(Diario de Mallorca, 30/03/2004)
El decano responde al Consell que el colegio sólo puede analizar el contenido formal de los expedientes
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
El decano del Colegio de Arquitectos de Balears, Luis Corral, aseguró ayer, ante la petición del Consell Insular de que la entidad extreme la vigilancia para frenar las ampliaciaciones y reformas ilegales en suelo rústico, que el colegio "ha ofrecido siempre y ofrecerá toda la colaboración precisa para defender la legalidad y la disciplina, pero en la medida de nuestras posibilidades y competencias". Corral advirtió así al Consell de Mallorca de que la responsabilidad de la disciplina urbanística es de los ayuntamientos y, en su defecto, del propio Consell.
El objetivo del Consell al instar la colaboración del colegio -a petición de los propios técnicos insulares de disciplina urbanística- es intentar evitar que con licencias de reforma o ampliación se edifiquen en suelo rústico nuevas viviendas a partir de ruinas o de construcciones de uso agrícola. Según los técnicos de disciplina, el colegio debe extremar la vigilancia al analizar los planos sobre el estado real de la edificación que se pretende ampliar o reformar.
En esta línea, Luis Corral señaló ayer que en los trámites que se realizan ante el Colegio, éste sólo puede analizar el contenido formal del proyecto a visar y asegura que el órgano competente para confirmar que la licencia que se solicita se ajusta a la realidad es el ayuntamiento, cuyos técnicos -explica el decano- son los que deben comprobar el estado del inmueble, siendo, además, el ayuntamiento el que conoce la "historia" del mismo. Y añade que es el ayuntamiento el que concede o no esa licencia y, por tanto, el responsable de que se cumpla o no la legalidad urbanística.
Responsabilidad
Corral hace hincapié en que el colegio ofrece toda la colaboración que sea precisa a la institución insular, pero reitera que no pueda hacerse recaer sobre ellos la responsabilidad de la disciplina urbanística.
Así, el decano de los arquitectos señala que el colegio viene denunciando desde hace tiempo que el tema de la disciplina urbanística es uno de los principales problemas que debe abordarse con urgencia.
Reconoce el decano la dificultad de algunos municipios, especialmente los pequeños -tanto por falta de medios como por proximidad con los vecinos- de perseguir las ilegalidades urbanísticas y, en este aspecto, recordó la obligación legal del Consell de asumir esas competencias urbanísticas si el ayuntamiento no lo hace.
La problemática de las edificaciones en suelo rústico a partir de fraudulentas ampliaciones ha sido denunciada por los técnicos insulares y el Consell admite la dificultad de perseguir esas prácticas que formalmente están revestidas de legalidad. En algunos casos se ha iniciado de oficio la revisión del expediente.
Un organismo supramunicipal de control, la solución
El decano de los arquitectos apunta que la solución más aconsejable, ante la dificultad de los ayuntamientos para perseguir las ilegalidades urbanísticas, sería la creación de un órgano supramunicipal en el que los municipios pequeños, y aquellos que quisieran sumarse, pudieran delegar el ejercicio de la competencia urbanística, de manera que pudieran perseguirse fraudes como el denunciado por los técnicos de urbanismo del Consell. La articulación de ese organismo podría hacerse a partir de la anunciada figura del Defensor del Territorio, de momento no concretada.
30 de març 2004
29 de març 2004
El Consell insta a los arquitectos a implicarse ante las ilegalidades en rústico
(Diario de Mallorca, 29/03/2004)
El objetivo es impedir más viviendas disfrazadas de reforma de ruinas o construcciones agrícolas
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
La Comisión Insular de Urbanismo ha acordado, en su última reunión, que el conseller de Territorio, Bartomeu Vicens, remita un escrito al Colegio Oficial de Arquitectos de Balears por el que se insta a la institución a que extreme la vigilancia para que los proyectos de ampliación y reforma de viviendas en suelo rústico reflejen exactamente el estado real del inmueble sobre el que se pretende actuar.
El objetivo de esta petición de máxima colaboración al Colegio de Arquitectos es el de atajar la construcción de viviendas en suelo rústico enmascaradas en ampliaciones de inmuebles en ruinas o a partir de construcciones de uso agrícola que nunca han sido viviendas. El director insular de Urbanismo, Miquel Àngel Grimalt, ha asegurado que este tipo de ilegalidades se han detectado en suelo rústico, pero su persecución es muy difícil.
Problemática extendida
Según ha explicado el director insular de Urbanismo, la problemática ha sido planteada por los propios técnicos del servicio de disciplina urbanística de la institución insular y la pasada semana se llevó el debate al seno de la comisión insular de Urbanismo, que fue la que tomó la decisión de pedir formalmente la colaboración del Colegio de Arquitectos para, así, intentar controlar en la medida de lo posible que, con licencias de ampliación o reforma, se construyan viviendas de forma fraudulenta.
La petición del Consell al Colegio se concreta en que a la hora de visar los proyectos (trámite imprescindible), los arquitectos actúen con la máxima prudencia y diligencia, especialmente a la hora de examinar los planos que reflejan el estado actual del inmueble sobre el que se va a actuar.
Desde el servicio de disciplina urbanística del Consell se llegó a insinuar que se han dado algunos casos que podrían ser perseguidos jurídicamente por falsedad documental, aunque, de momento, la institución insular no ha tomado ningún tipo de medidas en este sentido.
En la reunión de la ponencia técnica de Urbanismo ?previa a la comisión insular de Urbanismo celebrada el pasado jueves? estaba presente un representante de los arquitectos, que fue quien recomendó que la petición de colaboración fuese cursada formalmente por la institución insular al Colegio y avanzó la disposición de los profesionales a colaborar en la línea propuesta por los técnicos de disciplina urbanística.
El responsable de Urbanismo admitió que, aun tratándose de una problemática existente, es muy difícil detectar que efectivamente se está produciendo una ampliación o reforma fraudulenta si los documentos en que se asienta no reflejan la situación de que se parte.
Añadió que en los casos en que se han tenido sospechas de ilegalidad se han instado de oficio la revisión del expediente.
El objetivo es impedir más viviendas disfrazadas de reforma de ruinas o construcciones agrícolas
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
La Comisión Insular de Urbanismo ha acordado, en su última reunión, que el conseller de Territorio, Bartomeu Vicens, remita un escrito al Colegio Oficial de Arquitectos de Balears por el que se insta a la institución a que extreme la vigilancia para que los proyectos de ampliación y reforma de viviendas en suelo rústico reflejen exactamente el estado real del inmueble sobre el que se pretende actuar.
El objetivo de esta petición de máxima colaboración al Colegio de Arquitectos es el de atajar la construcción de viviendas en suelo rústico enmascaradas en ampliaciones de inmuebles en ruinas o a partir de construcciones de uso agrícola que nunca han sido viviendas. El director insular de Urbanismo, Miquel Àngel Grimalt, ha asegurado que este tipo de ilegalidades se han detectado en suelo rústico, pero su persecución es muy difícil.
Problemática extendida
Según ha explicado el director insular de Urbanismo, la problemática ha sido planteada por los propios técnicos del servicio de disciplina urbanística de la institución insular y la pasada semana se llevó el debate al seno de la comisión insular de Urbanismo, que fue la que tomó la decisión de pedir formalmente la colaboración del Colegio de Arquitectos para, así, intentar controlar en la medida de lo posible que, con licencias de ampliación o reforma, se construyan viviendas de forma fraudulenta.
La petición del Consell al Colegio se concreta en que a la hora de visar los proyectos (trámite imprescindible), los arquitectos actúen con la máxima prudencia y diligencia, especialmente a la hora de examinar los planos que reflejan el estado actual del inmueble sobre el que se va a actuar.
Desde el servicio de disciplina urbanística del Consell se llegó a insinuar que se han dado algunos casos que podrían ser perseguidos jurídicamente por falsedad documental, aunque, de momento, la institución insular no ha tomado ningún tipo de medidas en este sentido.
En la reunión de la ponencia técnica de Urbanismo ?previa a la comisión insular de Urbanismo celebrada el pasado jueves? estaba presente un representante de los arquitectos, que fue quien recomendó que la petición de colaboración fuese cursada formalmente por la institución insular al Colegio y avanzó la disposición de los profesionales a colaborar en la línea propuesta por los técnicos de disciplina urbanística.
El responsable de Urbanismo admitió que, aun tratándose de una problemática existente, es muy difícil detectar que efectivamente se está produciendo una ampliación o reforma fraudulenta si los documentos en que se asienta no reflejan la situación de que se parte.
Añadió que en los casos en que se han tenido sospechas de ilegalidad se han instado de oficio la revisión del expediente.
27 de març 2004
El Ayuntamiento de Capdepera tiene paralizados 280 expedientes urbanísticos
(Diario de Mallorca, 27/03/2004)
El marido de la edil del PP, Maria del Pilar García, legaliza su casa reagrupando fincas
MIQUEL ADROVER. CAPDEPERA.
El ayuntamiento de Capdepera celebró el pasado jueves por la noche dos sesiones plenarias para debatir temas urbanísticos. El primero se convocó a petición de la edil de Esquerra Unida, Maria Orts, para conocer la situación de los expedientes de infracción urbanística. El alcalde, Joan Ferrer (PP), y el edil de Urbanismo, Antoni Muntaner (Es Grup), revelaron que en las dependencias de Urbanismo existen 280 expedientes de infracción urbanística paralizados. Alguno de ellos fue abierto en 1992, pero la mayoría son de entre los años 2001 y 2003.
El equipo de gobierno de Capdepera, PP-Es Grup, que está en minoría, pidió un consenso de todas las fuerzas políticas del municipio para sacar adelante estos expedientes urbanísticos. La edil de Esquerra Unida exigió explicaciones del equipo de gobierno por la paralización de los expedientes y el responsable de Urbanismo, Antoni Muntaner, y el alcalde, Joan Ferrer, recordaron que fueron abiertos durante la pasada legislatura y por ello exigen un consenso de todos los partidos.
Por otra parte, el segundo pleno trató sobre la vivienda del marido de la edil del PP, Maria del Pilar García. La oposición había pedido que se dieran explicaciones al respecto y el alcalde contestó que en el Ayuntamiento no hay ningún expediente contra la edil, ya que la obra es de su marido. Asimismo, comentó que se está legalizando mediante una reagrupación de fincas que le permitirá obtener la parcela mínima, ya que está en suelo rústico. De todas formas, el Consell de Mallorca tendrá la última palabra sobre el tema.
La edil de UM-Ucap Joana Aina Flaquer explicó que los grupos de la oposición pidieron explicaciones, ya que consideran que los concejales son los primeros que deben dar ejemplo.
El marido de la edil del PP, Maria del Pilar García, legaliza su casa reagrupando fincas
MIQUEL ADROVER. CAPDEPERA.
El ayuntamiento de Capdepera celebró el pasado jueves por la noche dos sesiones plenarias para debatir temas urbanísticos. El primero se convocó a petición de la edil de Esquerra Unida, Maria Orts, para conocer la situación de los expedientes de infracción urbanística. El alcalde, Joan Ferrer (PP), y el edil de Urbanismo, Antoni Muntaner (Es Grup), revelaron que en las dependencias de Urbanismo existen 280 expedientes de infracción urbanística paralizados. Alguno de ellos fue abierto en 1992, pero la mayoría son de entre los años 2001 y 2003.
El equipo de gobierno de Capdepera, PP-Es Grup, que está en minoría, pidió un consenso de todas las fuerzas políticas del municipio para sacar adelante estos expedientes urbanísticos. La edil de Esquerra Unida exigió explicaciones del equipo de gobierno por la paralización de los expedientes y el responsable de Urbanismo, Antoni Muntaner, y el alcalde, Joan Ferrer, recordaron que fueron abiertos durante la pasada legislatura y por ello exigen un consenso de todos los partidos.
Por otra parte, el segundo pleno trató sobre la vivienda del marido de la edil del PP, Maria del Pilar García. La oposición había pedido que se dieran explicaciones al respecto y el alcalde contestó que en el Ayuntamiento no hay ningún expediente contra la edil, ya que la obra es de su marido. Asimismo, comentó que se está legalizando mediante una reagrupación de fincas que le permitirá obtener la parcela mínima, ya que está en suelo rústico. De todas formas, el Consell de Mallorca tendrá la última palabra sobre el tema.
La edil de UM-Ucap Joana Aina Flaquer explicó que los grupos de la oposición pidieron explicaciones, ya que consideran que los concejales son los primeros que deben dar ejemplo.
21 de març 2004
Aevab se querellará contra Cirer si antes del día 30 no cierran las empresas ilegales
(Diario de Mallorca, 21/03/2004)
La patronal de vehículos de alquiler dice que desde octubre sólo se han clausurado cinco
SILVIA VELERT. PALMA.
La Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor de Balears (Aevab) decidió ayer en su XXVII Asamblea General presentar una querella contra la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, y el teniente de alcalde de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos, si antes del próximo 30 de marzo Cort no cierra las siete u ocho empresas que ocupan suelo rústico de manera ilegal.
El presidente de esta asociación, Ramón Reus, aseguró que desde octubre del año pasado sólo se han cerrado cuatro o cinco y siete u ocho permanecen en activo e incluso algunas se han trasladado a terrenos de Son Fondo, cercanos al aeropuerto de Son Sant Joan.
Incumplimiento
En esta reunión participaron 150 socios de los 280 que forman parte de esta agrupación y tomaron la decisión por unanimidad. En Palma se calcula que operan unas noventa entidades que se dedican al alquiler de vehículos con y sin conductor.
"El actual equipo de gobierno se comprometió en un pleno municipal a cerrar todas las empresas ilegales que se establecen en suelo rústico y han incumplido su compromiso por lo que tenemos la sensación de que no nos toman en serio", afirmó el representante de Aevab.
"Llevamos un año y medio sin que se cumpla lo acordado con el Ayuntamiento", añadió. Además Reus indicó que han aparecido dos nuevas superficies ilegales en dos fincas que están situadas en el camino de Son Fangos, en los alrededores del aeropuerto.
Este incumplimiento ha provocado que desde el pasado octubre hayan tenido que cerrar sus puertas veinte de las 280 empresas que actualmente operan de manera legal en Balears, según indicó Ramón Reus. El motivo principal de este cierre es que no pueden soportar la competencia desleal de aquellas empresas que actúan de manera ilegal.
"Si se cumpliera la legalidad vigente, Cort debería obligar a todas las empresas que operan en el sector a establecerse en suelo urbano y disponer de licencia de actividad", explicó Reus. Este problema se arrastra desde hace más de diez años. La patronal mayoritaria de este sector (Aevab) acordó el pasado octubre que, el primer paso para llegar a un acuerdo sobre su ubicación en unos terrenos cercanos al aeropuerto, era el cierre inmediato de las quince empresas ilegales.
La última reunión entre Aevab -que representa al 90 por ciento de estas empresas y que cuentan con una flota de 25.000 vehículos y disponen de 3.000 empleados-, Transcar, que aglutina a ocho entidades que aparcan sus flotas en suelo rústico, y el ayuntamiento de Palma fue el pasado 20 de octubre para determinar la ubicación del polígono de servicios que sería utilizado por todas las compañías. Desde entonces, el actual equipo de gobierno debería haber clausurado la actividad de todas las empresas ilegales.
La mayoría de estas flotas de vehículos de alquiler están aparcadas en el suelo rústico de las parcelas de Son Fangos y el Camí de Can Capó, en las proximidades del aeropuerto.
Cirer y de Santos declinan hacer ningún tipo de declaración
La alcaldesa de Palma, Catalina Cirer y el concejal de Urbanismo, Rodrigo de Santos, declinaron hacer ningún tipo de declaración sobre la decisión de la patronal mayoritaria del sector de los coches de alquiler en Balears de interponer una querella por su actuación. "Cuando llegue el momento ya realizarán las declaraciones oportunas", indicaron fuentes municipales, aunque tampoco quisieron precisar la fecha exacta de esa respuesta. De esta manera, el máximo responsable de Urbanismo ha evitado dar información sobre las medidas que su equipo de gobierno ha adoptado para clausurar las empresas ilegales en suelo rústico.
La patronal de vehículos de alquiler dice que desde octubre sólo se han clausurado cinco
SILVIA VELERT. PALMA.
La Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor de Balears (Aevab) decidió ayer en su XXVII Asamblea General presentar una querella contra la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, y el teniente de alcalde de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos, si antes del próximo 30 de marzo Cort no cierra las siete u ocho empresas que ocupan suelo rústico de manera ilegal.
El presidente de esta asociación, Ramón Reus, aseguró que desde octubre del año pasado sólo se han cerrado cuatro o cinco y siete u ocho permanecen en activo e incluso algunas se han trasladado a terrenos de Son Fondo, cercanos al aeropuerto de Son Sant Joan.
Incumplimiento
En esta reunión participaron 150 socios de los 280 que forman parte de esta agrupación y tomaron la decisión por unanimidad. En Palma se calcula que operan unas noventa entidades que se dedican al alquiler de vehículos con y sin conductor.
"El actual equipo de gobierno se comprometió en un pleno municipal a cerrar todas las empresas ilegales que se establecen en suelo rústico y han incumplido su compromiso por lo que tenemos la sensación de que no nos toman en serio", afirmó el representante de Aevab.
"Llevamos un año y medio sin que se cumpla lo acordado con el Ayuntamiento", añadió. Además Reus indicó que han aparecido dos nuevas superficies ilegales en dos fincas que están situadas en el camino de Son Fangos, en los alrededores del aeropuerto.
Este incumplimiento ha provocado que desde el pasado octubre hayan tenido que cerrar sus puertas veinte de las 280 empresas que actualmente operan de manera legal en Balears, según indicó Ramón Reus. El motivo principal de este cierre es que no pueden soportar la competencia desleal de aquellas empresas que actúan de manera ilegal.
"Si se cumpliera la legalidad vigente, Cort debería obligar a todas las empresas que operan en el sector a establecerse en suelo urbano y disponer de licencia de actividad", explicó Reus. Este problema se arrastra desde hace más de diez años. La patronal mayoritaria de este sector (Aevab) acordó el pasado octubre que, el primer paso para llegar a un acuerdo sobre su ubicación en unos terrenos cercanos al aeropuerto, era el cierre inmediato de las quince empresas ilegales.
La última reunión entre Aevab -que representa al 90 por ciento de estas empresas y que cuentan con una flota de 25.000 vehículos y disponen de 3.000 empleados-, Transcar, que aglutina a ocho entidades que aparcan sus flotas en suelo rústico, y el ayuntamiento de Palma fue el pasado 20 de octubre para determinar la ubicación del polígono de servicios que sería utilizado por todas las compañías. Desde entonces, el actual equipo de gobierno debería haber clausurado la actividad de todas las empresas ilegales.
La mayoría de estas flotas de vehículos de alquiler están aparcadas en el suelo rústico de las parcelas de Son Fangos y el Camí de Can Capó, en las proximidades del aeropuerto.
Cirer y de Santos declinan hacer ningún tipo de declaración
La alcaldesa de Palma, Catalina Cirer y el concejal de Urbanismo, Rodrigo de Santos, declinaron hacer ningún tipo de declaración sobre la decisión de la patronal mayoritaria del sector de los coches de alquiler en Balears de interponer una querella por su actuación. "Cuando llegue el momento ya realizarán las declaraciones oportunas", indicaron fuentes municipales, aunque tampoco quisieron precisar la fecha exacta de esa respuesta. De esta manera, el máximo responsable de Urbanismo ha evitado dar información sobre las medidas que su equipo de gobierno ha adoptado para clausurar las empresas ilegales en suelo rústico.
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