(Diario de Mallorca, 21/09/2003)
INFRACCIONES URBANÍSTICAS / LAS ADMINISTRACIONES ESTUDIAN FÓRMULAS PARA COMBATIR LA INDISCIPLINA
El Consell y los arquitectos denuncian la pasividad de los ayuntamientos a la hora de combatir las irregularidades
F. GUIJARRO. PALMA.
El suelo rústico mallorquín soporta cada año la construcción de al menos unas 200 viviendas ilegales, según las estimaciones de los responsables del Consell de Mallorca. Su titular de Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens, destaca que el caso más común es el de solicitar al ayuntamiento el permiso para la edificación de una caseta de aperos o almacén agrícola y en su lugar levantar una vivienda, ante la pasividad de la mayor parte de los municipios, una afirmación que también comparte el portavoz y ex presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears, Antoni Ramis.
Tanto Bartomeu Vicens como Antoni Ramis coinciden en que gran parte del problema de la edificación ilegal en suelo rústico hay que buscarlo en el escasísimo rigor con que los ayuntamientos conceden licencia para construir instalaciones agrícolas, sin comprobar si en lugar de éstas se levanta una edificación residencial, como sucede en muchos casos. Además, desde el Consell se acusa también a la propia conselleria de Agricultura de esa misma falta de rigor a la hora de elaborar sus informes para calificar una firma de explotación agraria.
Vicens señaló que estos casos son la prueba más evidente de la necesidad de poner en marcha un organismo que esté por encima de la autoridad municipal para que vigile el cumplimiento de la normativa urbanística, en este caso el anunciado Defensor del Territorio, cuya constitución ya está pactada con el Partido Popular.
El portavoz de los arquitectos destaca que el problema se agrava de forma absurda debido a que muchos propietarios de fincas rústicas deciden poner en marcha, sin ningún tipo de licencia y ante la pasibilidad de los responsables municipales, obras que podrían ser perfectamente legalizables, pese a lo cual se opta por evitar pasar por los trámites pertinentes.
Antoni Ramis admitió que el control del urbanismo en el suelo rústico resulta muy complejo, y sugirió al Consell la firma de un convenio con Citibsa -dependiente del Govern- para la realización de fotografías aéreas que ayuden a detectar la ejecución de nuevas obras.
La presión que el suelo rústico mallorquín soporta con el urbanismo ilegal se suma a la que se registra con la construcción de inmuebles legales, con una media anual de medio millar de viviendas autorizadas por el Consell, una cifra que está considerada como demasiado alta aunque presenta una tendencia a la baja.
Bartomeu Vicens destaca que parte del problema se debe a la avalancha de solicitudes recibidas cada vez que se ha anunciado la aplicación de medidas restrictivas, en 1996 y 1999.
Si entre 1991 y 1995 la cifra media de solicitudes se movía entre las 400 y las 500 anuales, en 1996 se acercó a las 900, al plantearse elevar la superficie mínima de los 7.000 a 14.000 metros cuadrados, en un momento en que el gobierno de Mallorca ya había dejado de estar en manos del PP. Las peticiones se dispararon hasta casi 1.300 en 1999, coincidiendo con la victoria del Pacto de Progreso y el anuncio de nuevas medidas restrictivas.
Esta última avalancha de peticiones es la que todavía está provocando el que exista un número alto de autorizaciones, ya que el objetivo que inicialmente se marcó el Consell era rebajar esta cifra hasta situarla en torno a las 300.
LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS
reportaje
La ubicuidad del rebaño urbanizador
Los responsables del Consell admiten que algunas prácticas han convertido la normativa en un "colador"
F. GUIJARRO. PALMA.
El respeto por la disciplina urbanística dista años luz de ser una práctica generalizada en Mallorca. Los propietarios de las fincas rústicas, en muchos casos ante la indiferencia de las autoridades municipales o incluso con su pasiva colaboración, hacen uso de distintas estratagemas para para poder levantar una vivienda allí donde no está autorizado, convirtiendo en muchos casos la normativa urbanística en un "colador", tal y como reconoce el conseller insular de Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens. Sobre este punto, se recuerda que desde su partido, UM, siempre se ha defendido que la prioridad no es aprobar nuevas leyes aún más restrictivas, sino simplemente hacer que se cumplan las ya existentes. Con los años, los técnicos y los inspectores han ido detectando una serie de prácticas habituales con las que los infractores consiguen marcar la mayoría de los "goles" a las diferentes Administraciones del archipiélago.
u Las ovejas ubicuas. El responsable de la ordenación territorial en el Consell destaca de forma especial un caso detectado por los inspectores encargados de comprobar si las autorizaciones concedidas correspondían realmente a una explotación agraria. Al realizar sus visitas a diferentes fincas situadas en municipios distintos comenzaron a detectar notables similitudes entre los rebaños de ovejas que se encontraban en cada una de ellas. Los parecidos entre los animales de unas y otras eran tan notables que despertaron las sospechas de los técnicos, hasta que comprobaron que alguien estaba 'alquilando' el mismo rebaño y llevándolo de un punto a otro de la isla para permitir que los propietarios de las fincas pudieran alegar que en su terreno se estaba desarrollando una actividad ganadera que en realidad era totalmente inexistente. Esta misma 'trampa' fue descubierta como práctica común para solicitar subvenciones agrarias.
u El rentable viejo tractor. Otro truco común para alegar una actividad agraria en una finca y solicitar el permiso para que se autorice una nueva construcción -que en muchos casos se terminará transformando en una vivienda en lugar del almacén que se tramita- es la de adquirir maquinaria agrícola -en muchos casos un tractor- barata y en pésimo estado de conservación, pero cuya única finalidad es la de que sea vista por los técnicos que deben dar el visto bueno. La falta de rigor a la hora de controlar que realmente se está desarrollando un trabajo vinculado con el sector primario es una de las denuncias que desde el Consell de Mallorca se realiza contra la conselleria de Agricultura.
u Ampliar lo que no existe. Bartomeu Vicens pone de relieve que uno de los "goles" más habituales a la disciplina urbanística, gracias a falta de controles de los ayuntamientos, es la de tramitar la ampliación de una vivienda teóricamente ya existente pero que en realidad dista mucho de ser tal. El responsable político indicó que en este tipo de casos los consistorios no remiten el expediente al Consell a no ser que éste lo reclame. En las ocasiones en que este organismo ha decidido realizar alguna comprobación y lo ha pedido, se ha encontrado como práctica común con que la vivienda que se pretende ampliar no consiste más que en cuatro paredes en ruina, por lo que en realidad se trata de la construcción de un inmueble de nueva planta.
u Cambio ruina por chalet. Un caso señalado por los profesionales del sector es el de un ayuntamiento que autorizó la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo rústico alegando que ésta sólo sustituía a otra que se encontraba en otro punto de la finca y que iba a ser demolida por los propietarios. Posteriormente se comprobó que la vivienda antigua no era más que una pequeña edificación en estado totalmente ruinoso, mientras que su sustituto era un chalet de grandes dimensiones.
u Almacén con dormitorio y cocina. Por encima de cualquier otra, la práctica más habitual para burlar la disciplina urbanística es la de solicitar al ayuntamiento el permiso para construir un almacén agrícola para en realidad edificar un inmueble con dormitorios, cocina y baño, sin que desde el consistorio se lleve a cabo el menor control para verificar el cumplimiento de la legalidad. Incluso resulta una práctica común, según se apunta desde el Consell, que la vivienda que se edifica sin la autorización pertinente sea objeto de posteriores ampliaciones.
21 de setembre 2003
Cort ha detectado la existencia de 524 piscinas ilegales en el término de Palma
(Última Hora 21/09/2003)
Un cinco por cien del total de instalaciones están construidas en los altos de un edificio
JOSEP MARIA AGUILÓ
El teniente de alcalde de Hisenda i Funció Pública de Cort y presidente del Institut Municipal d'Informàtica (IMI), Pedro Álvarez, dio a conocer ayer que tras un estudio fotográfico aéreo hecho por su departamento, el Consistorio ha detectado en el término municipal de Palma un total de 524 piscinas ilegales, es decir, que no han pagado el preceptivo Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Además, del citado número de piscinas, 450 carecen también de la pertinente licencia de obras. La detección de las piscinas no declaradas ha sido posible a partir de la comparación entre los recibos y las licencias archivados en el registro municipal correspondiente en 1998 y las imágenes fotográficas que fueron tomadas en 2000. En los próximos meses se llevará a cabo una nueva evaluación aérea para comprobar si se han producido cambios en el número de infractores.
Álvarez indicó que aproximadamente un 5 por cien del total de piscinas ilegales están construidas en los altos de un edificio, con el consiguiente peligro que ello puede suponer para la estructura de todo el bloque. Cabe recordar que, de oficio, el Consistorio no puede eliminar o quitar una piscina. «Es necesaria la denuncia previa de un vecino para que entonces entre en acción el área de Urbanisme», destacó. Además, dichas piscinas están construidas en suelo urbano y no en suelo rústico.
Para regularizar su situación, los afectados deberán pagar una sanción por la infracción urbanística cometida y pagar el IBI. «Una piscina es un bien catastral, al igual que pueda serlo una vivienda o un garaje», recordó Álvarez. Por barriadas, las más afectadas por esta situación irregular son La Bonanova, con 52 piscinas, y Son Rapinya, con 50. A partir del mes de octubre podría iniciarse una revisión en suelo rústico, utilizando la cartografía actualizada recientemente con los vuelos del pasado año, para localizar posibles edificaciones realizadas sin licencia, y especialmente las de mayor entidad, que podrían obligar, en caso de no presentar la correspondiente declaración, a la apertura de procedimientos de inspección para su alta.
Un cinco por cien del total de instalaciones están construidas en los altos de un edificio
JOSEP MARIA AGUILÓ
El teniente de alcalde de Hisenda i Funció Pública de Cort y presidente del Institut Municipal d'Informàtica (IMI), Pedro Álvarez, dio a conocer ayer que tras un estudio fotográfico aéreo hecho por su departamento, el Consistorio ha detectado en el término municipal de Palma un total de 524 piscinas ilegales, es decir, que no han pagado el preceptivo Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Además, del citado número de piscinas, 450 carecen también de la pertinente licencia de obras. La detección de las piscinas no declaradas ha sido posible a partir de la comparación entre los recibos y las licencias archivados en el registro municipal correspondiente en 1998 y las imágenes fotográficas que fueron tomadas en 2000. En los próximos meses se llevará a cabo una nueva evaluación aérea para comprobar si se han producido cambios en el número de infractores.
Álvarez indicó que aproximadamente un 5 por cien del total de piscinas ilegales están construidas en los altos de un edificio, con el consiguiente peligro que ello puede suponer para la estructura de todo el bloque. Cabe recordar que, de oficio, el Consistorio no puede eliminar o quitar una piscina. «Es necesaria la denuncia previa de un vecino para que entonces entre en acción el área de Urbanisme», destacó. Además, dichas piscinas están construidas en suelo urbano y no en suelo rústico.
Para regularizar su situación, los afectados deberán pagar una sanción por la infracción urbanística cometida y pagar el IBI. «Una piscina es un bien catastral, al igual que pueda serlo una vivienda o un garaje», recordó Álvarez. Por barriadas, las más afectadas por esta situación irregular son La Bonanova, con 52 piscinas, y Son Rapinya, con 50. A partir del mes de octubre podría iniciarse una revisión en suelo rústico, utilizando la cartografía actualizada recientemente con los vuelos del pasado año, para localizar posibles edificaciones realizadas sin licencia, y especialmente las de mayor entidad, que podrían obligar, en caso de no presentar la correspondiente declaración, a la apertura de procedimientos de inspección para su alta.
Un estudio del Govern reduce a unas 40 las edificaciones afectadas en Llucmajor por las nuevas vías
(Diario de Mallorca, 21/09/2003)
El trabajo fue elaborado el jueves por el Ejecutivo y contabiliza todo tipo de inmuebles
MIQUEL ADROVER. PALMA.
La conselleria de Obras Públicas del Govern encargó el pasado jueves 18 de septiembre un estudio para conocer con exactitud las edificaciones afectadas por la variante de Llucmajor y la prolongación de la autopista de s´Arenal. El estudio habla de unas 40 edificaciones afectadas, entre las que se encuentran algunas viviendas, casetas de aperos, pequeñas casas de campo y edificaciones varias.
Este trabajo de campo tiene el objeto de contrarrestar las cifras ofrecidas por los vecinos afectados y por los grupos de la oposición de Llucmajor, que hablaban el pasado martes en el pleno del Ayuntamiento de un centenar de inmuebles afectados. El miércoles, desde la Conselleria, se contabilizaron entre 18 y 20 edificaciones.
Sin embargo, el nuevo estudio ofrece un listado de 37 edificaciones que desaparecerán por completo o en parte, algunas de ellas en la misma parcela, y tres pozos en el proyecto de variante de Llucmajor, que tiene el objetivo de sacar el tráfico fuera del casco urbano. En el caso de la prolongación de la autopista de s´Arenal hasta esta localidad, el estudio contabiliza cinco edificaciones.
El trabajo de campo acompaña una relación de fotografías y en ellas se puede observar que la mayoría de edificios no tienen un gran valor inmobiliario, ya que son pequeñas casetas rurales antiguas o en todo caso casitas de aperos o construcciones realizadas con bajo presupuesto. Sobre este aspecto, la consellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, reconoció la existencia de algunas viviendas grandes, pero el resto son casetas de poco valor e incluso algunas están en ruinas. Sobre estas últimas aseguró: "Creo que le haremos un favor al campo mallorquín".
Por otra parte, el estudio refleja la totalidad de inmuebles existentes en los dos trazados, incluso las presuntas casetas ilegales. En este sentido, tanto la consellera Caber como el director general de Carreteras, Carlos Jover, apuntaron que la reserva de los terrenos para la variante y para la autopista está realizada desde antes del Plan de Carreteras y, por consiguiente, estas parcelas ya estaban afectadas y en ellas no se podía construir.
Expropiaciones justas
Cabrer indicó que desde la Conselleria trabajarán al máximo para que las expropiaciones de terrenos se paguen de forma justa y lo más rápido posible para así perjudicar lo más mínimo a los propietarios afectados por los dos trazados.
Por otra parte, Carlos Jover aseguró que en ningún momento estos proyectos vulneran el Plan de Carreteras modificado por el Pacte de Progrés, ya que "esta modificación sólo prohibía la autopista de Llucmajor a Manacor y no se realizará". Jover apuntó también que la variante proyectada en la pasada legislatura "sólo preveía un carril por sentido, cuando la vía actual ya cuenta con cuatro carriles y está del todo saturada".
El trabajo fue elaborado el jueves por el Ejecutivo y contabiliza todo tipo de inmuebles
MIQUEL ADROVER. PALMA.
La conselleria de Obras Públicas del Govern encargó el pasado jueves 18 de septiembre un estudio para conocer con exactitud las edificaciones afectadas por la variante de Llucmajor y la prolongación de la autopista de s´Arenal. El estudio habla de unas 40 edificaciones afectadas, entre las que se encuentran algunas viviendas, casetas de aperos, pequeñas casas de campo y edificaciones varias.
Este trabajo de campo tiene el objeto de contrarrestar las cifras ofrecidas por los vecinos afectados y por los grupos de la oposición de Llucmajor, que hablaban el pasado martes en el pleno del Ayuntamiento de un centenar de inmuebles afectados. El miércoles, desde la Conselleria, se contabilizaron entre 18 y 20 edificaciones.
Sin embargo, el nuevo estudio ofrece un listado de 37 edificaciones que desaparecerán por completo o en parte, algunas de ellas en la misma parcela, y tres pozos en el proyecto de variante de Llucmajor, que tiene el objetivo de sacar el tráfico fuera del casco urbano. En el caso de la prolongación de la autopista de s´Arenal hasta esta localidad, el estudio contabiliza cinco edificaciones.
El trabajo de campo acompaña una relación de fotografías y en ellas se puede observar que la mayoría de edificios no tienen un gran valor inmobiliario, ya que son pequeñas casetas rurales antiguas o en todo caso casitas de aperos o construcciones realizadas con bajo presupuesto. Sobre este aspecto, la consellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, reconoció la existencia de algunas viviendas grandes, pero el resto son casetas de poco valor e incluso algunas están en ruinas. Sobre estas últimas aseguró: "Creo que le haremos un favor al campo mallorquín".
Por otra parte, el estudio refleja la totalidad de inmuebles existentes en los dos trazados, incluso las presuntas casetas ilegales. En este sentido, tanto la consellera Caber como el director general de Carreteras, Carlos Jover, apuntaron que la reserva de los terrenos para la variante y para la autopista está realizada desde antes del Plan de Carreteras y, por consiguiente, estas parcelas ya estaban afectadas y en ellas no se podía construir.
Expropiaciones justas
Cabrer indicó que desde la Conselleria trabajarán al máximo para que las expropiaciones de terrenos se paguen de forma justa y lo más rápido posible para así perjudicar lo más mínimo a los propietarios afectados por los dos trazados.
Por otra parte, Carlos Jover aseguró que en ningún momento estos proyectos vulneran el Plan de Carreteras modificado por el Pacte de Progrés, ya que "esta modificación sólo prohibía la autopista de Llucmajor a Manacor y no se realizará". Jover apuntó también que la variante proyectada en la pasada legislatura "sólo preveía un carril por sentido, cuando la vía actual ya cuenta con cuatro carriles y está del todo saturada".
18 de setembre 2003
El Ayuntamiento de Palma anuncia "mano dura" contra los infractores urbanísticos
(Diario de Mallorca, 18/09/2003)
una asignatura pendiente que la administración municipal pretende superar en esta legislatura
La Gerencia aprobó ayer la ejecución de diez demoliciones de obras realizadas sin licencia que no pueden legalizarse
JOSEP CAPÓ. PALMA.
Las infracciones urbanísticas impunes tienen los días contados en Palma. Esta es, al menos, la intención manifestada ayer por el teniente de alcalde de Urbanismo y coordinador municipal, Javier Rodrigo de Santos, que quiere que la ciudad sea, en materia del cumplimiento de la disciplina urbanística, "espejo en el que se puedan mirar los demás municipios de Mallorca y Balears".
Y para que las palabras no se las lleve el viento, anunció que, en el consejo de gerencia de Urbanismo celebrado ayer, se había dado cuenta de cuarenta y cinco decretos de alcaldía relacionados con sendos expedientes de disciplina urbanística. Diez de ellos incluyen órdenes de demolición de las obras realizadas ilegalmente. Entre éstas, la más relevante es la que afecta a la demolición del edificio inacabado construido hace más de treinta años en la carretera que une Génova con na Burguesa.
En este caso, el Ayuntamiento utilizará el mecanismo de demolición subsidiaria; es decir, encargará a una empresa el derribo de las obras ilegales y, posteriormente, remitirá la factura del importe de los gastos ocasionados a los propietarios infractores.
Según De Santos, su departamento utilizará este sistema de ejecución subsidiaria cuando el propietario no ejecute las obras de demolición ordenadas por el Ayuntamiento.
El teniente de alcalde hizo hincapié en que, "como es lógico", la administración municipal "cumplirá todos los plazos administrativos y judiciales establecidos en la legislación vigente".
La mayoría de las demás demoliciones ordenadas ayer se refieren a obras realizadas sin licencia municipal y que han supuesto incrementos del volumen o de la altura máxima autorizada. Según De Santos, en la mayoría de los casos se trata de obras efectuadas sin permiso en áticos y sobreáticos.
Otros 20 expedientes de los 45 aprobados ayer se refieren a la imposición de multas con importes que oscilan entre 492 y 130.000 euros. En estos casos, los expedientes también probablemente concluirán con órdenes de demolición de las obras realizadas sin permiso, si éstas no pueden ser legalizadas.
Sanciones económicas
El resto de decretos vistos ayer -otros 35- incluyen sanciones monetarias, aunque la tramitación del expediente de infracción aún no ha concluido. La suma de las sanciones económicas correspondientes a los 45 expedientes es de 354.513 euros (54 millones de pesetas, aproximadamente).
El responsable de Urbanismo reconoció que su departamento está ahora en condiciones de realizar un seguimiento de las obras que se realizan en el término municipal gracias, en parte, "a la labor de puesta al día de los expedientes de infracción realizada a lo largo de la pasada legislatura". En este sentido, recordó que "hace cinco años el Ayuntamiento impuso sanciones urbanísticas por un importe de 300.500 euros (50 millones de pesetas), mientras que el año pasado se impusieron multas por valor de 3 millones de euros (alrededor de 500 millones de pesetas).
De Santos afirmó también que el mayor celo en el cumplimiento de la disciplina urbanística irá acompañado de una mayor celeridad en la concesión de licencias.
una asignatura pendiente que la administración municipal pretende superar en esta legislatura
La Gerencia aprobó ayer la ejecución de diez demoliciones de obras realizadas sin licencia que no pueden legalizarse
JOSEP CAPÓ. PALMA.
Las infracciones urbanísticas impunes tienen los días contados en Palma. Esta es, al menos, la intención manifestada ayer por el teniente de alcalde de Urbanismo y coordinador municipal, Javier Rodrigo de Santos, que quiere que la ciudad sea, en materia del cumplimiento de la disciplina urbanística, "espejo en el que se puedan mirar los demás municipios de Mallorca y Balears".
Y para que las palabras no se las lleve el viento, anunció que, en el consejo de gerencia de Urbanismo celebrado ayer, se había dado cuenta de cuarenta y cinco decretos de alcaldía relacionados con sendos expedientes de disciplina urbanística. Diez de ellos incluyen órdenes de demolición de las obras realizadas ilegalmente. Entre éstas, la más relevante es la que afecta a la demolición del edificio inacabado construido hace más de treinta años en la carretera que une Génova con na Burguesa.
En este caso, el Ayuntamiento utilizará el mecanismo de demolición subsidiaria; es decir, encargará a una empresa el derribo de las obras ilegales y, posteriormente, remitirá la factura del importe de los gastos ocasionados a los propietarios infractores.
Según De Santos, su departamento utilizará este sistema de ejecución subsidiaria cuando el propietario no ejecute las obras de demolición ordenadas por el Ayuntamiento.
El teniente de alcalde hizo hincapié en que, "como es lógico", la administración municipal "cumplirá todos los plazos administrativos y judiciales establecidos en la legislación vigente".
La mayoría de las demás demoliciones ordenadas ayer se refieren a obras realizadas sin licencia municipal y que han supuesto incrementos del volumen o de la altura máxima autorizada. Según De Santos, en la mayoría de los casos se trata de obras efectuadas sin permiso en áticos y sobreáticos.
Otros 20 expedientes de los 45 aprobados ayer se refieren a la imposición de multas con importes que oscilan entre 492 y 130.000 euros. En estos casos, los expedientes también probablemente concluirán con órdenes de demolición de las obras realizadas sin permiso, si éstas no pueden ser legalizadas.
Sanciones económicas
El resto de decretos vistos ayer -otros 35- incluyen sanciones monetarias, aunque la tramitación del expediente de infracción aún no ha concluido. La suma de las sanciones económicas correspondientes a los 45 expedientes es de 354.513 euros (54 millones de pesetas, aproximadamente).
El responsable de Urbanismo reconoció que su departamento está ahora en condiciones de realizar un seguimiento de las obras que se realizan en el término municipal gracias, en parte, "a la labor de puesta al día de los expedientes de infracción realizada a lo largo de la pasada legislatura". En este sentido, recordó que "hace cinco años el Ayuntamiento impuso sanciones urbanísticas por un importe de 300.500 euros (50 millones de pesetas), mientras que el año pasado se impusieron multas por valor de 3 millones de euros (alrededor de 500 millones de pesetas).
De Santos afirmó también que el mayor celo en el cumplimiento de la disciplina urbanística irá acompañado de una mayor celeridad en la concesión de licencias.
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