(Diario de Mallorca 18/02/2004)
Critica que su tolerancia, especialmente de los ayuntamientos, dificulta la acción de la fiscalía
EUROPA PRESS. PALMA.
El fiscal de medio ambiente de Balears, Adrián Salazar, criticó ayer la complicidad e impunidad de las administraciones, sobre todo de los ayuntamientos, al no imponer la disciplina urbanística y mantener una actitud de tolerancia respecto a algunas promotoras, consintiendo infracciones administrativas graves medioambientales en sus territorios, que dificultan la posterior actuación de la fiscalía en las Islas.
Salazar recriminó a las administraciones que no haya recibido prácticamente ninguna denuncia suya por infracciones graves medioambientales, cuando "únicamente basta darse una vuelta por la zona rural mallorquina para ver que no hay disciplina urbanística". Así, recordó que la fiscalía necesita una previa sanción de ayuntamientos y Govern para poder actuar desde el punto de vista penal.
Según el fiscal Salazar, falta "voluntad política" para poder resolver este problema, que es más alarmante en varios municipios de Eivissa y en Llucmajor, aunque se trata de un fenómeno generalizado en todo el litoral. Las únicas denuncias que recibe el fiscal -según explica- son de organizaciones ecologistas y de los propios vecinos afectados por las actuaciones cercanas a sus domicilios.
En este sentido, estimó que la actual conselleria de Medio Ambiente tiene menor conciencia que la anterior en el cumplimiento de la ley para defender el medio ambiente, ya que no tienen, a juicio de Salazar, entre sus prioridades la vía de la persecución penal.
Así, según el fiscal, desde la entrada del nuevo Govern, la actuación de los agentes medioambientales se ha reducido de forma "considerable, a pesar de que está claro que no se han eliminado este tipo de delitos en Balears". "Si pusieran los mismos recursos que se aplican en temas de tráfico para perseguir infracciones medioambientales o urbanísticas, sobre residuos o vertederos ilegales, la actuación de la fiscalía sería más efectiva".
11 de febrer 2004
El Consell demanda al alcalde de Petra por permitir una obra ilegal
(El Mundo, 11 de febrero de 2004)
La promotora tramitó la construcción del chalé en Son Canals como la reforma de una vivienda que en realidad no existía
M. A. RUIZ
PETRA.- El Consell de Mallorca ha interpuesto un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Petra por autorizar la construcción ilegal de una vivienda de 134 metros cuadrados en suelo rústico. La obra ha sido promovida por la empresa de capital alemán Produccions Son Canals, representada por Axel Verthein, que según fuentes consultadas por este diario utiliza el inmueble para realizar sesiones fotográficas con modelos.
El alcalde petrer, Joan Font Massot, aprobó el 20 de febrero de 2001 la licencia para reformar «una vivienda unifamiliar aislada» en la finca Son Canals. El permiso quedó condicionado a que el promotor no incrementara el volumen del inmueble. Diez meses después, firmó el certificado de final de obra a pesar de que, según los servicios técnicos del Consell, no se ajustaba al proyecto presentado, incumple la parcela mínima exigida para construir en rústico y ni siquiera existía previamente una vivienda que reformar: tan sólo un establo de 48 metros cuadrados «en estado semirruinoso», que la promotora demolió completamente para construir el chalé en un emplazamiento distinto.
El Consell ha decidido ahora llevar al Ayuntamiento ante los tribunales después de que el equipo de gobierno presidido por el alcalde nacionalista Joan Font desoyera todos los requerimientos para que anule la licencia.
La trampa se destapó cuando Produccions Son Canals, una vez concluidos los trabajos, se dirigió al Consell para solicitar la cédula de habitabilidad, un documento imprescindible para que la vivienda pueda conectarse a las redes de suministro de agua y electricidad. Tras visitar la finca, los servicios de inspección del Consell redactaron un informe demoledor en el que echan por tierra todo el expediente. «La preexistencia de la vivienda que dio lugar a la presentación del proyecto de reforma», indican, «es incluso dudosa».
De las fotos que la promotora había aportado en el proyecto se deduce que no había tal, añade el informe, sino «una caseta de aperos o un almacén» sin ventanas de 48 metros cuadrados de superficie, en estado de desuso y sumamente deteriorado. Por lo tanto, indica el informe al que ha tenido acceso este diario, no se trata de una reforma sino de la construcción de una vivienda de nueva planta, que supone un cambio de uso no autorizado en suelo rústico.
Los técnicos del servicio de Disciplina Urbanística llegan a la conclusión además, de que la intención del promotor era desde un principio echar abajo la caseta y construir una vivienda nueva, pese a que habían tramitado el proyecto como si se tratase de una simple reforma. La propia memoria elaborada por el arquitecto reservaba una partida económica para la demolición del inmueble, alegando que dado su estado ruinoso, lo más probable es que los muros se viniesen abajo debido a las vibraciones de las máquinas durante la ejecución de la obra.
Echaron abajo la caseta
Pese a que la licencia estipulaba expresamente que el promotor no podía hacer ninguna ampliación, el proyecto que aprobó el propio Ayuntamiento supone un aumento del volumen, de la superficie construida y de la altura. Un detalle que los servicios técnicos del área de Urbanismo parecieron pasar por alto. Además, la empresa aprovechó para excavar un sótano de más de dos metros de altura y construir un patio, que ni siquiera estaban contemplados en el proyecto.
No acaban aquí las irregularidades: de acuerdo con la Ley de Suelo Rústico, recuerda el Consell en un dictamen firmado el pasado 25 de abril, la parcela mínima exigida para construir una vivienda unifamiliar de nueva planta es de 14.000 metros cuadrados. Una condición que tampoco cumple el chalé de Son Canals, pues se alza en una parcela 8.524 metros cuadrados.
A la luz de estos datos, la Comisión Insular de Urbanismo acordó el 9 de mayo de 2003 instar al alcalde Joan Font a que anule la licencia. No hubo ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento, por lo que la presidenta Maria Antònia Munar ordenó el pasado 20 de noviembre a los servicios jurídicos del Consell que emprendan acciones legales contra el Consistorio.
Polémica de ida y vuelta: lo que denunció el PSM hace 10 años se repite ahora en su contra
La polémica se vuelve contra el equipo de gobierno de Petra. Hace diez años, la Candidatura Independent (hoy PSM) emprendió una campaña contra el entonces alcalde de la Agrupació d'Agricultors Martí Santandreu por la construcción de una vivienda unifamiliar en el mismo paraje de Son Canals. Pese a las denuncias de los nacionalistas, entonces en la oposición, el Consell resolvió que las obras eran legales. Con el PSM ahora en la Alcaldía, la polémica se repite a la inversa: el Ayuntamiento no sólo ha autorizado la construcción del chalé, camuflado como reforma de una vivienda inexistente, sino que además se niega a acatar las instrucciones del Consell para anular la licencia. La empresa Producciones Son Canals, promotora de la obra, compró la finca de 8.524 metros cuadrados a Antonio Riera Rosselló y Antonio Riera Soler por 39.665 euros.
La promotora tramitó la construcción del chalé en Son Canals como la reforma de una vivienda que en realidad no existía
M. A. RUIZ
PETRA.- El Consell de Mallorca ha interpuesto un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Petra por autorizar la construcción ilegal de una vivienda de 134 metros cuadrados en suelo rústico. La obra ha sido promovida por la empresa de capital alemán Produccions Son Canals, representada por Axel Verthein, que según fuentes consultadas por este diario utiliza el inmueble para realizar sesiones fotográficas con modelos.
El alcalde petrer, Joan Font Massot, aprobó el 20 de febrero de 2001 la licencia para reformar «una vivienda unifamiliar aislada» en la finca Son Canals. El permiso quedó condicionado a que el promotor no incrementara el volumen del inmueble. Diez meses después, firmó el certificado de final de obra a pesar de que, según los servicios técnicos del Consell, no se ajustaba al proyecto presentado, incumple la parcela mínima exigida para construir en rústico y ni siquiera existía previamente una vivienda que reformar: tan sólo un establo de 48 metros cuadrados «en estado semirruinoso», que la promotora demolió completamente para construir el chalé en un emplazamiento distinto.
El Consell ha decidido ahora llevar al Ayuntamiento ante los tribunales después de que el equipo de gobierno presidido por el alcalde nacionalista Joan Font desoyera todos los requerimientos para que anule la licencia.
La trampa se destapó cuando Produccions Son Canals, una vez concluidos los trabajos, se dirigió al Consell para solicitar la cédula de habitabilidad, un documento imprescindible para que la vivienda pueda conectarse a las redes de suministro de agua y electricidad. Tras visitar la finca, los servicios de inspección del Consell redactaron un informe demoledor en el que echan por tierra todo el expediente. «La preexistencia de la vivienda que dio lugar a la presentación del proyecto de reforma», indican, «es incluso dudosa».
De las fotos que la promotora había aportado en el proyecto se deduce que no había tal, añade el informe, sino «una caseta de aperos o un almacén» sin ventanas de 48 metros cuadrados de superficie, en estado de desuso y sumamente deteriorado. Por lo tanto, indica el informe al que ha tenido acceso este diario, no se trata de una reforma sino de la construcción de una vivienda de nueva planta, que supone un cambio de uso no autorizado en suelo rústico.
Los técnicos del servicio de Disciplina Urbanística llegan a la conclusión además, de que la intención del promotor era desde un principio echar abajo la caseta y construir una vivienda nueva, pese a que habían tramitado el proyecto como si se tratase de una simple reforma. La propia memoria elaborada por el arquitecto reservaba una partida económica para la demolición del inmueble, alegando que dado su estado ruinoso, lo más probable es que los muros se viniesen abajo debido a las vibraciones de las máquinas durante la ejecución de la obra.
Echaron abajo la caseta
Pese a que la licencia estipulaba expresamente que el promotor no podía hacer ninguna ampliación, el proyecto que aprobó el propio Ayuntamiento supone un aumento del volumen, de la superficie construida y de la altura. Un detalle que los servicios técnicos del área de Urbanismo parecieron pasar por alto. Además, la empresa aprovechó para excavar un sótano de más de dos metros de altura y construir un patio, que ni siquiera estaban contemplados en el proyecto.
No acaban aquí las irregularidades: de acuerdo con la Ley de Suelo Rústico, recuerda el Consell en un dictamen firmado el pasado 25 de abril, la parcela mínima exigida para construir una vivienda unifamiliar de nueva planta es de 14.000 metros cuadrados. Una condición que tampoco cumple el chalé de Son Canals, pues se alza en una parcela 8.524 metros cuadrados.
A la luz de estos datos, la Comisión Insular de Urbanismo acordó el 9 de mayo de 2003 instar al alcalde Joan Font a que anule la licencia. No hubo ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento, por lo que la presidenta Maria Antònia Munar ordenó el pasado 20 de noviembre a los servicios jurídicos del Consell que emprendan acciones legales contra el Consistorio.
Polémica de ida y vuelta: lo que denunció el PSM hace 10 años se repite ahora en su contra
La polémica se vuelve contra el equipo de gobierno de Petra. Hace diez años, la Candidatura Independent (hoy PSM) emprendió una campaña contra el entonces alcalde de la Agrupació d'Agricultors Martí Santandreu por la construcción de una vivienda unifamiliar en el mismo paraje de Son Canals. Pese a las denuncias de los nacionalistas, entonces en la oposición, el Consell resolvió que las obras eran legales. Con el PSM ahora en la Alcaldía, la polémica se repite a la inversa: el Ayuntamiento no sólo ha autorizado la construcción del chalé, camuflado como reforma de una vivienda inexistente, sino que además se niega a acatar las instrucciones del Consell para anular la licencia. La empresa Producciones Son Canals, promotora de la obra, compró la finca de 8.524 metros cuadrados a Antonio Riera Rosselló y Antonio Riera Soler por 39.665 euros.
Cort redactará una ordenanza para regular las antenas de telefonía móvil existentes en el municipio
(El Mundo, 11 de febrero de 2004)
El teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos, anunció hoy que la Corporación local desarrollará, mediante una ordenanza municipal, la Ley de Telecomunicaciones con el propósito de regular las antenas de telefonía móvil existentes en el municipio
PALMA
EFE.- El teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos, anunció hoy que la Corporación local desarrollará, mediante una ordenanza municipal, la Ley de Telecomunicaciones con el propósito de regular las antenas de telefonía móvil existentes en el municipio.
En la conferencia informativa posterior a la Comisión de Gobierno y la Gerencia de Urbanismo, comunicó que el Ayuntamiento procederá "de inmediato" a la demolición de una antena de telefonía móvil ilegal instalada en el barrio de Son Español que, según explicó, ha suscitado numerosas quejas vecinales.
De Santos informó también de que su departamento tiene prevista la creación de un Consejo Asesor de Urbanismo para favorecer la participación de las entidades ciudadanas, los colegios profesionales y los partidos políticos en decisiones que afectan a este ámbito.
Comentó que el Consistorio demolerá un inmueble de titularidad municipal, situado en el número 28 de la calle Soler, que está en estado ruinoso, porque supone un peligro para los transeúntes.
A este respecto, concretó que su departamento revisará el Plan General de Palma para definir los futuros usos de este espacio con los vecinos de la zona.
Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado a los propietarios del antiguo Gimnasio Londres, ubicado en la calle Joan Miró, que subsanen las deficiencias que presenta el edificio para impedir que puedan ocasionar daños a los viandantes, dijo.
Agregó que el Consistorio también ha trasladado a los propietarios de un inmueble de la calle Josep Socias i Gradolí la necesidad de que reparen algunos daños para evitar desgracias.
Durante la Comisión de Gobierno se aprobó además la firma de un convenio con la Fundación Proyecto Hombre para la organización de un taller ocupacional juvenil titulado "Alcohol, una droga diferente a las otras", que está dotado con 10.000 euros.
De Santos explicó que durante la presente jornada se reunirá con representantes vecinales y responsables de colegios profesionales y de los partidos políticos de la oposición para estudiar el inventario de zonas verdes elaborado por el Ayuntamiento.
El Consistorio pretende actualizar los equipamientos públicos previstos en el Plan General con la idea de aumentar el número de zonas verdes existentes en la ciudad, continuó.
El responsable municipal precisó que se cerrarán las canteras de Establiments, que serán rehabilitadas de acuerdo con lo previsto por la Comisión Balear de Medio Ambiente, que aprobó la supresión del muro que las separa y la construcción de bancales.
Explicó que la recuperación de las canteras supone la participación del Govern balear y del Consell de Mallorca, además de la intervención de los propietarios de estas explotaciones.
El teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos, anunció hoy que la Corporación local desarrollará, mediante una ordenanza municipal, la Ley de Telecomunicaciones con el propósito de regular las antenas de telefonía móvil existentes en el municipio
PALMA
EFE.- El teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos, anunció hoy que la Corporación local desarrollará, mediante una ordenanza municipal, la Ley de Telecomunicaciones con el propósito de regular las antenas de telefonía móvil existentes en el municipio.
En la conferencia informativa posterior a la Comisión de Gobierno y la Gerencia de Urbanismo, comunicó que el Ayuntamiento procederá "de inmediato" a la demolición de una antena de telefonía móvil ilegal instalada en el barrio de Son Español que, según explicó, ha suscitado numerosas quejas vecinales.
De Santos informó también de que su departamento tiene prevista la creación de un Consejo Asesor de Urbanismo para favorecer la participación de las entidades ciudadanas, los colegios profesionales y los partidos políticos en decisiones que afectan a este ámbito.
Comentó que el Consistorio demolerá un inmueble de titularidad municipal, situado en el número 28 de la calle Soler, que está en estado ruinoso, porque supone un peligro para los transeúntes.
A este respecto, concretó que su departamento revisará el Plan General de Palma para definir los futuros usos de este espacio con los vecinos de la zona.
Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado a los propietarios del antiguo Gimnasio Londres, ubicado en la calle Joan Miró, que subsanen las deficiencias que presenta el edificio para impedir que puedan ocasionar daños a los viandantes, dijo.
Agregó que el Consistorio también ha trasladado a los propietarios de un inmueble de la calle Josep Socias i Gradolí la necesidad de que reparen algunos daños para evitar desgracias.
Durante la Comisión de Gobierno se aprobó además la firma de un convenio con la Fundación Proyecto Hombre para la organización de un taller ocupacional juvenil titulado "Alcohol, una droga diferente a las otras", que está dotado con 10.000 euros.
De Santos explicó que durante la presente jornada se reunirá con representantes vecinales y responsables de colegios profesionales y de los partidos políticos de la oposición para estudiar el inventario de zonas verdes elaborado por el Ayuntamiento.
El Consistorio pretende actualizar los equipamientos públicos previstos en el Plan General con la idea de aumentar el número de zonas verdes existentes en la ciudad, continuó.
El responsable municipal precisó que se cerrarán las canteras de Establiments, que serán rehabilitadas de acuerdo con lo previsto por la Comisión Balear de Medio Ambiente, que aprobó la supresión del muro que las separa y la construcción de bancales.
Explicó que la recuperación de las canteras supone la participación del Govern balear y del Consell de Mallorca, además de la intervención de los propietarios de estas explotaciones.
06 de febrer 2004
El Ajuntament de Manacor abre unos 130 expedientes de infracción urbanística en siete meses
(Última Hora, 6/02/2004)
El departamento de Urbanismo ha tramitado 430 licencias de obra en rústico y urbano
CATERINA VENY
La disciplina urbanística, sobre todo en el casco urbano ya consolidado, se impone en el Ajuntament de Manacor. Desde el pasado mes de junio, fecha en que tras de las elecciones municipales el PP entró a gobernar el Consistorio manacorí, se ha reactivado el control sobre las licencias de obras en todo el municipio. Desde que el actual alcalde Antoni Pastor se encuentra al frente del departamento de Urbanisme, los servicios técnicos han abierto más de 130 expedientes de infracción urbanística, que afectan tanto a suelo rústico como urbano, siendo el primer grupo, las infracciones más detectadas.
Estos 132 expedientes de infracción urbanística que han pasado por comisión de Gobierno en el Ajuntament de Manacor, se enmarcan dentro de un contexto donde el departamento de Urbanismo ha tramitado y se han concedido un total de 430 licencias de obra para construir viviendas tanto en suelo rústico como en suelo urbano. No obstante, según fuentes municipales, la mayoría de los 132 expedientes de infracción urbanística no revisten un carácter «grave» y en ninguno de los casos se ha tenido que abrir un expediente de demolición para suprimir el exceso de volumen.
Una de las más destacadas licencias de obra que ha concedido el Ajuntament de Manacor es el permiso para construir una residencia geriátrica en Porto Cristo de iniciativa totalmente privada y cuyo proyecto se estructura a partir de un conjunto de apartamentos. Las grandes urbanizaciones que se han consolidado más recientemente en la costa manacorina, como es el caso de las macrourbanizaciones de Cala Anguila y de la zona costera de Cala Magrana, ya contaban con la licencia de obra concedida durante la pasada legislatura.
El departamento de Urbanismo ha tramitado 430 licencias de obra en rústico y urbano
CATERINA VENY
La disciplina urbanística, sobre todo en el casco urbano ya consolidado, se impone en el Ajuntament de Manacor. Desde el pasado mes de junio, fecha en que tras de las elecciones municipales el PP entró a gobernar el Consistorio manacorí, se ha reactivado el control sobre las licencias de obras en todo el municipio. Desde que el actual alcalde Antoni Pastor se encuentra al frente del departamento de Urbanisme, los servicios técnicos han abierto más de 130 expedientes de infracción urbanística, que afectan tanto a suelo rústico como urbano, siendo el primer grupo, las infracciones más detectadas.
Estos 132 expedientes de infracción urbanística que han pasado por comisión de Gobierno en el Ajuntament de Manacor, se enmarcan dentro de un contexto donde el departamento de Urbanismo ha tramitado y se han concedido un total de 430 licencias de obra para construir viviendas tanto en suelo rústico como en suelo urbano. No obstante, según fuentes municipales, la mayoría de los 132 expedientes de infracción urbanística no revisten un carácter «grave» y en ninguno de los casos se ha tenido que abrir un expediente de demolición para suprimir el exceso de volumen.
Una de las más destacadas licencias de obra que ha concedido el Ajuntament de Manacor es el permiso para construir una residencia geriátrica en Porto Cristo de iniciativa totalmente privada y cuyo proyecto se estructura a partir de un conjunto de apartamentos. Las grandes urbanizaciones que se han consolidado más recientemente en la costa manacorina, como es el caso de las macrourbanizaciones de Cala Anguila y de la zona costera de Cala Magrana, ya contaban con la licencia de obra concedida durante la pasada legislatura.
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