(Diario de Mallorca, 21/09/2003)
INFRACCIONES URBANÍSTICAS / LAS ADMINISTRACIONES ESTUDIAN FÓRMULAS PARA COMBATIR LA INDISCIPLINA
El Consell y los arquitectos denuncian la pasividad de los ayuntamientos a la hora de combatir las irregularidades
F. GUIJARRO. PALMA.
El suelo rústico mallorquín soporta cada año la construcción de al menos unas 200 viviendas ilegales, según las estimaciones de los responsables del Consell de Mallorca. Su titular de Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens, destaca que el caso más común es el de solicitar al ayuntamiento el permiso para la edificación de una caseta de aperos o almacén agrícola y en su lugar levantar una vivienda, ante la pasividad de la mayor parte de los municipios, una afirmación que también comparte el portavoz y ex presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears, Antoni Ramis.
Tanto Bartomeu Vicens como Antoni Ramis coinciden en que gran parte del problema de la edificación ilegal en suelo rústico hay que buscarlo en el escasísimo rigor con que los ayuntamientos conceden licencia para construir instalaciones agrícolas, sin comprobar si en lugar de éstas se levanta una edificación residencial, como sucede en muchos casos. Además, desde el Consell se acusa también a la propia conselleria de Agricultura de esa misma falta de rigor a la hora de elaborar sus informes para calificar una firma de explotación agraria.
Vicens señaló que estos casos son la prueba más evidente de la necesidad de poner en marcha un organismo que esté por encima de la autoridad municipal para que vigile el cumplimiento de la normativa urbanística, en este caso el anunciado Defensor del Territorio, cuya constitución ya está pactada con el Partido Popular.
El portavoz de los arquitectos destaca que el problema se agrava de forma absurda debido a que muchos propietarios de fincas rústicas deciden poner en marcha, sin ningún tipo de licencia y ante la pasibilidad de los responsables municipales, obras que podrían ser perfectamente legalizables, pese a lo cual se opta por evitar pasar por los trámites pertinentes.
Antoni Ramis admitió que el control del urbanismo en el suelo rústico resulta muy complejo, y sugirió al Consell la firma de un convenio con Citibsa -dependiente del Govern- para la realización de fotografías aéreas que ayuden a detectar la ejecución de nuevas obras.
La presión que el suelo rústico mallorquín soporta con el urbanismo ilegal se suma a la que se registra con la construcción de inmuebles legales, con una media anual de medio millar de viviendas autorizadas por el Consell, una cifra que está considerada como demasiado alta aunque presenta una tendencia a la baja.
Bartomeu Vicens destaca que parte del problema se debe a la avalancha de solicitudes recibidas cada vez que se ha anunciado la aplicación de medidas restrictivas, en 1996 y 1999.
Si entre 1991 y 1995 la cifra media de solicitudes se movía entre las 400 y las 500 anuales, en 1996 se acercó a las 900, al plantearse elevar la superficie mínima de los 7.000 a 14.000 metros cuadrados, en un momento en que el gobierno de Mallorca ya había dejado de estar en manos del PP. Las peticiones se dispararon hasta casi 1.300 en 1999, coincidiendo con la victoria del Pacto de Progreso y el anuncio de nuevas medidas restrictivas.
Esta última avalancha de peticiones es la que todavía está provocando el que exista un número alto de autorizaciones, ya que el objetivo que inicialmente se marcó el Consell era rebajar esta cifra hasta situarla en torno a las 300.
LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS
reportaje
La ubicuidad del rebaño urbanizador
Los responsables del Consell admiten que algunas prácticas han convertido la normativa en un "colador"
F. GUIJARRO. PALMA.
El respeto por la disciplina urbanística dista años luz de ser una práctica generalizada en Mallorca. Los propietarios de las fincas rústicas, en muchos casos ante la indiferencia de las autoridades municipales o incluso con su pasiva colaboración, hacen uso de distintas estratagemas para para poder levantar una vivienda allí donde no está autorizado, convirtiendo en muchos casos la normativa urbanística en un "colador", tal y como reconoce el conseller insular de Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens. Sobre este punto, se recuerda que desde su partido, UM, siempre se ha defendido que la prioridad no es aprobar nuevas leyes aún más restrictivas, sino simplemente hacer que se cumplan las ya existentes. Con los años, los técnicos y los inspectores han ido detectando una serie de prácticas habituales con las que los infractores consiguen marcar la mayoría de los "goles" a las diferentes Administraciones del archipiélago.
u Las ovejas ubicuas. El responsable de la ordenación territorial en el Consell destaca de forma especial un caso detectado por los inspectores encargados de comprobar si las autorizaciones concedidas correspondían realmente a una explotación agraria. Al realizar sus visitas a diferentes fincas situadas en municipios distintos comenzaron a detectar notables similitudes entre los rebaños de ovejas que se encontraban en cada una de ellas. Los parecidos entre los animales de unas y otras eran tan notables que despertaron las sospechas de los técnicos, hasta que comprobaron que alguien estaba 'alquilando' el mismo rebaño y llevándolo de un punto a otro de la isla para permitir que los propietarios de las fincas pudieran alegar que en su terreno se estaba desarrollando una actividad ganadera que en realidad era totalmente inexistente. Esta misma 'trampa' fue descubierta como práctica común para solicitar subvenciones agrarias.
u El rentable viejo tractor. Otro truco común para alegar una actividad agraria en una finca y solicitar el permiso para que se autorice una nueva construcción -que en muchos casos se terminará transformando en una vivienda en lugar del almacén que se tramita- es la de adquirir maquinaria agrícola -en muchos casos un tractor- barata y en pésimo estado de conservación, pero cuya única finalidad es la de que sea vista por los técnicos que deben dar el visto bueno. La falta de rigor a la hora de controlar que realmente se está desarrollando un trabajo vinculado con el sector primario es una de las denuncias que desde el Consell de Mallorca se realiza contra la conselleria de Agricultura.
u Ampliar lo que no existe. Bartomeu Vicens pone de relieve que uno de los "goles" más habituales a la disciplina urbanística, gracias a falta de controles de los ayuntamientos, es la de tramitar la ampliación de una vivienda teóricamente ya existente pero que en realidad dista mucho de ser tal. El responsable político indicó que en este tipo de casos los consistorios no remiten el expediente al Consell a no ser que éste lo reclame. En las ocasiones en que este organismo ha decidido realizar alguna comprobación y lo ha pedido, se ha encontrado como práctica común con que la vivienda que se pretende ampliar no consiste más que en cuatro paredes en ruina, por lo que en realidad se trata de la construcción de un inmueble de nueva planta.
u Cambio ruina por chalet. Un caso señalado por los profesionales del sector es el de un ayuntamiento que autorizó la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo rústico alegando que ésta sólo sustituía a otra que se encontraba en otro punto de la finca y que iba a ser demolida por los propietarios. Posteriormente se comprobó que la vivienda antigua no era más que una pequeña edificación en estado totalmente ruinoso, mientras que su sustituto era un chalet de grandes dimensiones.
u Almacén con dormitorio y cocina. Por encima de cualquier otra, la práctica más habitual para burlar la disciplina urbanística es la de solicitar al ayuntamiento el permiso para construir un almacén agrícola para en realidad edificar un inmueble con dormitorios, cocina y baño, sin que desde el consistorio se lleve a cabo el menor control para verificar el cumplimiento de la legalidad. Incluso resulta una práctica común, según se apunta desde el Consell, que la vivienda que se edifica sin la autorización pertinente sea objeto de posteriores ampliaciones.