(Última Hora 21/09/2003)
Un cinco por cien del total de instalaciones están construidas en los altos de un edificio
JOSEP MARIA AGUILÓ
El teniente de alcalde de Hisenda i Funció Pública de Cort y presidente del Institut Municipal d'Informàtica (IMI), Pedro Álvarez, dio a conocer ayer que tras un estudio fotográfico aéreo hecho por su departamento, el Consistorio ha detectado en el término municipal de Palma un total de 524 piscinas ilegales, es decir, que no han pagado el preceptivo Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Además, del citado número de piscinas, 450 carecen también de la pertinente licencia de obras. La detección de las piscinas no declaradas ha sido posible a partir de la comparación entre los recibos y las licencias archivados en el registro municipal correspondiente en 1998 y las imágenes fotográficas que fueron tomadas en 2000. En los próximos meses se llevará a cabo una nueva evaluación aérea para comprobar si se han producido cambios en el número de infractores.
Álvarez indicó que aproximadamente un 5 por cien del total de piscinas ilegales están construidas en los altos de un edificio, con el consiguiente peligro que ello puede suponer para la estructura de todo el bloque. Cabe recordar que, de oficio, el Consistorio no puede eliminar o quitar una piscina. «Es necesaria la denuncia previa de un vecino para que entonces entre en acción el área de Urbanisme», destacó. Además, dichas piscinas están construidas en suelo urbano y no en suelo rústico.
Para regularizar su situación, los afectados deberán pagar una sanción por la infracción urbanística cometida y pagar el IBI. «Una piscina es un bien catastral, al igual que pueda serlo una vivienda o un garaje», recordó Álvarez. Por barriadas, las más afectadas por esta situación irregular son La Bonanova, con 52 piscinas, y Son Rapinya, con 50. A partir del mes de octubre podría iniciarse una revisión en suelo rústico, utilizando la cartografía actualizada recientemente con los vuelos del pasado año, para localizar posibles edificaciones realizadas sin licencia, y especialmente las de mayor entidad, que podrían obligar, en caso de no presentar la correspondiente declaración, a la apertura de procedimientos de inspección para su alta.