(Diario de Mallorca, 30/03/2004)
El decano responde al Consell que el colegio sólo puede analizar el contenido formal de los expedientes
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
El decano del Colegio de Arquitectos de Balears, Luis Corral, aseguró ayer, ante la petición del Consell Insular de que la entidad extreme la vigilancia para frenar las ampliaciaciones y reformas ilegales en suelo rústico, que el colegio "ha ofrecido siempre y ofrecerá toda la colaboración precisa para defender la legalidad y la disciplina, pero en la medida de nuestras posibilidades y competencias". Corral advirtió así al Consell de Mallorca de que la responsabilidad de la disciplina urbanística es de los ayuntamientos y, en su defecto, del propio Consell.
El objetivo del Consell al instar la colaboración del colegio -a petición de los propios técnicos insulares de disciplina urbanística- es intentar evitar que con licencias de reforma o ampliación se edifiquen en suelo rústico nuevas viviendas a partir de ruinas o de construcciones de uso agrícola. Según los técnicos de disciplina, el colegio debe extremar la vigilancia al analizar los planos sobre el estado real de la edificación que se pretende ampliar o reformar.
En esta línea, Luis Corral señaló ayer que en los trámites que se realizan ante el Colegio, éste sólo puede analizar el contenido formal del proyecto a visar y asegura que el órgano competente para confirmar que la licencia que se solicita se ajusta a la realidad es el ayuntamiento, cuyos técnicos -explica el decano- son los que deben comprobar el estado del inmueble, siendo, además, el ayuntamiento el que conoce la "historia" del mismo. Y añade que es el ayuntamiento el que concede o no esa licencia y, por tanto, el responsable de que se cumpla o no la legalidad urbanística.
Responsabilidad
Corral hace hincapié en que el colegio ofrece toda la colaboración que sea precisa a la institución insular, pero reitera que no pueda hacerse recaer sobre ellos la responsabilidad de la disciplina urbanística.
Así, el decano de los arquitectos señala que el colegio viene denunciando desde hace tiempo que el tema de la disciplina urbanística es uno de los principales problemas que debe abordarse con urgencia.
Reconoce el decano la dificultad de algunos municipios, especialmente los pequeños -tanto por falta de medios como por proximidad con los vecinos- de perseguir las ilegalidades urbanísticas y, en este aspecto, recordó la obligación legal del Consell de asumir esas competencias urbanísticas si el ayuntamiento no lo hace.
La problemática de las edificaciones en suelo rústico a partir de fraudulentas ampliaciones ha sido denunciada por los técnicos insulares y el Consell admite la dificultad de perseguir esas prácticas que formalmente están revestidas de legalidad. En algunos casos se ha iniciado de oficio la revisión del expediente.
Un organismo supramunicipal de control, la solución
El decano de los arquitectos apunta que la solución más aconsejable, ante la dificultad de los ayuntamientos para perseguir las ilegalidades urbanísticas, sería la creación de un órgano supramunicipal en el que los municipios pequeños, y aquellos que quisieran sumarse, pudieran delegar el ejercicio de la competencia urbanística, de manera que pudieran perseguirse fraudes como el denunciado por los técnicos de urbanismo del Consell. La articulación de ese organismo podría hacerse a partir de la anunciada figura del Defensor del Territorio, de momento no concretada.