiento del Ayuntamiento «sin que a día de hoy se haya notificación de ninguna actuación al respecto». Ante esta situación, solicitan al Consell que se subrogue las competencias por la inactividad municipal, que se paralicen las obras, que se investiguen los hechos y que se reponga el lugar a su estado natural «en el más breve término que sea posible».
09 de juliol 2004
EU-EV denuncia ante la Fiscalía la existencia de siete vertederos ilegales en el municipio de Palma
(El Mundo, 9/07/2004)
El grupo municipal de Esquerra Unida-Els Verds (EU-EV) en el Ayuntamiento de Palma presentó hoy ante la Fiscalía de Delitos Ecológicos una denuncia con supuestas pruebas gráficas y documentales sobre la existencia de siete vertederos ilegales en el municipio
PALMA EFE.- El grupo municipal de Esquerra Unida-Els Verds (EU-EV) en el Ayuntamiento de Palma presentó hoy ante la Fiscalía de Delitos Ecológicos una denuncia con supuestas pruebas gráficas y documentales sobre la existencia de siete vertederos ilegales en el municipio. Según la coalición, estas instalaciones están ubicadas en La Bonanova (al final del camino de Cala Major), Son Flor (final de la calle Josep Estela), Arenal (final de la calle Lisboa), Son Serra-La Vileta (camino del cementerio), L'Olivera (calle Son Ferragut), Son Rapinya (delante del colegio Madre Alberta) y Estado Balear (camí Vell de Bunyola). En al denuncia, la formación afirma que el mantenimiento de estos vertederos "sólo es explicable en el marco de una negligencia culpable del Ayuntamiento en el cumplimiento de sus funciones". Hace aproximadamente un mes, EU-EV afirmó sobre los seis primeros que en todos los casos son vertederos que "ya han sido reiteradamente denunciadas por los medios de comunicación, los partidos políticos y por los vecinos" y que, pese a ello, no se han puesto los medios necesarios para impedir que sigan funcionando. "Estamos hablando de terrenos que, en algunos casos, llevan muchos años soportando el vertido de residuos, algunos de ellos tóxicos y peligrosos, de la construcción y otros tipos de objetos: electrodomésticos, botes de pintura, ruedas de goma, muebles, maderas, tuberías de PVC, baterías, vidrios, etc", añadía. Asimismo, denunciaba como "significativo" que todos los vertidos tengan en común el fácil acceso con coche y el vertido directo". Para el grupo rojiverde, al margen de la responsabilidad que tienen los propietarios, el concejal de Medio Ambiente en Palma, Antoni Nadal, ha de "poner todos los medios suficientes para impedir que se perpetúen en el tiempo estas ilegalidades y no dé la sensación de que se esta práctica está consentida". Además de a la Fiscalía, la coalición anunció que tenía previsto llevar el tema a la Conselleria de Medio Ambiente y el Seprona y a la consideración del próximo pleno municipal.
El grupo municipal de Esquerra Unida-Els Verds (EU-EV) en el Ayuntamiento de Palma presentó hoy ante la Fiscalía de Delitos Ecológicos una denuncia con supuestas pruebas gráficas y documentales sobre la existencia de siete vertederos ilegales en el municipio
PALMA EFE.- El grupo municipal de Esquerra Unida-Els Verds (EU-EV) en el Ayuntamiento de Palma presentó hoy ante la Fiscalía de Delitos Ecológicos una denuncia con supuestas pruebas gráficas y documentales sobre la existencia de siete vertederos ilegales en el municipio. Según la coalición, estas instalaciones están ubicadas en La Bonanova (al final del camino de Cala Major), Son Flor (final de la calle Josep Estela), Arenal (final de la calle Lisboa), Son Serra-La Vileta (camino del cementerio), L'Olivera (calle Son Ferragut), Son Rapinya (delante del colegio Madre Alberta) y Estado Balear (camí Vell de Bunyola). En al denuncia, la formación afirma que el mantenimiento de estos vertederos "sólo es explicable en el marco de una negligencia culpable del Ayuntamiento en el cumplimiento de sus funciones". Hace aproximadamente un mes, EU-EV afirmó sobre los seis primeros que en todos los casos son vertederos que "ya han sido reiteradamente denunciadas por los medios de comunicación, los partidos políticos y por los vecinos" y que, pese a ello, no se han puesto los medios necesarios para impedir que sigan funcionando. "Estamos hablando de terrenos que, en algunos casos, llevan muchos años soportando el vertido de residuos, algunos de ellos tóxicos y peligrosos, de la construcción y otros tipos de objetos: electrodomésticos, botes de pintura, ruedas de goma, muebles, maderas, tuberías de PVC, baterías, vidrios, etc", añadía. Asimismo, denunciaba como "significativo" que todos los vertidos tengan en común el fácil acceso con coche y el vertido directo". Para el grupo rojiverde, al margen de la responsabilidad que tienen los propietarios, el concejal de Medio Ambiente en Palma, Antoni Nadal, ha de "poner todos los medios suficientes para impedir que se perpetúen en el tiempo estas ilegalidades y no dé la sensación de que se esta práctica está consentida". Además de a la Fiscalía, la coalición anunció que tenía previsto llevar el tema a la Conselleria de Medio Ambiente y el Seprona y a la consideración del próximo pleno municipal.
Partido Popular y UM proponen una ley para regularizar unas 1.800 viviendas vacacionales
(Diario de Mallorca, 9/07/2004)
V. EZA. PALMA.
PP y UM presentaron ayer una proposición de ley en el Parlament con el fin de regular la comercialización de estancias turísticas en viviendas residenciales de las islas, lo que, según explicó Miquel Nadal (UM) permitirá la regularización de "aproximadamente 1.800 viviendas, aunque es difícil hacer cálculos exactos".
Nadal y Gaspar Oliver, diputado del grupo popular, precisaron que esta iniciativa se podrá debatir en el Parlament tras el verano y quedará aprobada antes de que finalice el año. Nadal precisó que las anteriores normativas habían permitido regularizar entre 800 y 1.200 viviendas de las aproximadamente 2.500 a 3.000 que se calcula que existen dentro de esta modalidad turística y con la propuesta de ley presentada ayer quedarían regularizadas todas.
"Se trata de un producto positivo ya que está muy repartido en lo que se refiere a la propiedad, por lo que supone de algún modo democratizar el tema turístico", dijo Nadal. Agregó que "hay muchos particulares que están comercializando una o dos viviendas que les permiten tener unos ingresos" que, al no estar regularizadas, "son difíciles de calcular". Precisó que, estas viviendas se encuentran hasta ahora "en situación de alegalidad, que no es lo mismo que ilegalidad", al no poder ceñirse ni a lo establecido por el POOT ni a la Ley General Turística.
Las viviendas residenciales a las que se refiere la propuesta son chalés que reúnan una serie de condiciones, entre ellas disponer como máximo de 6 dormitorios que no sobrepasen las doce plazas.
V. EZA. PALMA.
PP y UM presentaron ayer una proposición de ley en el Parlament con el fin de regular la comercialización de estancias turísticas en viviendas residenciales de las islas, lo que, según explicó Miquel Nadal (UM) permitirá la regularización de "aproximadamente 1.800 viviendas, aunque es difícil hacer cálculos exactos".
Nadal y Gaspar Oliver, diputado del grupo popular, precisaron que esta iniciativa se podrá debatir en el Parlament tras el verano y quedará aprobada antes de que finalice el año. Nadal precisó que las anteriores normativas habían permitido regularizar entre 800 y 1.200 viviendas de las aproximadamente 2.500 a 3.000 que se calcula que existen dentro de esta modalidad turística y con la propuesta de ley presentada ayer quedarían regularizadas todas.
"Se trata de un producto positivo ya que está muy repartido en lo que se refiere a la propiedad, por lo que supone de algún modo democratizar el tema turístico", dijo Nadal. Agregó que "hay muchos particulares que están comercializando una o dos viviendas que les permiten tener unos ingresos" que, al no estar regularizadas, "son difíciles de calcular". Precisó que, estas viviendas se encuentran hasta ahora "en situación de alegalidad, que no es lo mismo que ilegalidad", al no poder ceñirse ni a lo establecido por el POOT ni a la Ley General Turística.
Las viviendas residenciales a las que se refiere la propuesta son chalés que reúnan una serie de condiciones, entre ellas disponer como máximo de 6 dormitorios que no sobrepasen las doce plazas.
LOS DATOS
condiciones
La propuesta permitirá regularizar la regularización de estancias turísticas en chalés que tengan como máximo seis dormitorios y doce plazas, entre otras condiciones.
modalidad
Nadal afirmó que se trata de una modalidad turística "positiva" porque supone la "democratización del tema turístico".
03 de juliol 2004
El rector de la UIB critica la pasividad municipal ante el alojamiento no reglado
(Diario de Mallorca, 3/07/2004)
TURISMO / BARCELÓ RECONOCE SU ASOCIACIÓN CON EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA "ALGUNOS PROYECTOS"
El rector critica la pasividad municipal ante el alojamiento no reglado
Miquel Llabrés cree que el fin de la moratoria no tiene por qué afectar al sector hotelero
N. TOGORES. PALMA.
El rector de la Universtitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, criticó ayer la permisividad con la que ciertos municipios de la isla afrontan la proliferación de alojamientos no reglados, cuya actividad incide directamente y de forma negativa sobre el sector hotelero.
Durante la charla de apertura de las IV jornadas de excelencia turística, que en esta ocasión tratan con especial interés el papel de los municipios en esta industria, el rector manifestó que actualmente existen "miles de plazas" no regladas en el mercado que desvían turistas de los hoteles y, en consecuencia, merman sus ingresos y beneficios. Según Blasco, el del alojamiento no reglado que, entre otras cosas, no paga impuestos, es "un vacío tradicional" en la legislación balear que "en parte coincide con las viviendas vacacionales y en parte, no".
"En cuarenta años no se ha realizado una planificación lo suficientemente cuidada y esto se ha desbordado un poco; todos los municipios han crecido y ello ha sido responsabilidad de los ayuntamientos, que no se daban cuenta de que eran una pieza más del puzle", recalcó el rector, quien insistió: "Ha habido permisividad respecto a la oferta no reglada por parte de algunos consistorios".
En opinión de Blasco, estas entidades, dijo, tienen capacidad para detectar proyectos que esconden un fin turístico y remarcó que, con vistas al futuro, se debería promover la regulación de esta oferta. "No podemos seguir con la actitud de ´dejar hacer´".
"Nos interesa construir"
Por su parte, Miquel Llabrés, presidente de Construcciones Llabrés Feliu, manifestó ayer en relación a la demanda de los hoteleros de paralizar el crecimiento, que cada sector defiende sus intereses. "A nosotros nos interesa construir porque es nuestro trabajo y si no lo hacemos, nos tendremos que ir a otros lugares", indicó el empresario, quien añadió que, a su juicio, el levantamiento de la moratoria urbanística no tiene por qué afectar a la industria hotelera.
En sentido contrario a lo indicado por Llabrés, el empresario hotelero y presidente de la Fundación Barceló, Gabriel Barceló manifestó: "Lo sorprendente de nuestra sociedad ha sido que durante los últimos diez años haya habido tanta inversión en nuevos hoteles, apartamentos y oferta residencial cuando se sabía que no era rentable". A ello agregó: "Puedo demostrar con documentos que hace más de 25 años que tenemos terrenos disponibles para proyectos hoteleros y no hemos hecho ninguno porque nos dimos cuenta de que no eran rentables".
Barceló dijo que su trayectoria comenzó con una empresa de autobuses y que hoy día incluso tiene intereses en una empresa de construcción para levantar sus propios hoteles "y algunos otros proyectos" que no especificó.
TURISMO / BARCELÓ RECONOCE SU ASOCIACIÓN CON EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA "ALGUNOS PROYECTOS"
El rector critica la pasividad municipal ante el alojamiento no reglado
Miquel Llabrés cree que el fin de la moratoria no tiene por qué afectar al sector hotelero
N. TOGORES. PALMA.
El rector de la Universtitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, criticó ayer la permisividad con la que ciertos municipios de la isla afrontan la proliferación de alojamientos no reglados, cuya actividad incide directamente y de forma negativa sobre el sector hotelero.
Durante la charla de apertura de las IV jornadas de excelencia turística, que en esta ocasión tratan con especial interés el papel de los municipios en esta industria, el rector manifestó que actualmente existen "miles de plazas" no regladas en el mercado que desvían turistas de los hoteles y, en consecuencia, merman sus ingresos y beneficios. Según Blasco, el del alojamiento no reglado que, entre otras cosas, no paga impuestos, es "un vacío tradicional" en la legislación balear que "en parte coincide con las viviendas vacacionales y en parte, no".
"En cuarenta años no se ha realizado una planificación lo suficientemente cuidada y esto se ha desbordado un poco; todos los municipios han crecido y ello ha sido responsabilidad de los ayuntamientos, que no se daban cuenta de que eran una pieza más del puzle", recalcó el rector, quien insistió: "Ha habido permisividad respecto a la oferta no reglada por parte de algunos consistorios".
En opinión de Blasco, estas entidades, dijo, tienen capacidad para detectar proyectos que esconden un fin turístico y remarcó que, con vistas al futuro, se debería promover la regulación de esta oferta. "No podemos seguir con la actitud de ´dejar hacer´".
"Nos interesa construir"
Por su parte, Miquel Llabrés, presidente de Construcciones Llabrés Feliu, manifestó ayer en relación a la demanda de los hoteleros de paralizar el crecimiento, que cada sector defiende sus intereses. "A nosotros nos interesa construir porque es nuestro trabajo y si no lo hacemos, nos tendremos que ir a otros lugares", indicó el empresario, quien añadió que, a su juicio, el levantamiento de la moratoria urbanística no tiene por qué afectar a la industria hotelera.
En sentido contrario a lo indicado por Llabrés, el empresario hotelero y presidente de la Fundación Barceló, Gabriel Barceló manifestó: "Lo sorprendente de nuestra sociedad ha sido que durante los últimos diez años haya habido tanta inversión en nuevos hoteles, apartamentos y oferta residencial cuando se sabía que no era rentable". A ello agregó: "Puedo demostrar con documentos que hace más de 25 años que tenemos terrenos disponibles para proyectos hoteleros y no hemos hecho ninguno porque nos dimos cuenta de que no eran rentables".
Barceló dijo que su trayectoria comenzó con una empresa de autobuses y que hoy día incluso tiene intereses en una empresa de construcción para levantar sus propios hoteles "y algunos otros proyectos" que no especificó.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)