(Diario de Mallorca, 21/03/2004)
La patronal de vehículos de alquiler dice que desde octubre sólo se han clausurado cinco
SILVIA VELERT. PALMA.
La Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor de Balears (Aevab) decidió ayer en su XXVII Asamblea General presentar una querella contra la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, y el teniente de alcalde de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos, si antes del próximo 30 de marzo Cort no cierra las siete u ocho empresas que ocupan suelo rústico de manera ilegal.
El presidente de esta asociación, Ramón Reus, aseguró que desde octubre del año pasado sólo se han cerrado cuatro o cinco y siete u ocho permanecen en activo e incluso algunas se han trasladado a terrenos de Son Fondo, cercanos al aeropuerto de Son Sant Joan.
Incumplimiento
En esta reunión participaron 150 socios de los 280 que forman parte de esta agrupación y tomaron la decisión por unanimidad. En Palma se calcula que operan unas noventa entidades que se dedican al alquiler de vehículos con y sin conductor.
"El actual equipo de gobierno se comprometió en un pleno municipal a cerrar todas las empresas ilegales que se establecen en suelo rústico y han incumplido su compromiso por lo que tenemos la sensación de que no nos toman en serio", afirmó el representante de Aevab.
"Llevamos un año y medio sin que se cumpla lo acordado con el Ayuntamiento", añadió. Además Reus indicó que han aparecido dos nuevas superficies ilegales en dos fincas que están situadas en el camino de Son Fangos, en los alrededores del aeropuerto.
Este incumplimiento ha provocado que desde el pasado octubre hayan tenido que cerrar sus puertas veinte de las 280 empresas que actualmente operan de manera legal en Balears, según indicó Ramón Reus. El motivo principal de este cierre es que no pueden soportar la competencia desleal de aquellas empresas que actúan de manera ilegal.
"Si se cumpliera la legalidad vigente, Cort debería obligar a todas las empresas que operan en el sector a establecerse en suelo urbano y disponer de licencia de actividad", explicó Reus. Este problema se arrastra desde hace más de diez años. La patronal mayoritaria de este sector (Aevab) acordó el pasado octubre que, el primer paso para llegar a un acuerdo sobre su ubicación en unos terrenos cercanos al aeropuerto, era el cierre inmediato de las quince empresas ilegales.
La última reunión entre Aevab -que representa al 90 por ciento de estas empresas y que cuentan con una flota de 25.000 vehículos y disponen de 3.000 empleados-, Transcar, que aglutina a ocho entidades que aparcan sus flotas en suelo rústico, y el ayuntamiento de Palma fue el pasado 20 de octubre para determinar la ubicación del polígono de servicios que sería utilizado por todas las compañías. Desde entonces, el actual equipo de gobierno debería haber clausurado la actividad de todas las empresas ilegales.
La mayoría de estas flotas de vehículos de alquiler están aparcadas en el suelo rústico de las parcelas de Son Fangos y el Camí de Can Capó, en las proximidades del aeropuerto.
Cirer y de Santos declinan hacer ningún tipo de declaración
La alcaldesa de Palma, Catalina Cirer y el concejal de Urbanismo, Rodrigo de Santos, declinaron hacer ningún tipo de declaración sobre la decisión de la patronal mayoritaria del sector de los coches de alquiler en Balears de interponer una querella por su actuación. "Cuando llegue el momento ya realizarán las declaraciones oportunas", indicaron fuentes municipales, aunque tampoco quisieron precisar la fecha exacta de esa respuesta. De esta manera, el máximo responsable de Urbanismo ha evitado dar información sobre las medidas que su equipo de gobierno ha adoptado para clausurar las empresas ilegales en suelo rústico.