(El Mundo, 28/07/2004)
El juzgado de Manacor ha admitido la querella interpuesta por los vecinos contra la sociedad de transportes por presunto delito ecológico La respaldan GOB, PSOE, PSM, EU/EV y PP-AIPC
RAFAEL GABALDÓN
MANACOR.- Los juzgados de Manacor han admitido a trámite una querella criminal por delito ecológico contra la empresa Autocares Manacor S.A. (Aumasa). Se le acusa de verter más de 300 camionadas de escombros sin seleccionar en una finca rústica de 29.000 metros cuadrados, situada en la carretera vieja de Sant Llorenç, a la salida de Manacor.
Fueron los vecinos y payeses, a los que más tarde se sumaron grupos ecologistas como el GOB y varios partidos políticos como EU/EV, PSOE, PSM e incluso el actual gobierno de PP-AIPC, quienes denunciaron los hechos para que de esta forma se pusiera fin al vertedero incontrolado en que se estaba convirtiendo la zona.
Los denunciantes han acudido al juzgado para que la empresa de transportes depure responsabilidades y se restablezca el medio ambiente perturbado. Asimismo, el colectivo querellante dará traspaso de las diligencias al Ayuntamiento de Manacor, al Consell de Mallorca y al Govern por si quieren personarse en la casa.
Como se recordará las hermanas Pilar y Antonia Riera, propietarias de Aumasa, compraron esta finca para instalar en ella las naves, garajes, surtidor, emplazamiento de autocares, locales de guardia y custodia de autobuses, etc. Cuando la compraron lo hicieron por recomendación, según ellas, del entonces alcalde de Manacor Gabriel Bosch y su delegado de Urbanismo, Rafael Sureda. Pretendían dejar el barrio de Sa Torre (donde reconocen estar causando molestias desde hace 15 años) y trasladarse al nuevo solar.
Sin embargo, el Consell de Mallorca echó sus planes por tierra al denegar el interés general. Entonces la finca, que dejó de tener utilidad, empezó a usarse para relleno de escombros, la mayoría supuestamente sin clasificar, además de todo tipo de basuras, cuando en aquella época la normativa prohibía el vertido de desechos bajo ningún concepto. De ahí el enfado de numerosos vecinos que decidieron aunar esfuerzos y constituir una plataforma.
Según los expertos consultados por los denunciantes, si cada camión era capaz de cargar un mínimo de una tonelada y media, los vertidos rondan los 450.000 kilos de basura.
En manos del fiscal
Los demandantes tan sólo piden que se restablezca el medio, eso sí al precio que sea, y que se deja la zona tal y como estaba en sus orígenes. En la demanda dejan al margen cualquier tipo de denuncia por daños y perjuicios, y las sanciones para las propietarias, aunque todo ello queda en manos del ministerio fiscal de oficio.
Según los vecinos, estos terrenos son ahora «un estercolero», una zona «degradada» y auténtico «vertedero de escombros en el que se incluyen todo tipo de basuras». A todo ello se le suma el hecho de que los vecinos de Sa Torre siguen soportando, después de 15 años de su primera denuncia, la presencia de más de 65 autocares, sin olvidar que el surtidor de la empresa está a pocos metros del ambulatorio general de la ciudad.
Ahora será el fiscal el que decida la pena que se le deberá imputar y el juez el que determine la gravedad de la situación, denunciada por los vecinos del terreno, grupos ecologistas y los diversos partidos políticos citados.