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31 d’agost 2004
19 d’agost 2004
Regularizadas 374 piscinas ilegales en Palma
(Última Hora, 19/08/2004)
Cort abrirá un expediente a los propietarios que aún no han dado de alta estas instalaciones
JOSEP MARIA AGUILÓ
El teniente de alcalde de Hisenda i Funció Pública del Ajuntament de Palma, el popular Pedro Álvarez, dio a conocer ayer que los propietarios de 374 piscinas consideradas hasta ahora como ilegales, sobre un total de 567 detectadas en Ciutat, han regularizado su situación en el último año, por lo que no se les impondrá ninguna sanción económica y, simplemente, deberán pagar una cuota algo más elevada cuando tengan que abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a 2004, ya que la base imponible será mayor a partir de ahora.
Cabe recordar que el pasado verano, Álvarez anunció que Cort había detectado la existencia de 567 piscinas ilegales en el término municipal de Palma tras un estudio fotográfico aéreo hecho por el Consistorio. La detección de las piscinas no declaradas fue posible a partir de la comparación entre las licencias de obras y los recibos archivados en el registro municipal correspondiente a 1998 y las imágenes fotográficas tomadas años después. De momento han regularizado su situación un 66 por cien de los afectados.
Por lo que respecta a los propietarios de las 193 piscinas restantes, Álvarez indicó que en los últimos dos meses se ha remitido toda la documentación existente sobre estos casos a la Gerència del Cadastre del Ajuntament, «para que abra los correspondientes expedientes de inspección, que prevén para este tipo de situaciones desde recargos del 20 por cien hasta la denuncia por infracción urbanística o incluso el cierre de la piscina», destacó, y recordó que Cort, mediante un escrito enviado meses atrás, había dado a todos los infractores la posibilidad de regularizar su situación de manera voluntaria y sin coste adicional alguno.
Cort abrirá un expediente a los propietarios que aún no han dado de alta estas instalaciones
JOSEP MARIA AGUILÓ
El teniente de alcalde de Hisenda i Funció Pública del Ajuntament de Palma, el popular Pedro Álvarez, dio a conocer ayer que los propietarios de 374 piscinas consideradas hasta ahora como ilegales, sobre un total de 567 detectadas en Ciutat, han regularizado su situación en el último año, por lo que no se les impondrá ninguna sanción económica y, simplemente, deberán pagar una cuota algo más elevada cuando tengan que abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a 2004, ya que la base imponible será mayor a partir de ahora.
Cabe recordar que el pasado verano, Álvarez anunció que Cort había detectado la existencia de 567 piscinas ilegales en el término municipal de Palma tras un estudio fotográfico aéreo hecho por el Consistorio. La detección de las piscinas no declaradas fue posible a partir de la comparación entre las licencias de obras y los recibos archivados en el registro municipal correspondiente a 1998 y las imágenes fotográficas tomadas años después. De momento han regularizado su situación un 66 por cien de los afectados.
Por lo que respecta a los propietarios de las 193 piscinas restantes, Álvarez indicó que en los últimos dos meses se ha remitido toda la documentación existente sobre estos casos a la Gerència del Cadastre del Ajuntament, «para que abra los correspondientes expedientes de inspección, que prevén para este tipo de situaciones desde recargos del 20 por cien hasta la denuncia por infracción urbanística o incluso el cierre de la piscina», destacó, y recordó que Cort, mediante un escrito enviado meses atrás, había dado a todos los infractores la posibilidad de regularizar su situación de manera voluntaria y sin coste adicional alguno.
15 d’agost 2004
Entrevista a Guillem Vidal, ex-president del TSJC
(Diario de Mallorca, 15/08/2004)
[De tota l'entrevista al magistrat i ex-president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'inclou només la resposta referida a la disciplina urbanística]
(...)
-¿Es la justicia el único freno a la actuación política?
-El político sabe que está controlado por el poder judicial, a través del contencioso-administrativo y del penal si cometen delito, aunque estos casos son los menos. Pero creo que los políticos no tienen mucho miedo al poder judicial. Al contencioso, que es el que controla la actuación de la administración, nignún miedo... Basta ver el sector urbanístico para comprobar que la intervención del poder judicial es mínima y más que mínima infructuosa... Para llegar a derribar una construcción ilegal tienen que pasar muchas cosas. En el ámbito penal, hombre si un político hace algo como lo del Rasputín... pues un cierto miedo tendrá de que le enganchen.
[De tota l'entrevista al magistrat i ex-president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'inclou només la resposta referida a la disciplina urbanística]
(...)
-¿Es la justicia el único freno a la actuación política?
-El político sabe que está controlado por el poder judicial, a través del contencioso-administrativo y del penal si cometen delito, aunque estos casos son los menos. Pero creo que los políticos no tienen mucho miedo al poder judicial. Al contencioso, que es el que controla la actuación de la administración, nignún miedo... Basta ver el sector urbanístico para comprobar que la intervención del poder judicial es mínima y más que mínima infructuosa... Para llegar a derribar una construcción ilegal tienen que pasar muchas cosas. En el ámbito penal, hombre si un político hace algo como lo del Rasputín... pues un cierto miedo tendrá de que le enganchen.
08 d’agost 2004
El PSM denuncia ante el Consell al concejal de Urbanismo de Inca por segregar una finca
(Última Hora, 8/08/2004)
Se trata de la segunda residencia que el ex senador Bartomeu Seguí tiene en el municipio de Alcúdia
M.NADAL/E.B.
El PSM-Entesa Nacionalista ha solicitado al Consell Insular de Mallorca que subrogue las competencias del Ajuntament d'Alcúdia en materia de disciplina urbanística y restablezca la legalidad en la finca que el concejal de Urbanismo de Inca y ex senador, Bartomeu Seguí, tiene en este municipio.
El PSM denunció hace más de un año ante el Ajuntament d'Alcúdia una presunta irregularidad en la segregación de dicha finca, segunda residencia del regidor Seguí, sin que hasta el momento el Ajuntament d'Alcúdia haya obrado en consecuencia. Ante la inoperancia municipal el PSM solicita ahora al Consell Insular que intervenga para restablecer la legalidad.
La irregularidad urbanística que se cuestiona fue destapada por Ultima Hora en agosto de 2002. Consiste en la segregación de una finca indivisible en el municipio de Alcúdia, en la que el regidor ha construido una casa de la que todavía tiene pendiente el final de obra y es que para obtenerlo el Ajuntament d'Alcúdia le exige que presente un certificado de indivisibilidad de la finca, certificado que el concejal no puede presentar porque segregó irregularmente la misma, según comprobó Ultima Hora en el registro de la propiedad de Pollença.
El PSM recuerda ahora que la finca propiedad de Bartomeu Seguí «tiene una superficie de tan solo dos hectáreas, cuarenta áreas aproximadamente, muy apartada de los 84.000 metros cuadrados alegados en la solicitud de licencia de obra que presentó al Ajuntamnet y de los 75.000 metros cuadrados que las Normas de Alcúdia establecen como parcela mínima indivisible para construir una vivienda en la zona».
El escrito que el PSM dirige a la presidenta del Consell, Maria Antonia Munar, dice: «Seguí ha engañado al Ajuntamnet d'Alcúdia y a la Comisión Provincial de Urbanismo. Un caso se escarnio como este, protagonizado por un señor que hasta ahora ha sido senador por Mallorca, no puede quedar sin reacción».
Se trata de la segunda residencia que el ex senador Bartomeu Seguí tiene en el municipio de Alcúdia
M.NADAL/E.B.
El PSM-Entesa Nacionalista ha solicitado al Consell Insular de Mallorca que subrogue las competencias del Ajuntament d'Alcúdia en materia de disciplina urbanística y restablezca la legalidad en la finca que el concejal de Urbanismo de Inca y ex senador, Bartomeu Seguí, tiene en este municipio.
El PSM denunció hace más de un año ante el Ajuntament d'Alcúdia una presunta irregularidad en la segregación de dicha finca, segunda residencia del regidor Seguí, sin que hasta el momento el Ajuntament d'Alcúdia haya obrado en consecuencia. Ante la inoperancia municipal el PSM solicita ahora al Consell Insular que intervenga para restablecer la legalidad.
La irregularidad urbanística que se cuestiona fue destapada por Ultima Hora en agosto de 2002. Consiste en la segregación de una finca indivisible en el municipio de Alcúdia, en la que el regidor ha construido una casa de la que todavía tiene pendiente el final de obra y es que para obtenerlo el Ajuntament d'Alcúdia le exige que presente un certificado de indivisibilidad de la finca, certificado que el concejal no puede presentar porque segregó irregularmente la misma, según comprobó Ultima Hora en el registro de la propiedad de Pollença.
El PSM recuerda ahora que la finca propiedad de Bartomeu Seguí «tiene una superficie de tan solo dos hectáreas, cuarenta áreas aproximadamente, muy apartada de los 84.000 metros cuadrados alegados en la solicitud de licencia de obra que presentó al Ajuntamnet y de los 75.000 metros cuadrados que las Normas de Alcúdia establecen como parcela mínima indivisible para construir una vivienda en la zona».
El escrito que el PSM dirige a la presidenta del Consell, Maria Antonia Munar, dice: «Seguí ha engañado al Ajuntamnet d'Alcúdia y a la Comisión Provincial de Urbanismo. Un caso se escarnio como este, protagonizado por un señor que hasta ahora ha sido senador por Mallorca, no puede quedar sin reacción».
El Plan Territorial impone medidas contra el urbanismo ilegal en rústico
Incluye la exigencia expresa de una casa por parcela, con diseño "inequívoco" unifamiliar que no oculte más de una vivienda
(Diario de Mallorca, 8/08/2004)
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
La redacción definitiva del Plan Territorial de Mallorca, que será sometido a votación el próximo mes de noviembre, incluye medidas destinadas a combatir el fraude urbanístico en suelo rústico y mantiene (con la excepción de la equiparación de la parcela mínima para viviendas en las Áreas de Interés Agrario a los 14.000 metros cuadrados del suelo rústico común) las restricciones y condiciones de integración paisajística para construir en este suelo.
Según ha explicado el conseller de Ordenación del Territorio del Consell, Bartomeu Vicens, se ha introducido la exigencia "expresa" de que únicamente pueda construirse una vivienda unifamiliar por parcela y, además, la viabilidad de la construcción quedará ligada -según se lee en el texto del PT- a que "el programa de distribución del conjunto de dependencias sea inequívoco para una única vivienda unifamiliar". Asimismo, se impide también la posibilidad de construcciones separadas de la edificación principal.
La referencia a una única vivienda unifamiliar por parcela se ha incorporado ante la detección, por parte de los servicios de disciplina urbanística del Consell, de casos en los que se presentaba, como proyecto de una vivienda unifamiliar, una construcción con numerosas habitaciones y baños o un extraño número de cocinas que, en realidad, escondían apartamentos, que, incluso en algunos supuestos, se destinaban posteriormente a oferta turística.
En la misma línea, se quieren evitar otros supuestos de fraude, como plantear una vivienda en bloques separados que posteriormente "se convertían" en viviendas independientes.
La superficie máxima construida queda limitada al 3% del total de la parcela en rústico común y al 2% en protegido. Inicialmente se había bajado la limitación al 1% y 2% respectivamente, pero en el texto definitivo se vuelve a lo máximos que fija la Llei de sól rústic. La ocupación máxima queda en el 3% en protegido y del 4% en común.
Agroturismos en ANEI
Tal y como ya se recogía en el texto inicial, queda prohibida la construcción en el suelo rústico de máxima protección (Áreas Naturales de Especial Interés, de Alto Nivel de Protección y de Rurales de Interés Paisajístico Boscoso). En suelo rústico forestal y Área rural de Interés Paisajístico, la parcela mínima se eleva de los 30.000 a los 50.000 metros cuadrados; en rústico común se mantiene en los 14.000 metros cuadrados y se introduce un cambio "a la baja" en las Áreas de Interés Agrario, pues se pasa de 28.000 previstos en el texto inicial a 14.000 metros cuadrados en el definitivo.
El conseller Vicens señala que el cambio se ha introducido a petición de los representantes del sector agrario y que no entiende que entrañe ningún riesgo de protección.
Igualmente, atendiendo a alegaciones de las patronales y asociaciones agrarias, y también del Govern, se abre la posibilidad de que incluso en las zonas ANEI y ARIP, siempre en construcciones ya existentes, pueda desarrollarse actividad industrial de transformación agrícola. En este sentido, Vicens resalta que esa actividad se limita a productos que genere la propia explotación. Asimismo, construcciones ya existentes podrán destinarse a agroturismos. Las possessions quedan reservadas para oferta turística de cinco estrellas.
(Diario de Mallorca, 8/08/2004)
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
La redacción definitiva del Plan Territorial de Mallorca, que será sometido a votación el próximo mes de noviembre, incluye medidas destinadas a combatir el fraude urbanístico en suelo rústico y mantiene (con la excepción de la equiparación de la parcela mínima para viviendas en las Áreas de Interés Agrario a los 14.000 metros cuadrados del suelo rústico común) las restricciones y condiciones de integración paisajística para construir en este suelo.
Según ha explicado el conseller de Ordenación del Territorio del Consell, Bartomeu Vicens, se ha introducido la exigencia "expresa" de que únicamente pueda construirse una vivienda unifamiliar por parcela y, además, la viabilidad de la construcción quedará ligada -según se lee en el texto del PT- a que "el programa de distribución del conjunto de dependencias sea inequívoco para una única vivienda unifamiliar". Asimismo, se impide también la posibilidad de construcciones separadas de la edificación principal.
La referencia a una única vivienda unifamiliar por parcela se ha incorporado ante la detección, por parte de los servicios de disciplina urbanística del Consell, de casos en los que se presentaba, como proyecto de una vivienda unifamiliar, una construcción con numerosas habitaciones y baños o un extraño número de cocinas que, en realidad, escondían apartamentos, que, incluso en algunos supuestos, se destinaban posteriormente a oferta turística.
En la misma línea, se quieren evitar otros supuestos de fraude, como plantear una vivienda en bloques separados que posteriormente "se convertían" en viviendas independientes.
La superficie máxima construida queda limitada al 3% del total de la parcela en rústico común y al 2% en protegido. Inicialmente se había bajado la limitación al 1% y 2% respectivamente, pero en el texto definitivo se vuelve a lo máximos que fija la Llei de sól rústic. La ocupación máxima queda en el 3% en protegido y del 4% en común.
Agroturismos en ANEI
Tal y como ya se recogía en el texto inicial, queda prohibida la construcción en el suelo rústico de máxima protección (Áreas Naturales de Especial Interés, de Alto Nivel de Protección y de Rurales de Interés Paisajístico Boscoso). En suelo rústico forestal y Área rural de Interés Paisajístico, la parcela mínima se eleva de los 30.000 a los 50.000 metros cuadrados; en rústico común se mantiene en los 14.000 metros cuadrados y se introduce un cambio "a la baja" en las Áreas de Interés Agrario, pues se pasa de 28.000 previstos en el texto inicial a 14.000 metros cuadrados en el definitivo.
El conseller Vicens señala que el cambio se ha introducido a petición de los representantes del sector agrario y que no entiende que entrañe ningún riesgo de protección.
Igualmente, atendiendo a alegaciones de las patronales y asociaciones agrarias, y también del Govern, se abre la posibilidad de que incluso en las zonas ANEI y ARIP, siempre en construcciones ya existentes, pueda desarrollarse actividad industrial de transformación agrícola. En este sentido, Vicens resalta que esa actividad se limita a productos que genere la propia explotación. Asimismo, construcciones ya existentes podrán destinarse a agroturismos. Las possessions quedan reservadas para oferta turística de cinco estrellas.
Límites a las reformas y ampliaciones de casas de campo
Con la misma intención de evitar el fraude urbanístico en suelo rústico, el PT indica que sólo podrán ampliarse o reformarse viviendas de una superficie mínima de 35 metros cuadrados. Sin embargo, en este punto se ha rebajado la exigencia inicial, que se fijaba en 50. Asimismo, se prohíbe cualquier reforma que afecte a la estructura de la vivienda, que dejará de considerarse como tal.
28 de juliol 2004
La empresa Aumasa irá a los tribunales acusada de verter 45.000 kilos de basura en suelo rústico
(El Mundo, 28/07/2004)
El juzgado de Manacor ha admitido la querella interpuesta por los vecinos contra la sociedad de transportes por presunto delito ecológico La respaldan GOB, PSOE, PSM, EU/EV y PP-AIPC
RAFAEL GABALDÓN
MANACOR.- Los juzgados de Manacor han admitido a trámite una querella criminal por delito ecológico contra la empresa Autocares Manacor S.A. (Aumasa). Se le acusa de verter más de 300 camionadas de escombros sin seleccionar en una finca rústica de 29.000 metros cuadrados, situada en la carretera vieja de Sant Llorenç, a la salida de Manacor.
Fueron los vecinos y payeses, a los que más tarde se sumaron grupos ecologistas como el GOB y varios partidos políticos como EU/EV, PSOE, PSM e incluso el actual gobierno de PP-AIPC, quienes denunciaron los hechos para que de esta forma se pusiera fin al vertedero incontrolado en que se estaba convirtiendo la zona.
Los denunciantes han acudido al juzgado para que la empresa de transportes depure responsabilidades y se restablezca el medio ambiente perturbado. Asimismo, el colectivo querellante dará traspaso de las diligencias al Ayuntamiento de Manacor, al Consell de Mallorca y al Govern por si quieren personarse en la casa.
Como se recordará las hermanas Pilar y Antonia Riera, propietarias de Aumasa, compraron esta finca para instalar en ella las naves, garajes, surtidor, emplazamiento de autocares, locales de guardia y custodia de autobuses, etc. Cuando la compraron lo hicieron por recomendación, según ellas, del entonces alcalde de Manacor Gabriel Bosch y su delegado de Urbanismo, Rafael Sureda. Pretendían dejar el barrio de Sa Torre (donde reconocen estar causando molestias desde hace 15 años) y trasladarse al nuevo solar.
Sin embargo, el Consell de Mallorca echó sus planes por tierra al denegar el interés general. Entonces la finca, que dejó de tener utilidad, empezó a usarse para relleno de escombros, la mayoría supuestamente sin clasificar, además de todo tipo de basuras, cuando en aquella época la normativa prohibía el vertido de desechos bajo ningún concepto. De ahí el enfado de numerosos vecinos que decidieron aunar esfuerzos y constituir una plataforma.
Según los expertos consultados por los denunciantes, si cada camión era capaz de cargar un mínimo de una tonelada y media, los vertidos rondan los 450.000 kilos de basura.
En manos del fiscal
Los demandantes tan sólo piden que se restablezca el medio, eso sí al precio que sea, y que se deja la zona tal y como estaba en sus orígenes. En la demanda dejan al margen cualquier tipo de denuncia por daños y perjuicios, y las sanciones para las propietarias, aunque todo ello queda en manos del ministerio fiscal de oficio.
Según los vecinos, estos terrenos son ahora «un estercolero», una zona «degradada» y auténtico «vertedero de escombros en el que se incluyen todo tipo de basuras». A todo ello se le suma el hecho de que los vecinos de Sa Torre siguen soportando, después de 15 años de su primera denuncia, la presencia de más de 65 autocares, sin olvidar que el surtidor de la empresa está a pocos metros del ambulatorio general de la ciudad.
Ahora será el fiscal el que decida la pena que se le deberá imputar y el juez el que determine la gravedad de la situación, denunciada por los vecinos del terreno, grupos ecologistas y los diversos partidos políticos citados.
El juzgado de Manacor ha admitido la querella interpuesta por los vecinos contra la sociedad de transportes por presunto delito ecológico La respaldan GOB, PSOE, PSM, EU/EV y PP-AIPC
RAFAEL GABALDÓN
MANACOR.- Los juzgados de Manacor han admitido a trámite una querella criminal por delito ecológico contra la empresa Autocares Manacor S.A. (Aumasa). Se le acusa de verter más de 300 camionadas de escombros sin seleccionar en una finca rústica de 29.000 metros cuadrados, situada en la carretera vieja de Sant Llorenç, a la salida de Manacor.
Fueron los vecinos y payeses, a los que más tarde se sumaron grupos ecologistas como el GOB y varios partidos políticos como EU/EV, PSOE, PSM e incluso el actual gobierno de PP-AIPC, quienes denunciaron los hechos para que de esta forma se pusiera fin al vertedero incontrolado en que se estaba convirtiendo la zona.
Los denunciantes han acudido al juzgado para que la empresa de transportes depure responsabilidades y se restablezca el medio ambiente perturbado. Asimismo, el colectivo querellante dará traspaso de las diligencias al Ayuntamiento de Manacor, al Consell de Mallorca y al Govern por si quieren personarse en la casa.
Como se recordará las hermanas Pilar y Antonia Riera, propietarias de Aumasa, compraron esta finca para instalar en ella las naves, garajes, surtidor, emplazamiento de autocares, locales de guardia y custodia de autobuses, etc. Cuando la compraron lo hicieron por recomendación, según ellas, del entonces alcalde de Manacor Gabriel Bosch y su delegado de Urbanismo, Rafael Sureda. Pretendían dejar el barrio de Sa Torre (donde reconocen estar causando molestias desde hace 15 años) y trasladarse al nuevo solar.
Sin embargo, el Consell de Mallorca echó sus planes por tierra al denegar el interés general. Entonces la finca, que dejó de tener utilidad, empezó a usarse para relleno de escombros, la mayoría supuestamente sin clasificar, además de todo tipo de basuras, cuando en aquella época la normativa prohibía el vertido de desechos bajo ningún concepto. De ahí el enfado de numerosos vecinos que decidieron aunar esfuerzos y constituir una plataforma.
Según los expertos consultados por los denunciantes, si cada camión era capaz de cargar un mínimo de una tonelada y media, los vertidos rondan los 450.000 kilos de basura.
En manos del fiscal
Los demandantes tan sólo piden que se restablezca el medio, eso sí al precio que sea, y que se deja la zona tal y como estaba en sus orígenes. En la demanda dejan al margen cualquier tipo de denuncia por daños y perjuicios, y las sanciones para las propietarias, aunque todo ello queda en manos del ministerio fiscal de oficio.
Según los vecinos, estos terrenos son ahora «un estercolero», una zona «degradada» y auténtico «vertedero de escombros en el que se incluyen todo tipo de basuras». A todo ello se le suma el hecho de que los vecinos de Sa Torre siguen soportando, después de 15 años de su primera denuncia, la presencia de más de 65 autocares, sin olvidar que el surtidor de la empresa está a pocos metros del ambulatorio general de la ciudad.
Ahora será el fiscal el que decida la pena que se le deberá imputar y el juez el que determine la gravedad de la situación, denunciada por los vecinos del terreno, grupos ecologistas y los diversos partidos políticos citados.
27 de juliol 2004
El Consell de Menorca aprueba los estatutos de su 'policía urbanística'
(El Mundo, 27/07/2004)
M. F. R.
MAÓ.- El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico empezó ayer a escribir su historia después de que los votos de la mayoría de gobierno en el Consell, con la abstención del Grupo Popular, dieran el visto bueno a sus estatutos. Su misión será, de ahora en adelante, velar por el cumplimiento de las directrices del Plan Territorial Insular en el campo.
La experiencia vivida con otros consorcios propició la abstención de los populares. Su portavoz, Juan Manuel Lafuente, manifestó sus dudas acerca de los resultados que pueda obtener este organismo, al tiempo que vaticinó que resultará «más caro y menos eficaz» que el mecanismo actual de vigilancia, organizado por cada uno de los ayuntamientos.
En el trasfondo del debate vivido ayer en el Consell estuvo la negativa del Ayuntamiento de Ciutadella a entrar a formar parte de este organismo. La consellera de Ordenación del Territorio, Fina Casals, lamentó «profundamente» una situación que contrapuso con la «gran ilusión» con que, a su juicio, el resto de administraciones de la isla han decidido formar parte de esta iniciativa
Casals se mostró convencida de que el Consorcio resultará «ágil y eficaz» que el sistema actual, tras recordar que la actual estructura municipal no da abasto para ejercer un control efectivo sobre el cumplimiento de la normativa urbanística en suelo rústico. El objetivo del equipo de gobierno es, además, que este organismo pueda autofinanciarse «en un breve espacio de tiempo».
Ciutadella, por su cuenta
La idea es que vaya ingresando los recursos necesarios para el mantenimiento de su estructura, así como para amortizar la inversión inicial que será asumida por el Consell a través de las multas que imponga a los infractores. La consellera de Ordenación del Territorio también defendió la posibilidad de que la entidad pueda ser viable economicamente en un futuro.
Según consta en los estatutos, este organismo se encargará de la actividad inspectora dirigida a vigilar y controlar la adecuación a la legalidad urbanística a de todas aquellas actuaciones que tienen como ámbito el suelo rústico, la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores en caso de infracción y el cobro, si así se acuerda, de las multas.
La negativa del Ayuntamiento de Ciutadella a integrarse en el Consorcio se explica por la reciente creación en este Consistorio de su propio gabinete de disciplina urbanística y el deseo de no transferir a otra institución unas competencias que, por ley, son municipales, según informó su portavoz, Avel·lí Casasnovas.
M. F. R.
MAÓ.- El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico empezó ayer a escribir su historia después de que los votos de la mayoría de gobierno en el Consell, con la abstención del Grupo Popular, dieran el visto bueno a sus estatutos. Su misión será, de ahora en adelante, velar por el cumplimiento de las directrices del Plan Territorial Insular en el campo.
La experiencia vivida con otros consorcios propició la abstención de los populares. Su portavoz, Juan Manuel Lafuente, manifestó sus dudas acerca de los resultados que pueda obtener este organismo, al tiempo que vaticinó que resultará «más caro y menos eficaz» que el mecanismo actual de vigilancia, organizado por cada uno de los ayuntamientos.
En el trasfondo del debate vivido ayer en el Consell estuvo la negativa del Ayuntamiento de Ciutadella a entrar a formar parte de este organismo. La consellera de Ordenación del Territorio, Fina Casals, lamentó «profundamente» una situación que contrapuso con la «gran ilusión» con que, a su juicio, el resto de administraciones de la isla han decidido formar parte de esta iniciativa
Casals se mostró convencida de que el Consorcio resultará «ágil y eficaz» que el sistema actual, tras recordar que la actual estructura municipal no da abasto para ejercer un control efectivo sobre el cumplimiento de la normativa urbanística en suelo rústico. El objetivo del equipo de gobierno es, además, que este organismo pueda autofinanciarse «en un breve espacio de tiempo».
Ciutadella, por su cuenta
La idea es que vaya ingresando los recursos necesarios para el mantenimiento de su estructura, así como para amortizar la inversión inicial que será asumida por el Consell a través de las multas que imponga a los infractores. La consellera de Ordenación del Territorio también defendió la posibilidad de que la entidad pueda ser viable economicamente en un futuro.
Según consta en los estatutos, este organismo se encargará de la actividad inspectora dirigida a vigilar y controlar la adecuación a la legalidad urbanística a de todas aquellas actuaciones que tienen como ámbito el suelo rústico, la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores en caso de infracción y el cobro, si así se acuerda, de las multas.
La negativa del Ayuntamiento de Ciutadella a integrarse en el Consorcio se explica por la reciente creación en este Consistorio de su propio gabinete de disciplina urbanística y el deseo de no transferir a otra institución unas competencias que, por ley, son municipales, según informó su portavoz, Avel·lí Casasnovas.
24 de juliol 2004
El Consell multa con 937.906 euros al cámping ilegal de la Colònia de Sant Pere
(Última Hora, 24/07/2004)
La institución continúa los trámites paran obligar a la demolición de las 90 edificaciones que fueron realizadas sin autorización
NEKANE DOMBLÁS
El propietario del cámping ilegal construido en la Colònia de Sant Pere deberá pagar una de las multas más cuantiosas de las que ha impuesto el Consell de Mallorca en su historia: un total de 937.906 euros por la construcción de 90 edificaciones ilegales, tipo bungalow, en esta zona de Artà. El conseller de Territori del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, explicó que la Comissió d'Urbanisme aprobó ayer de forma definitiva la sanción tras un vía crucis burocrático y administrativo que se ha prolongado durante varios años.
Bartomeu Vicens señaló además que el Consell continúa con la tramitación del expediente de demolición de los 90 apartamentos construidos, pero la resolución final que obligará a restituir los terrenos a su situación original todavía no ha llegado. El conseller de Territori del Consell explicó que la instalación de estos 90 bungalows se hizo en una zona de protección territorial de costas, por lo que son totalmente ilegales.
Además, estas instalaciones fijas incumplen claramente la regulación sobre cámpings. Por todo ello, el conseller concluyó que no hay ninguna posibilidad de legalizar estas edificaciones. El responsable de Territori de la institución insular reconoció que la tramitación de esta multa ha sido muy complicada dado que el Consell ya aprobó en su día una sanción similar que no llegó a cobrarse porque se declaró la caducidad. Sin embargo, la institución ha vuelto a recuperar el expediente dada la flagrante ilegalidad de todas estas edificaciones.
Antes de la primera sanción del Consell de Mallorca, el propio Govern balear, a través de la Conselleria de Turisme, impuso al propietario de esta instalación una multa de 60.000 euros y ordenó su cierre definitivo en abril del año pasado. La sanción de Turisme con la posterior orden de cierre se aprobó por parte del Consell de Govern al detectarse que el supuesto cámping se había convertido en un recinto de bungalows ilegales que además funcionaban en régimen de hotelero de todo incluido.
A pesar de esta sanción y del orden de cierre, el propietario de la instalación decidió abrir la temporada pasada con absoluta normalidad. Meses más tarde, el Consell de Mallorca aprobaba en una Comissió Insular d'Urbanisme una propuesta de sanción, similar a la aprobada ayer por este mismo organismo, que no llegó a cobrarse.
La apertura ilegal de este cámping fue muy criticada por los vecinos de la zona, que llegaron a presentar varias denuncias ante el Ajuntament d'Artà por las constantes molestias originadas por los usuarios del recinto, así como la posible construcción en una zona protegida, que está clasificada como Área de Prevención Territorial de Costas.
La institución continúa los trámites paran obligar a la demolición de las 90 edificaciones que fueron realizadas sin autorización
NEKANE DOMBLÁS
El propietario del cámping ilegal construido en la Colònia de Sant Pere deberá pagar una de las multas más cuantiosas de las que ha impuesto el Consell de Mallorca en su historia: un total de 937.906 euros por la construcción de 90 edificaciones ilegales, tipo bungalow, en esta zona de Artà. El conseller de Territori del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, explicó que la Comissió d'Urbanisme aprobó ayer de forma definitiva la sanción tras un vía crucis burocrático y administrativo que se ha prolongado durante varios años.
Bartomeu Vicens señaló además que el Consell continúa con la tramitación del expediente de demolición de los 90 apartamentos construidos, pero la resolución final que obligará a restituir los terrenos a su situación original todavía no ha llegado. El conseller de Territori del Consell explicó que la instalación de estos 90 bungalows se hizo en una zona de protección territorial de costas, por lo que son totalmente ilegales.
Además, estas instalaciones fijas incumplen claramente la regulación sobre cámpings. Por todo ello, el conseller concluyó que no hay ninguna posibilidad de legalizar estas edificaciones. El responsable de Territori de la institución insular reconoció que la tramitación de esta multa ha sido muy complicada dado que el Consell ya aprobó en su día una sanción similar que no llegó a cobrarse porque se declaró la caducidad. Sin embargo, la institución ha vuelto a recuperar el expediente dada la flagrante ilegalidad de todas estas edificaciones.
Antes de la primera sanción del Consell de Mallorca, el propio Govern balear, a través de la Conselleria de Turisme, impuso al propietario de esta instalación una multa de 60.000 euros y ordenó su cierre definitivo en abril del año pasado. La sanción de Turisme con la posterior orden de cierre se aprobó por parte del Consell de Govern al detectarse que el supuesto cámping se había convertido en un recinto de bungalows ilegales que además funcionaban en régimen de hotelero de todo incluido.
A pesar de esta sanción y del orden de cierre, el propietario de la instalación decidió abrir la temporada pasada con absoluta normalidad. Meses más tarde, el Consell de Mallorca aprobaba en una Comissió Insular d'Urbanisme una propuesta de sanción, similar a la aprobada ayer por este mismo organismo, que no llegó a cobrarse.
La apertura ilegal de este cámping fue muy criticada por los vecinos de la zona, que llegaron a presentar varias denuncias ante el Ajuntament d'Artà por las constantes molestias originadas por los usuarios del recinto, así como la posible construcción en una zona protegida, que está clasificada como Área de Prevención Territorial de Costas.
21 de juliol 2004
Govern y Consell denuncian al juez una trama de falsas cédulas de vivienda
(Diario de Mallorca, 21/07/2004)
Las instituciones entregan al juzgado una quincena de documentos supuestamente manipulados para obtener permisos de nuevos pozos
B. PALAU/ A. ARTIGUES. PALMA.El Consell de Mallorca y el Govern han denunciado ante el juez la supuesta existencia de una trama de falsificación de cédulas de habitabilidad de viviendas en suelo rústico. En principio, se sospecha que las cédulas falsas se han utilizado para la obtención de permisos para la perforación de pozos, pero no se descarta que a través de las mismas cédulas alteradas se haya pretendido también la legalización, como viviendas, de construcciones en suelo rústico. La denuncia se ha presentado de forma conjunta por las dos instituciones y está firmada por el conseller de Ordenación del Territorio del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, y por el conseller de Medio Ambiente del Govern, Jaume Font. Los hechos presuntamente delictivos, que están siendo investigados por el Cuerpo Nacional de Policía y el juzgado de instrucción número 11 de Palma, salieron a la luz al analizarse una serie de peticiones de autorización para perforar pozos.
Viviendas
La autorización para la explotación de un pozo requiere, según han explicado fuentes jurídicas, que el pozo esté ligado a una vivienda, de manera que es imprescindible aportar la cédula de habitabilidad correspondiente. En los casos que levantaron sospechas, la conselleria y el Consell de Mallorca -que es la institución competente para la concesión de las cédulas de habitabilidad- comprobaron que el documento que se aportaba no figuraba como tal en el registro del Consell.
Pudo constatarse que las cédulas aportadas partían de otras que sí estaban registradas, pero con algunos de los datos alterados. Por ello, al confirmarse la presunta irregularidad se revisaron las cédulas que acompañaban las peticiones y se vio cómo se había producido la manipulación.
Los documentos afectados descubiertos son por ahora unas quince cédulas de los años 2002 y 2003 y afectan a autorizaciones en varios municipios de la isla, entre ellos Manacor, Inca, Alcúdia, Pollença o Porreres.
Sin embargo, el hallazgo de otra cédula de habitabilidad no ligada a una petición de pozo y también supuestamente manipulada hace temer que las dimensiones de la trama puedan ser mayores. Tanto el responsable del departamento de Ordenación del Territorio del Consell como de la conselleria de Medio Ambiente convinieron de inmediato en la necesidad de denunciar los hechos y, tras encargar el preceptivo informe a sus servicios jurídicos respectivos, se acordó la presentación de una denuncia conjunta, que se formalizó la pasada semana ante el juzgado de guardia. La denuncia, junto a la que se ha aportado la documentación de las cédulas originales y las supuestamente manipuladas, ha sido trasladada al juzgado de instrucción 11, que es el que dirigirá la investigación, y se ha dado cuenta de la misma a la fiscalía de Balears.
Las instituciones entregan al juzgado una quincena de documentos supuestamente manipulados para obtener permisos de nuevos pozos
B. PALAU/ A. ARTIGUES. PALMA.El Consell de Mallorca y el Govern han denunciado ante el juez la supuesta existencia de una trama de falsificación de cédulas de habitabilidad de viviendas en suelo rústico. En principio, se sospecha que las cédulas falsas se han utilizado para la obtención de permisos para la perforación de pozos, pero no se descarta que a través de las mismas cédulas alteradas se haya pretendido también la legalización, como viviendas, de construcciones en suelo rústico. La denuncia se ha presentado de forma conjunta por las dos instituciones y está firmada por el conseller de Ordenación del Territorio del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, y por el conseller de Medio Ambiente del Govern, Jaume Font. Los hechos presuntamente delictivos, que están siendo investigados por el Cuerpo Nacional de Policía y el juzgado de instrucción número 11 de Palma, salieron a la luz al analizarse una serie de peticiones de autorización para perforar pozos.
Viviendas
La autorización para la explotación de un pozo requiere, según han explicado fuentes jurídicas, que el pozo esté ligado a una vivienda, de manera que es imprescindible aportar la cédula de habitabilidad correspondiente. En los casos que levantaron sospechas, la conselleria y el Consell de Mallorca -que es la institución competente para la concesión de las cédulas de habitabilidad- comprobaron que el documento que se aportaba no figuraba como tal en el registro del Consell.
Pudo constatarse que las cédulas aportadas partían de otras que sí estaban registradas, pero con algunos de los datos alterados. Por ello, al confirmarse la presunta irregularidad se revisaron las cédulas que acompañaban las peticiones y se vio cómo se había producido la manipulación.
Los documentos afectados descubiertos son por ahora unas quince cédulas de los años 2002 y 2003 y afectan a autorizaciones en varios municipios de la isla, entre ellos Manacor, Inca, Alcúdia, Pollença o Porreres.
Sin embargo, el hallazgo de otra cédula de habitabilidad no ligada a una petición de pozo y también supuestamente manipulada hace temer que las dimensiones de la trama puedan ser mayores. Tanto el responsable del departamento de Ordenación del Territorio del Consell como de la conselleria de Medio Ambiente convinieron de inmediato en la necesidad de denunciar los hechos y, tras encargar el preceptivo informe a sus servicios jurídicos respectivos, se acordó la presentación de una denuncia conjunta, que se formalizó la pasada semana ante el juzgado de guardia. La denuncia, junto a la que se ha aportado la documentación de las cédulas originales y las supuestamente manipuladas, ha sido trasladada al juzgado de instrucción 11, que es el que dirigirá la investigación, y se ha dado cuenta de la misma a la fiscalía de Balears.
-- LOS DATOS
la pista
La manipulación de las cédulas de habitabilidad se detectó en expedientes de petición de autorización de nuevos pozos.
denuncia
La denuncia se presentó de forma conjunta por el Govern y el Consell la pasada semana ante el juez de guardia.
dimensiones
El hallazgo de una cédula manipulada no ligada a una petición de pozo levanta sospechas sobre el alcance del caso.
la manipulación
Las cédulas falsificadas parten de una original, de la que se alteran algunos datos y se mantienen otros.
14 de juliol 2004
El Govern y el Consell denuncian en el juzgado pozos ilegales
(El Mundo, 14/07/2004)
Las instituciones detectan la existencia de perforaciones clandestinas para extraer agua en distintos puntos de Mallorca
L.M.
PALMA.- Las perforaciones ilegales han proliferado en las últimas semanas. Máxime cuando la subida de las temperaturas han hecho que el agua se convierta en un bien cada vez más escaso. La Consellería de Medio Ambiente y el Consell de Mallorca han presentado en el juzgado de guardia una ingente cantidad de denuncias contra estos pozos clandestinos.
En esta ocasión, los reflejos de la Conselleria de Medio Ambiente han resultado providenciales para evitar un posible expolio de los recursos hídricos en el subsuelo mallorquín. Las denuncias han pasado por registro a la espera de que el juez decida abrir diligencias al respecto.
Las copiosas lluvias caídas en los últimos meses han multiplicados hasta cantidades ingentes el caudal de los acuíferos de Mallorca. Sin embargo, este hecho no ha evitado la avidez de los más desaprensivos por practicar prospecciones del terreno clandestinas.
El agua se convierte en un preciado tesoro durante estos meses. Las perforaciones indiscriminadas y la extracción del agua sin control de las reservas del subsuelo puede dar al traste con el regadía de la agricultura o con el agua para el consumo humano.
Debido a la lluvia continua caída durante los últimos meses en Mallorca, las filtraciones han proliferado en distintos puntos de la Isla. De hecho, las perforaciones ilegales en busca del preciado líquido contaban con un alto porcentaje de probabilidad de saldarse con éxito.
Según las investigaciones practicadas por el Consell Insular de Mallorca y la Conselleria de Medio Ambiente muchos han sido los que han decidido convertirse en zahoríes por su cuenta y riesgo. Corresponde a estas dos instituciones dar los permisos para poder practicar una perforación del subsuelo en busca de agua. Algo que evidentemente no se ha hecho en los casos denunciados.
Una de las principales reservas del subsuelo mallorquín ha sido el embalse de s'Extremera. Las filtraciones del agua de lluvia le ha llevado a alcanzar un importante volumen de agua.
Otro tanto ocurre con los embalse de Cúber y Gorg Blau. Las importantes reservas de agua permite mirar con cierto optimismo hacia los dos próximos años. En cambio, este hecho no impide que la extracción del agua siga estando sometida a un importante control por parte de las autoridades competentes.
Delito ecológico
Las denuncias presentadas por Consell y Conselleria podía acarrear la correspondiente multa en función de si la extracción es más o menos desmedida por un presunto delito ecológico.
Pese a la lluvia caída durante los últimos años, los estragos de la sequía del año 2000 se encuentran omnipresentes. De hecho, según la Encuesta del Agua realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los hogares de Baleares son los que menos agua consumieron n de toda España durante 2002.
El gasto de agua en el archipiélago alcanzó 127 litros por habitante y día durante 2002. En cambio, ese mismo año, la media nacional de consumo de agua por habitante era de 164 litros por habitante y día.
Las instituciones detectan la existencia de perforaciones clandestinas para extraer agua en distintos puntos de Mallorca
L.M.
PALMA.- Las perforaciones ilegales han proliferado en las últimas semanas. Máxime cuando la subida de las temperaturas han hecho que el agua se convierta en un bien cada vez más escaso. La Consellería de Medio Ambiente y el Consell de Mallorca han presentado en el juzgado de guardia una ingente cantidad de denuncias contra estos pozos clandestinos.
En esta ocasión, los reflejos de la Conselleria de Medio Ambiente han resultado providenciales para evitar un posible expolio de los recursos hídricos en el subsuelo mallorquín. Las denuncias han pasado por registro a la espera de que el juez decida abrir diligencias al respecto.
Las copiosas lluvias caídas en los últimos meses han multiplicados hasta cantidades ingentes el caudal de los acuíferos de Mallorca. Sin embargo, este hecho no ha evitado la avidez de los más desaprensivos por practicar prospecciones del terreno clandestinas.
El agua se convierte en un preciado tesoro durante estos meses. Las perforaciones indiscriminadas y la extracción del agua sin control de las reservas del subsuelo puede dar al traste con el regadía de la agricultura o con el agua para el consumo humano.
Debido a la lluvia continua caída durante los últimos meses en Mallorca, las filtraciones han proliferado en distintos puntos de la Isla. De hecho, las perforaciones ilegales en busca del preciado líquido contaban con un alto porcentaje de probabilidad de saldarse con éxito.
Según las investigaciones practicadas por el Consell Insular de Mallorca y la Conselleria de Medio Ambiente muchos han sido los que han decidido convertirse en zahoríes por su cuenta y riesgo. Corresponde a estas dos instituciones dar los permisos para poder practicar una perforación del subsuelo en busca de agua. Algo que evidentemente no se ha hecho en los casos denunciados.
Una de las principales reservas del subsuelo mallorquín ha sido el embalse de s'Extremera. Las filtraciones del agua de lluvia le ha llevado a alcanzar un importante volumen de agua.
Otro tanto ocurre con los embalse de Cúber y Gorg Blau. Las importantes reservas de agua permite mirar con cierto optimismo hacia los dos próximos años. En cambio, este hecho no impide que la extracción del agua siga estando sometida a un importante control por parte de las autoridades competentes.
Delito ecológico
Las denuncias presentadas por Consell y Conselleria podía acarrear la correspondiente multa en función de si la extracción es más o menos desmedida por un presunto delito ecológico.
Pese a la lluvia caída durante los últimos años, los estragos de la sequía del año 2000 se encuentran omnipresentes. De hecho, según la Encuesta del Agua realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los hogares de Baleares son los que menos agua consumieron n de toda España durante 2002.
El gasto de agua en el archipiélago alcanzó 127 litros por habitante y día durante 2002. En cambio, ese mismo año, la media nacional de consumo de agua por habitante era de 164 litros por habitante y día.
13 de juliol 2004
El Consell d'Eivissa i Formentera «ocultó» un auto judicial que le impide retirarse del 'caso ses Torres', según el Pacte
(El Mundo, 13/07/2004)
El auto judicial deniega a la máxima institución pitiusa el desistimiento en la causa al considerar que se trata de una cuestión de interés general - El PP dará su versión durante el próximo Pleno
JOSÉ M. DE LAMO
EIVISSA.- El Grupo Progressista del Consell Insular hizo público ayer un auto judicial de fecha 21 de febrero de 2004 por el cuál se deniega el «desistimiento» solicitado por la máxima institución pitiusa respecto al procedimiento seguido contra el Ayuntamiento de Santa Eulària con respecto a la urbanización de ses Torres.
La portavoz de los progresistas, Pilar Costa, acusó al equipo de Gobierno del Partido Popular de intentar ocultar esta resolución judicial y acusó a los populares de empeñarse «en llevar adelante una política urbanística que los tribunales le están continuamente tumbando».
Según reza el auto judicial, no es admisible que el reconocimiento realizado en su día por el Ayuntamiento de Santa Eulària, en el que acepta la nulidad del Plan de Delimitación del Suelo Urbano municipal, «no se traduzca en las actuaciones correspondientes», como la anulación de las licencias otorgadas para esta urbanización. En este mismo sentido, considera «inadmisible» que el Consell, «una vez reconocido por el Ayuntamiento esos defectos abandone y desista de la acción ejercitada que pretende destruir esa licencia».
Interés general
El auto continúa asegurando que desistir de esta acusación «es evidente que causa un perjuicio al interés general», a lo que añade que si estos reconocimientos de nulidad «no van acompañados de los actos necesarios por una u otra parte para adecuar la realidad a la legalidad urbanística infringida, contribuyen un brindis al sol».
La resolución señala a su vez que, independientemente de los intereses de los terceros adquirientes «de buena fe», que considera atendibles y totalmente respetables, «la obligación de toda administración es perseguir la absoluta adecuación de la realidad a la legalidad urbanística». En este punto matiza que, aunque en un futuro la situación de estos terceros adquirientes pueda ser objeto de legalización, «es una hipótesis y, como tal, ahora no es contemplable, porque esta jurisdicción lo que hace es revisar los actos dictados según se adecúen o no a derecho, y el interés general en materia urbanística está por encima de los intereses de esos terceros adquirientes».
Finalmente, el auto judicial justifica el no acceder al desistimiento al entender que «al abandonar la parte actora el ejercicio de la impugnación contra el acuerdo del Ayuntamiento de Santa Eulària» que concedió la licencia de segregación y parcelación de la urbanización de ses Torres «se causa perjuicio al interés general».
Este periódico se puso ayer en contacto con el conseller de Urbanismo, José Torres, para que expusiera su versión sobre esta cuestión, a lo que señaló que el equipo de Gobierno contestará en el próximo Pleno «ya que el Pacte ha presentado una pregunta en estos términos y, por respeto, el presidente ha decidido que se contestará allí».
El auto judicial deniega a la máxima institución pitiusa el desistimiento en la causa al considerar que se trata de una cuestión de interés general - El PP dará su versión durante el próximo Pleno
JOSÉ M. DE LAMO
EIVISSA.- El Grupo Progressista del Consell Insular hizo público ayer un auto judicial de fecha 21 de febrero de 2004 por el cuál se deniega el «desistimiento» solicitado por la máxima institución pitiusa respecto al procedimiento seguido contra el Ayuntamiento de Santa Eulària con respecto a la urbanización de ses Torres.
La portavoz de los progresistas, Pilar Costa, acusó al equipo de Gobierno del Partido Popular de intentar ocultar esta resolución judicial y acusó a los populares de empeñarse «en llevar adelante una política urbanística que los tribunales le están continuamente tumbando».
Según reza el auto judicial, no es admisible que el reconocimiento realizado en su día por el Ayuntamiento de Santa Eulària, en el que acepta la nulidad del Plan de Delimitación del Suelo Urbano municipal, «no se traduzca en las actuaciones correspondientes», como la anulación de las licencias otorgadas para esta urbanización. En este mismo sentido, considera «inadmisible» que el Consell, «una vez reconocido por el Ayuntamiento esos defectos abandone y desista de la acción ejercitada que pretende destruir esa licencia».
Interés general
El auto continúa asegurando que desistir de esta acusación «es evidente que causa un perjuicio al interés general», a lo que añade que si estos reconocimientos de nulidad «no van acompañados de los actos necesarios por una u otra parte para adecuar la realidad a la legalidad urbanística infringida, contribuyen un brindis al sol».
La resolución señala a su vez que, independientemente de los intereses de los terceros adquirientes «de buena fe», que considera atendibles y totalmente respetables, «la obligación de toda administración es perseguir la absoluta adecuación de la realidad a la legalidad urbanística». En este punto matiza que, aunque en un futuro la situación de estos terceros adquirientes pueda ser objeto de legalización, «es una hipótesis y, como tal, ahora no es contemplable, porque esta jurisdicción lo que hace es revisar los actos dictados según se adecúen o no a derecho, y el interés general en materia urbanística está por encima de los intereses de esos terceros adquirientes».
Finalmente, el auto judicial justifica el no acceder al desistimiento al entender que «al abandonar la parte actora el ejercicio de la impugnación contra el acuerdo del Ayuntamiento de Santa Eulària» que concedió la licencia de segregación y parcelación de la urbanización de ses Torres «se causa perjuicio al interés general».
Este periódico se puso ayer en contacto con el conseller de Urbanismo, José Torres, para que expusiera su versión sobre esta cuestión, a lo que señaló que el equipo de Gobierno contestará en el próximo Pleno «ya que el Pacte ha presentado una pregunta en estos términos y, por respeto, el presidente ha decidido que se contestará allí».
El GEN denuncia unas obras en Sant Josep
(El Mundo, 13/07/2003)
Los ecologistas piden a la Comisión Insular de Urbanismo que investigue la construcción de dos edificaciones de tres alturas en suelo rústico forestal de la parroquia de Sant Agustí
EIVISSA.- El Grup d'Estudis de sa Naturalesa (GEN) presentó una denuncia ante la Comisión Insular de Urbanismo por dos la construcción de dos grandes estructuras de tres plantas de altura en una zona calificada como suelo rústico forestal de la parroquia de Sant Agustí, en Sant Josep.
Según el grupo ecologista, estas edificaciones constituyen una infracción urbanística según la ley autonómica 10/90 de disciplina urbanística y según las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Sant Josep.
Estos hechos, según el GEN, fueron puestos en conocimiento del Ayuntamiento «sin que a día de hoy se haya notificación de ninguna actuación al respecto». Ante esta situación, solicitan al Consell que se subrogue las competencias por la inactividad municipal, que se paralicen las obras, que se investiguen los hechos y que se reponga el lugar a su estado natural «en el más breve término que sea posible».
Los ecologistas piden a la Comisión Insular de Urbanismo que investigue la construcción de dos edificaciones de tres alturas en suelo rústico forestal de la parroquia de Sant Agustí
EIVISSA.- El Grup d'Estudis de sa Naturalesa (GEN) presentó una denuncia ante la Comisión Insular de Urbanismo por dos la construcción de dos grandes estructuras de tres plantas de altura en una zona calificada como suelo rústico forestal de la parroquia de Sant Agustí, en Sant Josep.
Según el grupo ecologista, estas edificaciones constituyen una infracción urbanística según la ley autonómica 10/90 de disciplina urbanística y según las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Sant Josep.
Estos hechos, según el GEN, fueron puestos en conocimiento del Ayuntamiento «sin que a día de hoy se haya notificación de ninguna actuación al respecto». Ante esta situación, solicitan al Consell que se subrogue las competencias por la inactividad municipal, que se paralicen las obras, que se investiguen los hechos y que se reponga el lugar a su estado natural «en el más breve término que sea posible».
09 de juliol 2004
EU-EV denuncia ante la Fiscalía la existencia de siete vertederos ilegales en el municipio de Palma
(El Mundo, 9/07/2004)
El grupo municipal de Esquerra Unida-Els Verds (EU-EV) en el Ayuntamiento de Palma presentó hoy ante la Fiscalía de Delitos Ecológicos una denuncia con supuestas pruebas gráficas y documentales sobre la existencia de siete vertederos ilegales en el municipio
PALMA EFE.- El grupo municipal de Esquerra Unida-Els Verds (EU-EV) en el Ayuntamiento de Palma presentó hoy ante la Fiscalía de Delitos Ecológicos una denuncia con supuestas pruebas gráficas y documentales sobre la existencia de siete vertederos ilegales en el municipio. Según la coalición, estas instalaciones están ubicadas en La Bonanova (al final del camino de Cala Major), Son Flor (final de la calle Josep Estela), Arenal (final de la calle Lisboa), Son Serra-La Vileta (camino del cementerio), L'Olivera (calle Son Ferragut), Son Rapinya (delante del colegio Madre Alberta) y Estado Balear (camí Vell de Bunyola). En al denuncia, la formación afirma que el mantenimiento de estos vertederos "sólo es explicable en el marco de una negligencia culpable del Ayuntamiento en el cumplimiento de sus funciones". Hace aproximadamente un mes, EU-EV afirmó sobre los seis primeros que en todos los casos son vertederos que "ya han sido reiteradamente denunciadas por los medios de comunicación, los partidos políticos y por los vecinos" y que, pese a ello, no se han puesto los medios necesarios para impedir que sigan funcionando. "Estamos hablando de terrenos que, en algunos casos, llevan muchos años soportando el vertido de residuos, algunos de ellos tóxicos y peligrosos, de la construcción y otros tipos de objetos: electrodomésticos, botes de pintura, ruedas de goma, muebles, maderas, tuberías de PVC, baterías, vidrios, etc", añadía. Asimismo, denunciaba como "significativo" que todos los vertidos tengan en común el fácil acceso con coche y el vertido directo". Para el grupo rojiverde, al margen de la responsabilidad que tienen los propietarios, el concejal de Medio Ambiente en Palma, Antoni Nadal, ha de "poner todos los medios suficientes para impedir que se perpetúen en el tiempo estas ilegalidades y no dé la sensación de que se esta práctica está consentida". Además de a la Fiscalía, la coalición anunció que tenía previsto llevar el tema a la Conselleria de Medio Ambiente y el Seprona y a la consideración del próximo pleno municipal.
El grupo municipal de Esquerra Unida-Els Verds (EU-EV) en el Ayuntamiento de Palma presentó hoy ante la Fiscalía de Delitos Ecológicos una denuncia con supuestas pruebas gráficas y documentales sobre la existencia de siete vertederos ilegales en el municipio
PALMA EFE.- El grupo municipal de Esquerra Unida-Els Verds (EU-EV) en el Ayuntamiento de Palma presentó hoy ante la Fiscalía de Delitos Ecológicos una denuncia con supuestas pruebas gráficas y documentales sobre la existencia de siete vertederos ilegales en el municipio. Según la coalición, estas instalaciones están ubicadas en La Bonanova (al final del camino de Cala Major), Son Flor (final de la calle Josep Estela), Arenal (final de la calle Lisboa), Son Serra-La Vileta (camino del cementerio), L'Olivera (calle Son Ferragut), Son Rapinya (delante del colegio Madre Alberta) y Estado Balear (camí Vell de Bunyola). En al denuncia, la formación afirma que el mantenimiento de estos vertederos "sólo es explicable en el marco de una negligencia culpable del Ayuntamiento en el cumplimiento de sus funciones". Hace aproximadamente un mes, EU-EV afirmó sobre los seis primeros que en todos los casos son vertederos que "ya han sido reiteradamente denunciadas por los medios de comunicación, los partidos políticos y por los vecinos" y que, pese a ello, no se han puesto los medios necesarios para impedir que sigan funcionando. "Estamos hablando de terrenos que, en algunos casos, llevan muchos años soportando el vertido de residuos, algunos de ellos tóxicos y peligrosos, de la construcción y otros tipos de objetos: electrodomésticos, botes de pintura, ruedas de goma, muebles, maderas, tuberías de PVC, baterías, vidrios, etc", añadía. Asimismo, denunciaba como "significativo" que todos los vertidos tengan en común el fácil acceso con coche y el vertido directo". Para el grupo rojiverde, al margen de la responsabilidad que tienen los propietarios, el concejal de Medio Ambiente en Palma, Antoni Nadal, ha de "poner todos los medios suficientes para impedir que se perpetúen en el tiempo estas ilegalidades y no dé la sensación de que se esta práctica está consentida". Además de a la Fiscalía, la coalición anunció que tenía previsto llevar el tema a la Conselleria de Medio Ambiente y el Seprona y a la consideración del próximo pleno municipal.
Partido Popular y UM proponen una ley para regularizar unas 1.800 viviendas vacacionales
(Diario de Mallorca, 9/07/2004)
V. EZA. PALMA.
PP y UM presentaron ayer una proposición de ley en el Parlament con el fin de regular la comercialización de estancias turísticas en viviendas residenciales de las islas, lo que, según explicó Miquel Nadal (UM) permitirá la regularización de "aproximadamente 1.800 viviendas, aunque es difícil hacer cálculos exactos".
Nadal y Gaspar Oliver, diputado del grupo popular, precisaron que esta iniciativa se podrá debatir en el Parlament tras el verano y quedará aprobada antes de que finalice el año. Nadal precisó que las anteriores normativas habían permitido regularizar entre 800 y 1.200 viviendas de las aproximadamente 2.500 a 3.000 que se calcula que existen dentro de esta modalidad turística y con la propuesta de ley presentada ayer quedarían regularizadas todas.
"Se trata de un producto positivo ya que está muy repartido en lo que se refiere a la propiedad, por lo que supone de algún modo democratizar el tema turístico", dijo Nadal. Agregó que "hay muchos particulares que están comercializando una o dos viviendas que les permiten tener unos ingresos" que, al no estar regularizadas, "son difíciles de calcular". Precisó que, estas viviendas se encuentran hasta ahora "en situación de alegalidad, que no es lo mismo que ilegalidad", al no poder ceñirse ni a lo establecido por el POOT ni a la Ley General Turística.
Las viviendas residenciales a las que se refiere la propuesta son chalés que reúnan una serie de condiciones, entre ellas disponer como máximo de 6 dormitorios que no sobrepasen las doce plazas.
V. EZA. PALMA.
PP y UM presentaron ayer una proposición de ley en el Parlament con el fin de regular la comercialización de estancias turísticas en viviendas residenciales de las islas, lo que, según explicó Miquel Nadal (UM) permitirá la regularización de "aproximadamente 1.800 viviendas, aunque es difícil hacer cálculos exactos".
Nadal y Gaspar Oliver, diputado del grupo popular, precisaron que esta iniciativa se podrá debatir en el Parlament tras el verano y quedará aprobada antes de que finalice el año. Nadal precisó que las anteriores normativas habían permitido regularizar entre 800 y 1.200 viviendas de las aproximadamente 2.500 a 3.000 que se calcula que existen dentro de esta modalidad turística y con la propuesta de ley presentada ayer quedarían regularizadas todas.
"Se trata de un producto positivo ya que está muy repartido en lo que se refiere a la propiedad, por lo que supone de algún modo democratizar el tema turístico", dijo Nadal. Agregó que "hay muchos particulares que están comercializando una o dos viviendas que les permiten tener unos ingresos" que, al no estar regularizadas, "son difíciles de calcular". Precisó que, estas viviendas se encuentran hasta ahora "en situación de alegalidad, que no es lo mismo que ilegalidad", al no poder ceñirse ni a lo establecido por el POOT ni a la Ley General Turística.
Las viviendas residenciales a las que se refiere la propuesta son chalés que reúnan una serie de condiciones, entre ellas disponer como máximo de 6 dormitorios que no sobrepasen las doce plazas.
LOS DATOS
condiciones
La propuesta permitirá regularizar la regularización de estancias turísticas en chalés que tengan como máximo seis dormitorios y doce plazas, entre otras condiciones.
modalidad
Nadal afirmó que se trata de una modalidad turística "positiva" porque supone la "democratización del tema turístico".
03 de juliol 2004
El rector de la UIB critica la pasividad municipal ante el alojamiento no reglado
(Diario de Mallorca, 3/07/2004)
TURISMO / BARCELÓ RECONOCE SU ASOCIACIÓN CON EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA "ALGUNOS PROYECTOS"
El rector critica la pasividad municipal ante el alojamiento no reglado
Miquel Llabrés cree que el fin de la moratoria no tiene por qué afectar al sector hotelero
N. TOGORES. PALMA.
El rector de la Universtitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, criticó ayer la permisividad con la que ciertos municipios de la isla afrontan la proliferación de alojamientos no reglados, cuya actividad incide directamente y de forma negativa sobre el sector hotelero.
Durante la charla de apertura de las IV jornadas de excelencia turística, que en esta ocasión tratan con especial interés el papel de los municipios en esta industria, el rector manifestó que actualmente existen "miles de plazas" no regladas en el mercado que desvían turistas de los hoteles y, en consecuencia, merman sus ingresos y beneficios. Según Blasco, el del alojamiento no reglado que, entre otras cosas, no paga impuestos, es "un vacío tradicional" en la legislación balear que "en parte coincide con las viviendas vacacionales y en parte, no".
"En cuarenta años no se ha realizado una planificación lo suficientemente cuidada y esto se ha desbordado un poco; todos los municipios han crecido y ello ha sido responsabilidad de los ayuntamientos, que no se daban cuenta de que eran una pieza más del puzle", recalcó el rector, quien insistió: "Ha habido permisividad respecto a la oferta no reglada por parte de algunos consistorios".
En opinión de Blasco, estas entidades, dijo, tienen capacidad para detectar proyectos que esconden un fin turístico y remarcó que, con vistas al futuro, se debería promover la regulación de esta oferta. "No podemos seguir con la actitud de ´dejar hacer´".
"Nos interesa construir"
Por su parte, Miquel Llabrés, presidente de Construcciones Llabrés Feliu, manifestó ayer en relación a la demanda de los hoteleros de paralizar el crecimiento, que cada sector defiende sus intereses. "A nosotros nos interesa construir porque es nuestro trabajo y si no lo hacemos, nos tendremos que ir a otros lugares", indicó el empresario, quien añadió que, a su juicio, el levantamiento de la moratoria urbanística no tiene por qué afectar a la industria hotelera.
En sentido contrario a lo indicado por Llabrés, el empresario hotelero y presidente de la Fundación Barceló, Gabriel Barceló manifestó: "Lo sorprendente de nuestra sociedad ha sido que durante los últimos diez años haya habido tanta inversión en nuevos hoteles, apartamentos y oferta residencial cuando se sabía que no era rentable". A ello agregó: "Puedo demostrar con documentos que hace más de 25 años que tenemos terrenos disponibles para proyectos hoteleros y no hemos hecho ninguno porque nos dimos cuenta de que no eran rentables".
Barceló dijo que su trayectoria comenzó con una empresa de autobuses y que hoy día incluso tiene intereses en una empresa de construcción para levantar sus propios hoteles "y algunos otros proyectos" que no especificó.
TURISMO / BARCELÓ RECONOCE SU ASOCIACIÓN CON EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA "ALGUNOS PROYECTOS"
El rector critica la pasividad municipal ante el alojamiento no reglado
Miquel Llabrés cree que el fin de la moratoria no tiene por qué afectar al sector hotelero
N. TOGORES. PALMA.
El rector de la Universtitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, criticó ayer la permisividad con la que ciertos municipios de la isla afrontan la proliferación de alojamientos no reglados, cuya actividad incide directamente y de forma negativa sobre el sector hotelero.
Durante la charla de apertura de las IV jornadas de excelencia turística, que en esta ocasión tratan con especial interés el papel de los municipios en esta industria, el rector manifestó que actualmente existen "miles de plazas" no regladas en el mercado que desvían turistas de los hoteles y, en consecuencia, merman sus ingresos y beneficios. Según Blasco, el del alojamiento no reglado que, entre otras cosas, no paga impuestos, es "un vacío tradicional" en la legislación balear que "en parte coincide con las viviendas vacacionales y en parte, no".
"En cuarenta años no se ha realizado una planificación lo suficientemente cuidada y esto se ha desbordado un poco; todos los municipios han crecido y ello ha sido responsabilidad de los ayuntamientos, que no se daban cuenta de que eran una pieza más del puzle", recalcó el rector, quien insistió: "Ha habido permisividad respecto a la oferta no reglada por parte de algunos consistorios".
En opinión de Blasco, estas entidades, dijo, tienen capacidad para detectar proyectos que esconden un fin turístico y remarcó que, con vistas al futuro, se debería promover la regulación de esta oferta. "No podemos seguir con la actitud de ´dejar hacer´".
"Nos interesa construir"
Por su parte, Miquel Llabrés, presidente de Construcciones Llabrés Feliu, manifestó ayer en relación a la demanda de los hoteleros de paralizar el crecimiento, que cada sector defiende sus intereses. "A nosotros nos interesa construir porque es nuestro trabajo y si no lo hacemos, nos tendremos que ir a otros lugares", indicó el empresario, quien añadió que, a su juicio, el levantamiento de la moratoria urbanística no tiene por qué afectar a la industria hotelera.
En sentido contrario a lo indicado por Llabrés, el empresario hotelero y presidente de la Fundación Barceló, Gabriel Barceló manifestó: "Lo sorprendente de nuestra sociedad ha sido que durante los últimos diez años haya habido tanta inversión en nuevos hoteles, apartamentos y oferta residencial cuando se sabía que no era rentable". A ello agregó: "Puedo demostrar con documentos que hace más de 25 años que tenemos terrenos disponibles para proyectos hoteleros y no hemos hecho ninguno porque nos dimos cuenta de que no eran rentables".
Barceló dijo que su trayectoria comenzó con una empresa de autobuses y que hoy día incluso tiene intereses en una empresa de construcción para levantar sus propios hoteles "y algunos otros proyectos" que no especificó.
20 de juny 2004
Los jueces ratifican desde 1994 la mayor parte de sanciones urbanísticas del Consell
(Diario de Mallorca, 20/06/2004)
Según el conseller Vicens, la balanza favorable avala la política de urbanismo de la institución
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
La mayoría de acuerdos del Consell de Mallorca en materia de disciplina urbanística, que han sido recurridos por los particulares afectados desde 1994 hasta hoy, han sido ratificados por la justicia, según un informe del departamento de Ordenación del Territorio que analiza las sentencias recaídas. Mayoritariamente, las sentencias, cuyo número se incrementa de forma progresiva en los últimos años, se refieren a imposición de sanciones por obras ilegales e incluso a órdenes de demolición de construcciones.
En concreto, el estudio revela que frente a nueve sentencias estimatorias de los recursos, más nueve estimaciones parciales, las desestimatorias -que suponen la confirmación de la decisión adoptada por el Consell en el seno de un expediente de disciplina urbanística- han sido un total de 41.
Asimismo, en cuanto a los recursos planteados por el propio Consell, normalmente en contra de la concesión de una determinada licencia por parte de un ayuntamiento, se han presentado seis y las sentencias que han recaído han sido en todos los casos estimatorias, en favor de los argumentos del Consell, no habiendo sido rechazo ningún recurso planteado por la institución insular.
Sólo disciplina
El conseller de Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens, matiza que el citado informe sobre la litigiosidad urbanística del Consell se refiere exclusivamente a disciplina y no incluye los recursos que puedan haberse planteado contra otros acuerdos en materia de ordenación territorial como podrían ser las moratorias que se han sucedido en los últimos años y que han originado pleitos.
A juicio del responsable de Ordenación Territorial, el hecho de que la balanza se resuelva en favor del Consell tiene una importancia doblemente positiva. Por una parte, demuestra que la institución insular hace una correcta interpretación de la normativa urbanística, ya que ésta es ratificada por la justicia. Además, por otra parte, esa confirmación de los acuerdos sobre disciplina -añade el conseller- crea un clima de seguridad jurídica para el ciudadano en el sentido de que legitima la política urbanística que desarrolla el Consell.
En esta línea, Bartomeu Vicens añadió que, en el seno de la comisión urbanística, se toma en consideración siempre el informe de los asesores jurídicos del departamento de urbanismo antes de resolver en un sentido u otro un determinado expediente de disciplina.
Igualmente, Vicens destacó que el Consell sopesa mucho la posibilidad de que sea la institución insular la que inicie un procedimiento judicial, asegurando que únicamente se hace en aquellos casos en que, por recomendación de los asesores, es preciso actuar.
Sanciones y demoliciones
Del total de 41 sentencias favorables al Consell, en 27 de ellas se imponían sanciones y en otras 10 se ordenaba incluso la demolición de la obra ilegal.
En cuanto a las sentencias contrarias al Consell, los jueces han revocado en dos casos la sanción porque las obras han sido posteriormente legalizadas, al igual que en otros dos casos en que se había acordado la demolición. Otras cinco sentencias contrarias están en estos momentos apeladas. Igualmente, en seis casos, los jueces han estimado parcialmente el recurso del particular, por ejemplo, rebajando la cuantía de la sanción o estimando únicamente los argumentos de uno de los recurrentes.
Sin embargo, en los casos en que es el Consell quien actúa, en cuatro casos lo ha hecho para apelar y en otros dos contra el otorgamiento de una licencia y por revisión de otra. Además de las sentencias del TSJB y de los juzgados de lo contencioso, hay que contabilizar una del Tribunal Supremo (que confirma la demolición de Monnàber) y otras tres de otros juzgados relacionadas con expedientes.
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Las sentencias
Según el conseller Vicens, la balanza favorable avala la política de urbanismo de la institución
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
La mayoría de acuerdos del Consell de Mallorca en materia de disciplina urbanística, que han sido recurridos por los particulares afectados desde 1994 hasta hoy, han sido ratificados por la justicia, según un informe del departamento de Ordenación del Territorio que analiza las sentencias recaídas. Mayoritariamente, las sentencias, cuyo número se incrementa de forma progresiva en los últimos años, se refieren a imposición de sanciones por obras ilegales e incluso a órdenes de demolición de construcciones.
En concreto, el estudio revela que frente a nueve sentencias estimatorias de los recursos, más nueve estimaciones parciales, las desestimatorias -que suponen la confirmación de la decisión adoptada por el Consell en el seno de un expediente de disciplina urbanística- han sido un total de 41.
Asimismo, en cuanto a los recursos planteados por el propio Consell, normalmente en contra de la concesión de una determinada licencia por parte de un ayuntamiento, se han presentado seis y las sentencias que han recaído han sido en todos los casos estimatorias, en favor de los argumentos del Consell, no habiendo sido rechazo ningún recurso planteado por la institución insular.
Sólo disciplina
El conseller de Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens, matiza que el citado informe sobre la litigiosidad urbanística del Consell se refiere exclusivamente a disciplina y no incluye los recursos que puedan haberse planteado contra otros acuerdos en materia de ordenación territorial como podrían ser las moratorias que se han sucedido en los últimos años y que han originado pleitos.
A juicio del responsable de Ordenación Territorial, el hecho de que la balanza se resuelva en favor del Consell tiene una importancia doblemente positiva. Por una parte, demuestra que la institución insular hace una correcta interpretación de la normativa urbanística, ya que ésta es ratificada por la justicia. Además, por otra parte, esa confirmación de los acuerdos sobre disciplina -añade el conseller- crea un clima de seguridad jurídica para el ciudadano en el sentido de que legitima la política urbanística que desarrolla el Consell.
En esta línea, Bartomeu Vicens añadió que, en el seno de la comisión urbanística, se toma en consideración siempre el informe de los asesores jurídicos del departamento de urbanismo antes de resolver en un sentido u otro un determinado expediente de disciplina.
Igualmente, Vicens destacó que el Consell sopesa mucho la posibilidad de que sea la institución insular la que inicie un procedimiento judicial, asegurando que únicamente se hace en aquellos casos en que, por recomendación de los asesores, es preciso actuar.
Sanciones y demoliciones
Del total de 41 sentencias favorables al Consell, en 27 de ellas se imponían sanciones y en otras 10 se ordenaba incluso la demolición de la obra ilegal.
En cuanto a las sentencias contrarias al Consell, los jueces han revocado en dos casos la sanción porque las obras han sido posteriormente legalizadas, al igual que en otros dos casos en que se había acordado la demolición. Otras cinco sentencias contrarias están en estos momentos apeladas. Igualmente, en seis casos, los jueces han estimado parcialmente el recurso del particular, por ejemplo, rebajando la cuantía de la sanción o estimando únicamente los argumentos de uno de los recurrentes.
Sin embargo, en los casos en que es el Consell quien actúa, en cuatro casos lo ha hecho para apelar y en otros dos contra el otorgamiento de una licencia y por revisión de otra. Además de las sentencias del TSJB y de los juzgados de lo contencioso, hay que contabilizar una del Tribunal Supremo (que confirma la demolición de Monnàber) y otras tres de otros juzgados relacionadas con expedientes.
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Las sentencias
· 1994 -1999. Destaca la sentencia 700 del TSJB que obligó al Consell a actuar en relación a los vertederos ilegales. Entre otras, avaló el TSJB sanciones impuestas por haberse segregado sin licencias la finca de s´Olivaret de Palma .
· 2000. Resalta un auto del TSJB que rechazó suspender la ejecución de una sanción a un hotel de Valldemossa.
· 2001. La demolición de unas obras en rústico en Pollença, sin licencia en suelo rústico en s´Espinagar de Manacor. y otras sin licencia en un ARIP de Andratx fueron algunas de las órdenes de restitución de la legalidad del Consell y que ratificó el TSJB. Ese año, el TSJB estimó el recurso de un particular contra la orden de cierre de un vertedero ilegal en Porreres, pero mantuvo la responsabilidad del ayuntamiento.
· 2002. También la mayoría de sentencias confirman sanciones y demoliciones por construcciones en un ANEI de Felanitx, otro (que incluía demolición) en un ARIP-ANEI de Pollença u otra que obligaba a la demolición de un edificio fuera de ordenación en Valledemossa.
· 2003. Destacan la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la demolición de Monnàber y la estimatoria contra la demolición, ahora apelada, de la ampliación de un hotel del municipio de Son Servera.
· 2004. Varias sentencias que estiman recursos contra el Consell están apeladas, dos de ellas referidas a naves industriales en Santa Margalida
18 de juny 2004
Un juez multa al alcalde de Sóller por incumplir una resolución judicial
(Última Hora 18/06/2004)
Le advierte de que puede procesarle por desobediencia a la autoridad
PATRICIO CANDIA
El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma ha dictado un auto por el cual impone al alcalde de Sóller, Carlos Simarro (PP), una multa coercitiva de 600 euros mensuales por incumplir una sentencia que daba al Consistorio un plazo de tres meses para concluir un expediente de restauración de legalidad urbanística (número 14/2003), con propuesta de demolición. El alcalde, elegido para desempeñar ese cargo el pasado año, ignoró esa orden que venía arrastrándose de anteriores legislaturas, y por ello el juez le impone la multa. Además, le advierte que si no concluye el expediente de restauración de legalidad «se expedirá testimonio de particulares contra el alcalde por delito de desobediencia a la autoridad». Y añade: «Dispondrá de un plazo de seis meses a contar a partir del siguiente al citado Pleno para la tramitación del expediente sancionador transcurridos los cuales sin que conste la terminación de aquel expediente, le comportaría idéntico efecto de expedir testimonio de particulares por delito de desobediencia a la autoridad».
El juez advierte al alcalde de que abonará 600 euros mensuales durante los tres primeros meses, si antes no ha cumplido con el mandato judicial, y que el cuarto mes esa suma se elevará hasta los 1.500 euros «hasta nueva orden». En el auto, el juez señala: «La ejecución de sentencias constituye, sin duda alguna, el cierre imprescindible del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido con carácter de derecho fundamental, en el artículo 24 de la Constitución, pues el derecho de acceso a los tribunales se convertirá en una mera declaración retórica si el ordenamiento jurídico no arbitra medios eficaces que garanticen la puntual ejecución de los pronunciamientos judiciales. El derecho fundamental a la ejecución de las sentencias no es un derecho nominal, que se agota en su mera declaración, sino que debe traducirse en la realidad jurídica, y por ello, el juez contencioso-administrativo debe procurar la satisfacción de los derechos de quienes han vencido en juicio frente a la Administración».
Le advierte de que puede procesarle por desobediencia a la autoridad
PATRICIO CANDIA
El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma ha dictado un auto por el cual impone al alcalde de Sóller, Carlos Simarro (PP), una multa coercitiva de 600 euros mensuales por incumplir una sentencia que daba al Consistorio un plazo de tres meses para concluir un expediente de restauración de legalidad urbanística (número 14/2003), con propuesta de demolición. El alcalde, elegido para desempeñar ese cargo el pasado año, ignoró esa orden que venía arrastrándose de anteriores legislaturas, y por ello el juez le impone la multa. Además, le advierte que si no concluye el expediente de restauración de legalidad «se expedirá testimonio de particulares contra el alcalde por delito de desobediencia a la autoridad». Y añade: «Dispondrá de un plazo de seis meses a contar a partir del siguiente al citado Pleno para la tramitación del expediente sancionador transcurridos los cuales sin que conste la terminación de aquel expediente, le comportaría idéntico efecto de expedir testimonio de particulares por delito de desobediencia a la autoridad».
El juez advierte al alcalde de que abonará 600 euros mensuales durante los tres primeros meses, si antes no ha cumplido con el mandato judicial, y que el cuarto mes esa suma se elevará hasta los 1.500 euros «hasta nueva orden». En el auto, el juez señala: «La ejecución de sentencias constituye, sin duda alguna, el cierre imprescindible del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido con carácter de derecho fundamental, en el artículo 24 de la Constitución, pues el derecho de acceso a los tribunales se convertirá en una mera declaración retórica si el ordenamiento jurídico no arbitra medios eficaces que garanticen la puntual ejecución de los pronunciamientos judiciales. El derecho fundamental a la ejecución de las sentencias no es un derecho nominal, que se agota en su mera declaración, sino que debe traducirse en la realidad jurídica, y por ello, el juez contencioso-administrativo debe procurar la satisfacción de los derechos de quienes han vencido en juicio frente a la Administración».
02 de juny 2004
El alcalde de Muro frenará las obras ilegales con la revisión de unos 318 expedientes
(Última Hora, 2/06/2004)
El equipo de gobierno quiere resolver todos estos casos esta legislatura
CARME MORENO
El alcalde del Ajuntament de Muro, Miquel Ramis (CDM), quiere frenar las obras ilegales del municipio con la revisión y resolución de los 318 expedientes de infracción urbanística que hay abiertos en el Ajuntament desde el año 1996. El equipo de gobierno (CDM-PP) ha iniciado este trámite a raíz de las quejas de la oposición y después que esta cuestión haya quedado paralizada durante los últimos años a causa de la falta de personal por las vacantes de una plaza de oficial mayor e interventor.
Así, según detalló el alcalde Ramis, algunos expedientes de infracción urbanística proceden incluso de la legislatura 95-99 cuando Jaume Perelló (UM) y Onofre Plomer (PP) era alcaldes de Muro. Ramis explicó ayer que «tenemos muchos expedientes de obras ilegales pendientes pero muchas de ellas son infracciones legalizables». «Lo que queremos es que todos los murers sean iguales ante el urbanismo y se paralicen todas las obras ilegales», indicó.
La intención del equipo de gobierno municipal es que a finales de esta legislatura estos 318 expedientes pendientes queden resueltos. En el pleno ordinario del pasado jueves el equipo de gobierno llevó dos propuestas de resolución de expedientes urbanísticos que quedaron sobre la mesa porque la oposición de UM y PSOE reclamó más información.
El equipo de gobierno quiere resolver todos estos casos esta legislatura
CARME MORENO
El alcalde del Ajuntament de Muro, Miquel Ramis (CDM), quiere frenar las obras ilegales del municipio con la revisión y resolución de los 318 expedientes de infracción urbanística que hay abiertos en el Ajuntament desde el año 1996. El equipo de gobierno (CDM-PP) ha iniciado este trámite a raíz de las quejas de la oposición y después que esta cuestión haya quedado paralizada durante los últimos años a causa de la falta de personal por las vacantes de una plaza de oficial mayor e interventor.
Así, según detalló el alcalde Ramis, algunos expedientes de infracción urbanística proceden incluso de la legislatura 95-99 cuando Jaume Perelló (UM) y Onofre Plomer (PP) era alcaldes de Muro. Ramis explicó ayer que «tenemos muchos expedientes de obras ilegales pendientes pero muchas de ellas son infracciones legalizables». «Lo que queremos es que todos los murers sean iguales ante el urbanismo y se paralicen todas las obras ilegales», indicó.
La intención del equipo de gobierno municipal es que a finales de esta legislatura estos 318 expedientes pendientes queden resueltos. En el pleno ordinario del pasado jueves el equipo de gobierno llevó dos propuestas de resolución de expedientes urbanísticos que quedaron sobre la mesa porque la oposición de UM y PSOE reclamó más información.
22 de maig 2004
El alcalde de Manacor ordena inspeccionar las casas de Son Talent edificadas sin licencia
(Diario de Mallorca, 22/05/2004)
Los celadores de obras no han detectado las veinte viviendas levantadas en el monte
MIQUEL BARCELÓ. MANACOR.
La permisividad urbanística municipal ha generado otro frente de polémica por la construcción de unas 20 residencias en la zona más privilegiada del entorno de la ciudad de Manacor, el Puig de Son Talent, cuya panorámica alcanza el mar. A finales de los años 70, la parcelación de Son Talent dio origen a 107 unidades de terreno, la mayoría de unos 2.000 metros cuadrados, que hoy en día pertenecen a 90 propietarios.
El alcalde, Antoni Pastor (PP), ordenó ayer que los servicios técnicos abran "una investigación a fondo" después de reconocer la falta de rigor de sus antecesores y que en su opinión ha facilitado la edificación de numerosas viviendas sin tener licencia municipal.
Los técnicos del Ayuntamiento consideran que Son Talent cumple los requisitos de una urbanización, porque tiene junta de compensación formalizada y las cesiones de aprovechamiento tramitadas y aceptadas por el Ayuntamiento en 2001. Sin embargo, las directrices de ordenación territorial (DOT) y el Plan Territorial de Mallorca (PTM) contemplan esta zona como rústica, en base a que se trataría de un núcleo aislado del casco urbano. Entre Son Talent y la ciudad existe una zona de servicios que trunca el supuesto aislamiento, según el Ayuntamiento.
En el pleno extraordinario del pasado miércoles, el ex alcalde y portavoz de ALM-UM, Miquel Riera, acusó a un ex edil del PP, en alusión a Nicolau Gómez (delegado municipal de Hacienda 2002-2003), de "engañar" a futuros propietarios en su condición de mediador en la venta de parcelas de Son Talent. En las transacciones, según Riera, se manejan "de 25 a 30 millones de pesetas" por solares de 2.000 metros cuadrados, "cuando se trata, a día de hoy, de terrenos rústicos".
Apoyo a la regularización
Riera se reafirmó ayer en sus acusaciones y expresó el compromiso de su partido de respaldar la regularización de Son Talent e insistió en la "falta de ética" demostrada con la venta de varias parcelas.
En abril de 2003 el Ayuntamiento tuvo conocimiento de que las DOT no contemplaban la urbanización. Desde el inicio de la parcelación hasta la fecha, Son Talent ha sufrido un proceso de asentamiento urbanístico que según reconocen Miquel Riera y Antoni Pastor ha escapado a la propia inspección urbanística del Ayuntamiento. En este caso los celadores no habrían detectado el asentamiento sobre el puig de Son Talent, a pesar de su fuerte impacto paisajístico, o habrían recibido instrucciones superiores de no investigar. Riera dijo que a los celadores nunca les recordó sus obligaciones y Pastor señaló que gran parte de las supuestas infracciones "se han cometido con el mandato de Riera".
Peticiones de licencia
Según el presidente de la junta de compensación, Joan Mas, "Nicolau Gómez y el resto de propietarios solicitaron licencia, pero ante la falta de respuesta municipal iniciaron las obras, porque todos tenemos el pleno convencimiento de que al final la situación se regularizará".
Mas declaró ayer que "nadie ha actuado de mala fe" y reconoció que puede haber habido cierta precipitación en edificar, "pero desde la perspectiva de que Son Talent es una urbanización con todos los servicios exigibles". El portavoz de los propietarios insiste en que "si hay 107 solares y 90 propietarios demuestra que no ha habido especulación".
Los celadores de obras no han detectado las veinte viviendas levantadas en el monte
MIQUEL BARCELÓ. MANACOR.
La permisividad urbanística municipal ha generado otro frente de polémica por la construcción de unas 20 residencias en la zona más privilegiada del entorno de la ciudad de Manacor, el Puig de Son Talent, cuya panorámica alcanza el mar. A finales de los años 70, la parcelación de Son Talent dio origen a 107 unidades de terreno, la mayoría de unos 2.000 metros cuadrados, que hoy en día pertenecen a 90 propietarios.
El alcalde, Antoni Pastor (PP), ordenó ayer que los servicios técnicos abran "una investigación a fondo" después de reconocer la falta de rigor de sus antecesores y que en su opinión ha facilitado la edificación de numerosas viviendas sin tener licencia municipal.
Los técnicos del Ayuntamiento consideran que Son Talent cumple los requisitos de una urbanización, porque tiene junta de compensación formalizada y las cesiones de aprovechamiento tramitadas y aceptadas por el Ayuntamiento en 2001. Sin embargo, las directrices de ordenación territorial (DOT) y el Plan Territorial de Mallorca (PTM) contemplan esta zona como rústica, en base a que se trataría de un núcleo aislado del casco urbano. Entre Son Talent y la ciudad existe una zona de servicios que trunca el supuesto aislamiento, según el Ayuntamiento.
En el pleno extraordinario del pasado miércoles, el ex alcalde y portavoz de ALM-UM, Miquel Riera, acusó a un ex edil del PP, en alusión a Nicolau Gómez (delegado municipal de Hacienda 2002-2003), de "engañar" a futuros propietarios en su condición de mediador en la venta de parcelas de Son Talent. En las transacciones, según Riera, se manejan "de 25 a 30 millones de pesetas" por solares de 2.000 metros cuadrados, "cuando se trata, a día de hoy, de terrenos rústicos".
Apoyo a la regularización
Riera se reafirmó ayer en sus acusaciones y expresó el compromiso de su partido de respaldar la regularización de Son Talent e insistió en la "falta de ética" demostrada con la venta de varias parcelas.
En abril de 2003 el Ayuntamiento tuvo conocimiento de que las DOT no contemplaban la urbanización. Desde el inicio de la parcelación hasta la fecha, Son Talent ha sufrido un proceso de asentamiento urbanístico que según reconocen Miquel Riera y Antoni Pastor ha escapado a la propia inspección urbanística del Ayuntamiento. En este caso los celadores no habrían detectado el asentamiento sobre el puig de Son Talent, a pesar de su fuerte impacto paisajístico, o habrían recibido instrucciones superiores de no investigar. Riera dijo que a los celadores nunca les recordó sus obligaciones y Pastor señaló que gran parte de las supuestas infracciones "se han cometido con el mandato de Riera".
Peticiones de licencia
Según el presidente de la junta de compensación, Joan Mas, "Nicolau Gómez y el resto de propietarios solicitaron licencia, pero ante la falta de respuesta municipal iniciaron las obras, porque todos tenemos el pleno convencimiento de que al final la situación se regularizará".
Mas declaró ayer que "nadie ha actuado de mala fe" y reconoció que puede haber habido cierta precipitación en edificar, "pero desde la perspectiva de que Son Talent es una urbanización con todos los servicios exigibles". El portavoz de los propietarios insiste en que "si hay 107 solares y 90 propietarios demuestra que no ha habido especulación".
24 d’abril 2004
El Consell de Mallorca investiga casi medio millar de presuntas infracciones urbanísticas
(Diario de Mallorca, 24/04/2004)
En suelo rústico se autorizaron 504 viviendas unifamiliares y se detectaron 85 ilegalidades
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
El número de expedientes por supuestas infracciones urbanísticas que, al cierre del ejercicio de 2003, tenía en trámite el Consell de Mallorca es el más alto registrado hasta ahora y confirma una progresiva incidencia del control de la disciplina urbanística, según ha indicado el conseller de Ordenación Territorial, Bartomeu Vicens.
El conseller resaltó que la constatación del mayor número de expedientes se explica, por una parte, por la evolución de la construcción, con un incremento cuantitativo de las licencias, y, por otra, por la cada vez mayor implicación de la institución insular en la disciplina urbanística.
En 2003, los expedientes en trámite eran 469, de ellos 119 abiertos a lo largo del pasado año y el resto procedentes de los anteriores. Sin embargo, Vicens destacó que la disciplina es aún el gran reto, advirtiendo de que "no sirve de nada hacer un esfuerzo normativo si, después, no se cumple la normativa". En este sentido, el conseller reclamó la colaboración de los ayuntamientos en la persecución de la indisciplina urbanística. Los municipios con más expedientes en trámite son Palma (50), Santa Margalida (36), Pollença (32), Artà (30) y Andratx (29).
Pese a la tendencia alcista, el número de expedientes incoados en 2003 por parte del Consell ha sido de 119, una cifra menor a la contabilizada en 2002 y 2001, años en que se abrieron 159 y 121 expedientes, respectivamente.
Vicens advierte, sin embargo, que los expedientes por infracciones del Consell no reflejan la totalidad de las infracciones urbanísticas que se han detectado en Mallorca, pues son los ayuntamientos quienes tienen la competencia en materia de disciplina y, por tanto, los que están obligados a actuar en primera instancia, respondiendo buena parte de las actuaciones del Consell a subrogaciones por la inactividad municipal y, el resto, a denuncias o inspecciones del Consell.
Del total de 119 expedientes abiertos en 2003, la mayoría de ellos (64) se refieren a supuestas ilegalidades en suelo rústico común. En suelo rústico protegido se han detectado 21 supuestas ilegalidades y 33 en suelo urbano. En rústico, la intervención del Consell es siempre obligada, porque es la institución insular la que da la autorización y, en este aspecto, se comprueba cómo en 2003 se autorizaron un total de 504 viviendas aisladas en rústico y se abrieron 85 expedientes por presunta ilegalidad en rústico.
Multas elevadas
Además, a lo largo del pasado año se han impuesto por parte del Consell de Mallorca un total de 51 sanciones (derivadas de expedientes iniciados en 2003 o anteriores), la cifra más alta de multas hasta ahora registradas y el doble de la referida a 2002, en que hubo 26 sanciones. Asimismo, se cursaron 17 órdenes de demolición.
Al referirse a las sanciones, el conseller de ordenación resalta la elevada cuantía de las mismas, por un total de 2.340.832 euros en 2003, cuantía muy superior a la de 2002 (836.970 euros) y también mayor que la de 2001 (1.641.412 euros), la más alta contabilizada hasta ahora. Vicens señala que la cuantificación se hace por los técnicos del Consell a partir de valores de mercado reales de las obras sancionables.
En suelo rústico se autorizaron 504 viviendas unifamiliares y se detectaron 85 ilegalidades
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
El número de expedientes por supuestas infracciones urbanísticas que, al cierre del ejercicio de 2003, tenía en trámite el Consell de Mallorca es el más alto registrado hasta ahora y confirma una progresiva incidencia del control de la disciplina urbanística, según ha indicado el conseller de Ordenación Territorial, Bartomeu Vicens.
El conseller resaltó que la constatación del mayor número de expedientes se explica, por una parte, por la evolución de la construcción, con un incremento cuantitativo de las licencias, y, por otra, por la cada vez mayor implicación de la institución insular en la disciplina urbanística.
En 2003, los expedientes en trámite eran 469, de ellos 119 abiertos a lo largo del pasado año y el resto procedentes de los anteriores. Sin embargo, Vicens destacó que la disciplina es aún el gran reto, advirtiendo de que "no sirve de nada hacer un esfuerzo normativo si, después, no se cumple la normativa". En este sentido, el conseller reclamó la colaboración de los ayuntamientos en la persecución de la indisciplina urbanística. Los municipios con más expedientes en trámite son Palma (50), Santa Margalida (36), Pollença (32), Artà (30) y Andratx (29).
Pese a la tendencia alcista, el número de expedientes incoados en 2003 por parte del Consell ha sido de 119, una cifra menor a la contabilizada en 2002 y 2001, años en que se abrieron 159 y 121 expedientes, respectivamente.
Vicens advierte, sin embargo, que los expedientes por infracciones del Consell no reflejan la totalidad de las infracciones urbanísticas que se han detectado en Mallorca, pues son los ayuntamientos quienes tienen la competencia en materia de disciplina y, por tanto, los que están obligados a actuar en primera instancia, respondiendo buena parte de las actuaciones del Consell a subrogaciones por la inactividad municipal y, el resto, a denuncias o inspecciones del Consell.
Del total de 119 expedientes abiertos en 2003, la mayoría de ellos (64) se refieren a supuestas ilegalidades en suelo rústico común. En suelo rústico protegido se han detectado 21 supuestas ilegalidades y 33 en suelo urbano. En rústico, la intervención del Consell es siempre obligada, porque es la institución insular la que da la autorización y, en este aspecto, se comprueba cómo en 2003 se autorizaron un total de 504 viviendas aisladas en rústico y se abrieron 85 expedientes por presunta ilegalidad en rústico.
Multas elevadas
Además, a lo largo del pasado año se han impuesto por parte del Consell de Mallorca un total de 51 sanciones (derivadas de expedientes iniciados en 2003 o anteriores), la cifra más alta de multas hasta ahora registradas y el doble de la referida a 2002, en que hubo 26 sanciones. Asimismo, se cursaron 17 órdenes de demolición.
Al referirse a las sanciones, el conseller de ordenación resalta la elevada cuantía de las mismas, por un total de 2.340.832 euros en 2003, cuantía muy superior a la de 2002 (836.970 euros) y también mayor que la de 2001 (1.641.412 euros), la más alta contabilizada hasta ahora. Vicens señala que la cuantificación se hace por los técnicos del Consell a partir de valores de mercado reales de las obras sancionables.
16 d’abril 2004
PP y UM 'congelan' la ley del Síndic del Territori por el rechazo de los municipios
(Última Hora, 16/04/2004)
Junto con el proyecto de la autovía Inca-Manacor, fue uno de los compromisos de ambos partidos para firmar su acuerdo postelectoral
NEKANE DOMBLÁS
Las direcciones de PP y UM han decidido congelar la tramitación del proyecto de ley de creación de la figura del Síndic del Territori ante la oposición manifestada por varios ayuntamientos, en su mayoría del PP. Se trata del segundo compromiso al que llegaron PP y UM tras su pacto postelectoral que queda aplazada. El primero de ellos, la polémica autovía Inca-Manacor, está a la espera de una respuesta oficial por parte de la dirección del PSOE.
Las fuentes consultadas por este periódico han asegurado que este aplazamiento sine die de la creación del Defensor del Territorio se debe a la radical oposición mostrada por algunos ayuntamientos, que consideran que este proyecto de ley invade sus competencias y, por ello, tiene aspectos que podrían considerarse inconstitucionales. Ante las reacciones adversas que la propuesta ha generado entre estos ayuntamientos, los responsables de ambos partidos han decidido aparcar la aprobación del texto.
De hecho, el texto que ya tenía definitivamente elaborado UM para su presentación oficial en el Parlament establecía que el Síndic del Territori asumiría, por la ley, la facultad de vigilar el cumplimiento de la normativa urbanística en todas las Islas, así como la tramitación de los expedientes sancionadores y el cobro de las multas generadas por estos expedientes.
El acuerdo programático de gobernabilidad firmado en su día por Jaume Matas y Maria Antònia Munar comprometía a ambas formaciones a presentar en el Parlament dos proyectos de ley muy concretos: el de viviendas turísticas vacacionales y el de la ley del «Defensor del Territori», tal y como se le llama textualmente en este acuerdo.
Junto con el proyecto de la autovía Inca-Manacor, fue uno de los compromisos de ambos partidos para firmar su acuerdo postelectoral
NEKANE DOMBLÁS
Las direcciones de PP y UM han decidido congelar la tramitación del proyecto de ley de creación de la figura del Síndic del Territori ante la oposición manifestada por varios ayuntamientos, en su mayoría del PP. Se trata del segundo compromiso al que llegaron PP y UM tras su pacto postelectoral que queda aplazada. El primero de ellos, la polémica autovía Inca-Manacor, está a la espera de una respuesta oficial por parte de la dirección del PSOE.
Las fuentes consultadas por este periódico han asegurado que este aplazamiento sine die de la creación del Defensor del Territorio se debe a la radical oposición mostrada por algunos ayuntamientos, que consideran que este proyecto de ley invade sus competencias y, por ello, tiene aspectos que podrían considerarse inconstitucionales. Ante las reacciones adversas que la propuesta ha generado entre estos ayuntamientos, los responsables de ambos partidos han decidido aparcar la aprobación del texto.
De hecho, el texto que ya tenía definitivamente elaborado UM para su presentación oficial en el Parlament establecía que el Síndic del Territori asumiría, por la ley, la facultad de vigilar el cumplimiento de la normativa urbanística en todas las Islas, así como la tramitación de los expedientes sancionadores y el cobro de las multas generadas por estos expedientes.
El acuerdo programático de gobernabilidad firmado en su día por Jaume Matas y Maria Antònia Munar comprometía a ambas formaciones a presentar en el Parlament dos proyectos de ley muy concretos: el de viviendas turísticas vacacionales y el de la ley del «Defensor del Territori», tal y como se le llama textualmente en este acuerdo.
30 de març 2004
Los arquitectos advierten que la disciplina urbanística es de ayuntamientos y Consell
(Diario de Mallorca, 30/03/2004)
El decano responde al Consell que el colegio sólo puede analizar el contenido formal de los expedientes
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
El decano del Colegio de Arquitectos de Balears, Luis Corral, aseguró ayer, ante la petición del Consell Insular de que la entidad extreme la vigilancia para frenar las ampliaciaciones y reformas ilegales en suelo rústico, que el colegio "ha ofrecido siempre y ofrecerá toda la colaboración precisa para defender la legalidad y la disciplina, pero en la medida de nuestras posibilidades y competencias". Corral advirtió así al Consell de Mallorca de que la responsabilidad de la disciplina urbanística es de los ayuntamientos y, en su defecto, del propio Consell.
El objetivo del Consell al instar la colaboración del colegio -a petición de los propios técnicos insulares de disciplina urbanística- es intentar evitar que con licencias de reforma o ampliación se edifiquen en suelo rústico nuevas viviendas a partir de ruinas o de construcciones de uso agrícola. Según los técnicos de disciplina, el colegio debe extremar la vigilancia al analizar los planos sobre el estado real de la edificación que se pretende ampliar o reformar.
En esta línea, Luis Corral señaló ayer que en los trámites que se realizan ante el Colegio, éste sólo puede analizar el contenido formal del proyecto a visar y asegura que el órgano competente para confirmar que la licencia que se solicita se ajusta a la realidad es el ayuntamiento, cuyos técnicos -explica el decano- son los que deben comprobar el estado del inmueble, siendo, además, el ayuntamiento el que conoce la "historia" del mismo. Y añade que es el ayuntamiento el que concede o no esa licencia y, por tanto, el responsable de que se cumpla o no la legalidad urbanística.
Responsabilidad
Corral hace hincapié en que el colegio ofrece toda la colaboración que sea precisa a la institución insular, pero reitera que no pueda hacerse recaer sobre ellos la responsabilidad de la disciplina urbanística.
Así, el decano de los arquitectos señala que el colegio viene denunciando desde hace tiempo que el tema de la disciplina urbanística es uno de los principales problemas que debe abordarse con urgencia.
Reconoce el decano la dificultad de algunos municipios, especialmente los pequeños -tanto por falta de medios como por proximidad con los vecinos- de perseguir las ilegalidades urbanísticas y, en este aspecto, recordó la obligación legal del Consell de asumir esas competencias urbanísticas si el ayuntamiento no lo hace.
La problemática de las edificaciones en suelo rústico a partir de fraudulentas ampliaciones ha sido denunciada por los técnicos insulares y el Consell admite la dificultad de perseguir esas prácticas que formalmente están revestidas de legalidad. En algunos casos se ha iniciado de oficio la revisión del expediente.
Un organismo supramunicipal de control, la solución
El decano de los arquitectos apunta que la solución más aconsejable, ante la dificultad de los ayuntamientos para perseguir las ilegalidades urbanísticas, sería la creación de un órgano supramunicipal en el que los municipios pequeños, y aquellos que quisieran sumarse, pudieran delegar el ejercicio de la competencia urbanística, de manera que pudieran perseguirse fraudes como el denunciado por los técnicos de urbanismo del Consell. La articulación de ese organismo podría hacerse a partir de la anunciada figura del Defensor del Territorio, de momento no concretada.
El decano responde al Consell que el colegio sólo puede analizar el contenido formal de los expedientes
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
El decano del Colegio de Arquitectos de Balears, Luis Corral, aseguró ayer, ante la petición del Consell Insular de que la entidad extreme la vigilancia para frenar las ampliaciaciones y reformas ilegales en suelo rústico, que el colegio "ha ofrecido siempre y ofrecerá toda la colaboración precisa para defender la legalidad y la disciplina, pero en la medida de nuestras posibilidades y competencias". Corral advirtió así al Consell de Mallorca de que la responsabilidad de la disciplina urbanística es de los ayuntamientos y, en su defecto, del propio Consell.
El objetivo del Consell al instar la colaboración del colegio -a petición de los propios técnicos insulares de disciplina urbanística- es intentar evitar que con licencias de reforma o ampliación se edifiquen en suelo rústico nuevas viviendas a partir de ruinas o de construcciones de uso agrícola. Según los técnicos de disciplina, el colegio debe extremar la vigilancia al analizar los planos sobre el estado real de la edificación que se pretende ampliar o reformar.
En esta línea, Luis Corral señaló ayer que en los trámites que se realizan ante el Colegio, éste sólo puede analizar el contenido formal del proyecto a visar y asegura que el órgano competente para confirmar que la licencia que se solicita se ajusta a la realidad es el ayuntamiento, cuyos técnicos -explica el decano- son los que deben comprobar el estado del inmueble, siendo, además, el ayuntamiento el que conoce la "historia" del mismo. Y añade que es el ayuntamiento el que concede o no esa licencia y, por tanto, el responsable de que se cumpla o no la legalidad urbanística.
Responsabilidad
Corral hace hincapié en que el colegio ofrece toda la colaboración que sea precisa a la institución insular, pero reitera que no pueda hacerse recaer sobre ellos la responsabilidad de la disciplina urbanística.
Así, el decano de los arquitectos señala que el colegio viene denunciando desde hace tiempo que el tema de la disciplina urbanística es uno de los principales problemas que debe abordarse con urgencia.
Reconoce el decano la dificultad de algunos municipios, especialmente los pequeños -tanto por falta de medios como por proximidad con los vecinos- de perseguir las ilegalidades urbanísticas y, en este aspecto, recordó la obligación legal del Consell de asumir esas competencias urbanísticas si el ayuntamiento no lo hace.
La problemática de las edificaciones en suelo rústico a partir de fraudulentas ampliaciones ha sido denunciada por los técnicos insulares y el Consell admite la dificultad de perseguir esas prácticas que formalmente están revestidas de legalidad. En algunos casos se ha iniciado de oficio la revisión del expediente.
Un organismo supramunicipal de control, la solución
El decano de los arquitectos apunta que la solución más aconsejable, ante la dificultad de los ayuntamientos para perseguir las ilegalidades urbanísticas, sería la creación de un órgano supramunicipal en el que los municipios pequeños, y aquellos que quisieran sumarse, pudieran delegar el ejercicio de la competencia urbanística, de manera que pudieran perseguirse fraudes como el denunciado por los técnicos de urbanismo del Consell. La articulación de ese organismo podría hacerse a partir de la anunciada figura del Defensor del Territorio, de momento no concretada.
29 de març 2004
El Consell insta a los arquitectos a implicarse ante las ilegalidades en rústico
(Diario de Mallorca, 29/03/2004)
El objetivo es impedir más viviendas disfrazadas de reforma de ruinas o construcciones agrícolas
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
La Comisión Insular de Urbanismo ha acordado, en su última reunión, que el conseller de Territorio, Bartomeu Vicens, remita un escrito al Colegio Oficial de Arquitectos de Balears por el que se insta a la institución a que extreme la vigilancia para que los proyectos de ampliación y reforma de viviendas en suelo rústico reflejen exactamente el estado real del inmueble sobre el que se pretende actuar.
El objetivo de esta petición de máxima colaboración al Colegio de Arquitectos es el de atajar la construcción de viviendas en suelo rústico enmascaradas en ampliaciones de inmuebles en ruinas o a partir de construcciones de uso agrícola que nunca han sido viviendas. El director insular de Urbanismo, Miquel Àngel Grimalt, ha asegurado que este tipo de ilegalidades se han detectado en suelo rústico, pero su persecución es muy difícil.
Problemática extendida
Según ha explicado el director insular de Urbanismo, la problemática ha sido planteada por los propios técnicos del servicio de disciplina urbanística de la institución insular y la pasada semana se llevó el debate al seno de la comisión insular de Urbanismo, que fue la que tomó la decisión de pedir formalmente la colaboración del Colegio de Arquitectos para, así, intentar controlar en la medida de lo posible que, con licencias de ampliación o reforma, se construyan viviendas de forma fraudulenta.
La petición del Consell al Colegio se concreta en que a la hora de visar los proyectos (trámite imprescindible), los arquitectos actúen con la máxima prudencia y diligencia, especialmente a la hora de examinar los planos que reflejan el estado actual del inmueble sobre el que se va a actuar.
Desde el servicio de disciplina urbanística del Consell se llegó a insinuar que se han dado algunos casos que podrían ser perseguidos jurídicamente por falsedad documental, aunque, de momento, la institución insular no ha tomado ningún tipo de medidas en este sentido.
En la reunión de la ponencia técnica de Urbanismo ?previa a la comisión insular de Urbanismo celebrada el pasado jueves? estaba presente un representante de los arquitectos, que fue quien recomendó que la petición de colaboración fuese cursada formalmente por la institución insular al Colegio y avanzó la disposición de los profesionales a colaborar en la línea propuesta por los técnicos de disciplina urbanística.
El responsable de Urbanismo admitió que, aun tratándose de una problemática existente, es muy difícil detectar que efectivamente se está produciendo una ampliación o reforma fraudulenta si los documentos en que se asienta no reflejan la situación de que se parte.
Añadió que en los casos en que se han tenido sospechas de ilegalidad se han instado de oficio la revisión del expediente.
El objetivo es impedir más viviendas disfrazadas de reforma de ruinas o construcciones agrícolas
ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
La Comisión Insular de Urbanismo ha acordado, en su última reunión, que el conseller de Territorio, Bartomeu Vicens, remita un escrito al Colegio Oficial de Arquitectos de Balears por el que se insta a la institución a que extreme la vigilancia para que los proyectos de ampliación y reforma de viviendas en suelo rústico reflejen exactamente el estado real del inmueble sobre el que se pretende actuar.
El objetivo de esta petición de máxima colaboración al Colegio de Arquitectos es el de atajar la construcción de viviendas en suelo rústico enmascaradas en ampliaciones de inmuebles en ruinas o a partir de construcciones de uso agrícola que nunca han sido viviendas. El director insular de Urbanismo, Miquel Àngel Grimalt, ha asegurado que este tipo de ilegalidades se han detectado en suelo rústico, pero su persecución es muy difícil.
Problemática extendida
Según ha explicado el director insular de Urbanismo, la problemática ha sido planteada por los propios técnicos del servicio de disciplina urbanística de la institución insular y la pasada semana se llevó el debate al seno de la comisión insular de Urbanismo, que fue la que tomó la decisión de pedir formalmente la colaboración del Colegio de Arquitectos para, así, intentar controlar en la medida de lo posible que, con licencias de ampliación o reforma, se construyan viviendas de forma fraudulenta.
La petición del Consell al Colegio se concreta en que a la hora de visar los proyectos (trámite imprescindible), los arquitectos actúen con la máxima prudencia y diligencia, especialmente a la hora de examinar los planos que reflejan el estado actual del inmueble sobre el que se va a actuar.
Desde el servicio de disciplina urbanística del Consell se llegó a insinuar que se han dado algunos casos que podrían ser perseguidos jurídicamente por falsedad documental, aunque, de momento, la institución insular no ha tomado ningún tipo de medidas en este sentido.
En la reunión de la ponencia técnica de Urbanismo ?previa a la comisión insular de Urbanismo celebrada el pasado jueves? estaba presente un representante de los arquitectos, que fue quien recomendó que la petición de colaboración fuese cursada formalmente por la institución insular al Colegio y avanzó la disposición de los profesionales a colaborar en la línea propuesta por los técnicos de disciplina urbanística.
El responsable de Urbanismo admitió que, aun tratándose de una problemática existente, es muy difícil detectar que efectivamente se está produciendo una ampliación o reforma fraudulenta si los documentos en que se asienta no reflejan la situación de que se parte.
Añadió que en los casos en que se han tenido sospechas de ilegalidad se han instado de oficio la revisión del expediente.
27 de març 2004
El Ayuntamiento de Capdepera tiene paralizados 280 expedientes urbanísticos
(Diario de Mallorca, 27/03/2004)
El marido de la edil del PP, Maria del Pilar García, legaliza su casa reagrupando fincas
MIQUEL ADROVER. CAPDEPERA.
El ayuntamiento de Capdepera celebró el pasado jueves por la noche dos sesiones plenarias para debatir temas urbanísticos. El primero se convocó a petición de la edil de Esquerra Unida, Maria Orts, para conocer la situación de los expedientes de infracción urbanística. El alcalde, Joan Ferrer (PP), y el edil de Urbanismo, Antoni Muntaner (Es Grup), revelaron que en las dependencias de Urbanismo existen 280 expedientes de infracción urbanística paralizados. Alguno de ellos fue abierto en 1992, pero la mayoría son de entre los años 2001 y 2003.
El equipo de gobierno de Capdepera, PP-Es Grup, que está en minoría, pidió un consenso de todas las fuerzas políticas del municipio para sacar adelante estos expedientes urbanísticos. La edil de Esquerra Unida exigió explicaciones del equipo de gobierno por la paralización de los expedientes y el responsable de Urbanismo, Antoni Muntaner, y el alcalde, Joan Ferrer, recordaron que fueron abiertos durante la pasada legislatura y por ello exigen un consenso de todos los partidos.
Por otra parte, el segundo pleno trató sobre la vivienda del marido de la edil del PP, Maria del Pilar García. La oposición había pedido que se dieran explicaciones al respecto y el alcalde contestó que en el Ayuntamiento no hay ningún expediente contra la edil, ya que la obra es de su marido. Asimismo, comentó que se está legalizando mediante una reagrupación de fincas que le permitirá obtener la parcela mínima, ya que está en suelo rústico. De todas formas, el Consell de Mallorca tendrá la última palabra sobre el tema.
La edil de UM-Ucap Joana Aina Flaquer explicó que los grupos de la oposición pidieron explicaciones, ya que consideran que los concejales son los primeros que deben dar ejemplo.
El marido de la edil del PP, Maria del Pilar García, legaliza su casa reagrupando fincas
MIQUEL ADROVER. CAPDEPERA.
El ayuntamiento de Capdepera celebró el pasado jueves por la noche dos sesiones plenarias para debatir temas urbanísticos. El primero se convocó a petición de la edil de Esquerra Unida, Maria Orts, para conocer la situación de los expedientes de infracción urbanística. El alcalde, Joan Ferrer (PP), y el edil de Urbanismo, Antoni Muntaner (Es Grup), revelaron que en las dependencias de Urbanismo existen 280 expedientes de infracción urbanística paralizados. Alguno de ellos fue abierto en 1992, pero la mayoría son de entre los años 2001 y 2003.
El equipo de gobierno de Capdepera, PP-Es Grup, que está en minoría, pidió un consenso de todas las fuerzas políticas del municipio para sacar adelante estos expedientes urbanísticos. La edil de Esquerra Unida exigió explicaciones del equipo de gobierno por la paralización de los expedientes y el responsable de Urbanismo, Antoni Muntaner, y el alcalde, Joan Ferrer, recordaron que fueron abiertos durante la pasada legislatura y por ello exigen un consenso de todos los partidos.
Por otra parte, el segundo pleno trató sobre la vivienda del marido de la edil del PP, Maria del Pilar García. La oposición había pedido que se dieran explicaciones al respecto y el alcalde contestó que en el Ayuntamiento no hay ningún expediente contra la edil, ya que la obra es de su marido. Asimismo, comentó que se está legalizando mediante una reagrupación de fincas que le permitirá obtener la parcela mínima, ya que está en suelo rústico. De todas formas, el Consell de Mallorca tendrá la última palabra sobre el tema.
La edil de UM-Ucap Joana Aina Flaquer explicó que los grupos de la oposición pidieron explicaciones, ya que consideran que los concejales son los primeros que deben dar ejemplo.
21 de març 2004
Aevab se querellará contra Cirer si antes del día 30 no cierran las empresas ilegales
(Diario de Mallorca, 21/03/2004)
La patronal de vehículos de alquiler dice que desde octubre sólo se han clausurado cinco
SILVIA VELERT. PALMA.
La Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor de Balears (Aevab) decidió ayer en su XXVII Asamblea General presentar una querella contra la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, y el teniente de alcalde de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos, si antes del próximo 30 de marzo Cort no cierra las siete u ocho empresas que ocupan suelo rústico de manera ilegal.
El presidente de esta asociación, Ramón Reus, aseguró que desde octubre del año pasado sólo se han cerrado cuatro o cinco y siete u ocho permanecen en activo e incluso algunas se han trasladado a terrenos de Son Fondo, cercanos al aeropuerto de Son Sant Joan.
Incumplimiento
En esta reunión participaron 150 socios de los 280 que forman parte de esta agrupación y tomaron la decisión por unanimidad. En Palma se calcula que operan unas noventa entidades que se dedican al alquiler de vehículos con y sin conductor.
"El actual equipo de gobierno se comprometió en un pleno municipal a cerrar todas las empresas ilegales que se establecen en suelo rústico y han incumplido su compromiso por lo que tenemos la sensación de que no nos toman en serio", afirmó el representante de Aevab.
"Llevamos un año y medio sin que se cumpla lo acordado con el Ayuntamiento", añadió. Además Reus indicó que han aparecido dos nuevas superficies ilegales en dos fincas que están situadas en el camino de Son Fangos, en los alrededores del aeropuerto.
Este incumplimiento ha provocado que desde el pasado octubre hayan tenido que cerrar sus puertas veinte de las 280 empresas que actualmente operan de manera legal en Balears, según indicó Ramón Reus. El motivo principal de este cierre es que no pueden soportar la competencia desleal de aquellas empresas que actúan de manera ilegal.
"Si se cumpliera la legalidad vigente, Cort debería obligar a todas las empresas que operan en el sector a establecerse en suelo urbano y disponer de licencia de actividad", explicó Reus. Este problema se arrastra desde hace más de diez años. La patronal mayoritaria de este sector (Aevab) acordó el pasado octubre que, el primer paso para llegar a un acuerdo sobre su ubicación en unos terrenos cercanos al aeropuerto, era el cierre inmediato de las quince empresas ilegales.
La última reunión entre Aevab -que representa al 90 por ciento de estas empresas y que cuentan con una flota de 25.000 vehículos y disponen de 3.000 empleados-, Transcar, que aglutina a ocho entidades que aparcan sus flotas en suelo rústico, y el ayuntamiento de Palma fue el pasado 20 de octubre para determinar la ubicación del polígono de servicios que sería utilizado por todas las compañías. Desde entonces, el actual equipo de gobierno debería haber clausurado la actividad de todas las empresas ilegales.
La mayoría de estas flotas de vehículos de alquiler están aparcadas en el suelo rústico de las parcelas de Son Fangos y el Camí de Can Capó, en las proximidades del aeropuerto.
Cirer y de Santos declinan hacer ningún tipo de declaración
La alcaldesa de Palma, Catalina Cirer y el concejal de Urbanismo, Rodrigo de Santos, declinaron hacer ningún tipo de declaración sobre la decisión de la patronal mayoritaria del sector de los coches de alquiler en Balears de interponer una querella por su actuación. "Cuando llegue el momento ya realizarán las declaraciones oportunas", indicaron fuentes municipales, aunque tampoco quisieron precisar la fecha exacta de esa respuesta. De esta manera, el máximo responsable de Urbanismo ha evitado dar información sobre las medidas que su equipo de gobierno ha adoptado para clausurar las empresas ilegales en suelo rústico.
La patronal de vehículos de alquiler dice que desde octubre sólo se han clausurado cinco
SILVIA VELERT. PALMA.
La Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor de Balears (Aevab) decidió ayer en su XXVII Asamblea General presentar una querella contra la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, y el teniente de alcalde de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos, si antes del próximo 30 de marzo Cort no cierra las siete u ocho empresas que ocupan suelo rústico de manera ilegal.
El presidente de esta asociación, Ramón Reus, aseguró que desde octubre del año pasado sólo se han cerrado cuatro o cinco y siete u ocho permanecen en activo e incluso algunas se han trasladado a terrenos de Son Fondo, cercanos al aeropuerto de Son Sant Joan.
Incumplimiento
En esta reunión participaron 150 socios de los 280 que forman parte de esta agrupación y tomaron la decisión por unanimidad. En Palma se calcula que operan unas noventa entidades que se dedican al alquiler de vehículos con y sin conductor.
"El actual equipo de gobierno se comprometió en un pleno municipal a cerrar todas las empresas ilegales que se establecen en suelo rústico y han incumplido su compromiso por lo que tenemos la sensación de que no nos toman en serio", afirmó el representante de Aevab.
"Llevamos un año y medio sin que se cumpla lo acordado con el Ayuntamiento", añadió. Además Reus indicó que han aparecido dos nuevas superficies ilegales en dos fincas que están situadas en el camino de Son Fangos, en los alrededores del aeropuerto.
Este incumplimiento ha provocado que desde el pasado octubre hayan tenido que cerrar sus puertas veinte de las 280 empresas que actualmente operan de manera legal en Balears, según indicó Ramón Reus. El motivo principal de este cierre es que no pueden soportar la competencia desleal de aquellas empresas que actúan de manera ilegal.
"Si se cumpliera la legalidad vigente, Cort debería obligar a todas las empresas que operan en el sector a establecerse en suelo urbano y disponer de licencia de actividad", explicó Reus. Este problema se arrastra desde hace más de diez años. La patronal mayoritaria de este sector (Aevab) acordó el pasado octubre que, el primer paso para llegar a un acuerdo sobre su ubicación en unos terrenos cercanos al aeropuerto, era el cierre inmediato de las quince empresas ilegales.
La última reunión entre Aevab -que representa al 90 por ciento de estas empresas y que cuentan con una flota de 25.000 vehículos y disponen de 3.000 empleados-, Transcar, que aglutina a ocho entidades que aparcan sus flotas en suelo rústico, y el ayuntamiento de Palma fue el pasado 20 de octubre para determinar la ubicación del polígono de servicios que sería utilizado por todas las compañías. Desde entonces, el actual equipo de gobierno debería haber clausurado la actividad de todas las empresas ilegales.
La mayoría de estas flotas de vehículos de alquiler están aparcadas en el suelo rústico de las parcelas de Son Fangos y el Camí de Can Capó, en las proximidades del aeropuerto.
Cirer y de Santos declinan hacer ningún tipo de declaración
La alcaldesa de Palma, Catalina Cirer y el concejal de Urbanismo, Rodrigo de Santos, declinaron hacer ningún tipo de declaración sobre la decisión de la patronal mayoritaria del sector de los coches de alquiler en Balears de interponer una querella por su actuación. "Cuando llegue el momento ya realizarán las declaraciones oportunas", indicaron fuentes municipales, aunque tampoco quisieron precisar la fecha exacta de esa respuesta. De esta manera, el máximo responsable de Urbanismo ha evitado dar información sobre las medidas que su equipo de gobierno ha adoptado para clausurar las empresas ilegales en suelo rústico.
18 de febrer 2004
El fiscal Salazar ve cómplices del caos urbanístico a las administraciones
(Diario de Mallorca 18/02/2004)
Critica que su tolerancia, especialmente de los ayuntamientos, dificulta la acción de la fiscalía
EUROPA PRESS. PALMA.
El fiscal de medio ambiente de Balears, Adrián Salazar, criticó ayer la complicidad e impunidad de las administraciones, sobre todo de los ayuntamientos, al no imponer la disciplina urbanística y mantener una actitud de tolerancia respecto a algunas promotoras, consintiendo infracciones administrativas graves medioambientales en sus territorios, que dificultan la posterior actuación de la fiscalía en las Islas.
Salazar recriminó a las administraciones que no haya recibido prácticamente ninguna denuncia suya por infracciones graves medioambientales, cuando "únicamente basta darse una vuelta por la zona rural mallorquina para ver que no hay disciplina urbanística". Así, recordó que la fiscalía necesita una previa sanción de ayuntamientos y Govern para poder actuar desde el punto de vista penal.
Según el fiscal Salazar, falta "voluntad política" para poder resolver este problema, que es más alarmante en varios municipios de Eivissa y en Llucmajor, aunque se trata de un fenómeno generalizado en todo el litoral. Las únicas denuncias que recibe el fiscal -según explica- son de organizaciones ecologistas y de los propios vecinos afectados por las actuaciones cercanas a sus domicilios.
En este sentido, estimó que la actual conselleria de Medio Ambiente tiene menor conciencia que la anterior en el cumplimiento de la ley para defender el medio ambiente, ya que no tienen, a juicio de Salazar, entre sus prioridades la vía de la persecución penal.
Así, según el fiscal, desde la entrada del nuevo Govern, la actuación de los agentes medioambientales se ha reducido de forma "considerable, a pesar de que está claro que no se han eliminado este tipo de delitos en Balears". "Si pusieran los mismos recursos que se aplican en temas de tráfico para perseguir infracciones medioambientales o urbanísticas, sobre residuos o vertederos ilegales, la actuación de la fiscalía sería más efectiva".
Critica que su tolerancia, especialmente de los ayuntamientos, dificulta la acción de la fiscalía
EUROPA PRESS. PALMA.
El fiscal de medio ambiente de Balears, Adrián Salazar, criticó ayer la complicidad e impunidad de las administraciones, sobre todo de los ayuntamientos, al no imponer la disciplina urbanística y mantener una actitud de tolerancia respecto a algunas promotoras, consintiendo infracciones administrativas graves medioambientales en sus territorios, que dificultan la posterior actuación de la fiscalía en las Islas.
Salazar recriminó a las administraciones que no haya recibido prácticamente ninguna denuncia suya por infracciones graves medioambientales, cuando "únicamente basta darse una vuelta por la zona rural mallorquina para ver que no hay disciplina urbanística". Así, recordó que la fiscalía necesita una previa sanción de ayuntamientos y Govern para poder actuar desde el punto de vista penal.
Según el fiscal Salazar, falta "voluntad política" para poder resolver este problema, que es más alarmante en varios municipios de Eivissa y en Llucmajor, aunque se trata de un fenómeno generalizado en todo el litoral. Las únicas denuncias que recibe el fiscal -según explica- son de organizaciones ecologistas y de los propios vecinos afectados por las actuaciones cercanas a sus domicilios.
En este sentido, estimó que la actual conselleria de Medio Ambiente tiene menor conciencia que la anterior en el cumplimiento de la ley para defender el medio ambiente, ya que no tienen, a juicio de Salazar, entre sus prioridades la vía de la persecución penal.
Así, según el fiscal, desde la entrada del nuevo Govern, la actuación de los agentes medioambientales se ha reducido de forma "considerable, a pesar de que está claro que no se han eliminado este tipo de delitos en Balears". "Si pusieran los mismos recursos que se aplican en temas de tráfico para perseguir infracciones medioambientales o urbanísticas, sobre residuos o vertederos ilegales, la actuación de la fiscalía sería más efectiva".
11 de febrer 2004
El Consell demanda al alcalde de Petra por permitir una obra ilegal
(El Mundo, 11 de febrero de 2004)
La promotora tramitó la construcción del chalé en Son Canals como la reforma de una vivienda que en realidad no existía
M. A. RUIZ
PETRA.- El Consell de Mallorca ha interpuesto un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Petra por autorizar la construcción ilegal de una vivienda de 134 metros cuadrados en suelo rústico. La obra ha sido promovida por la empresa de capital alemán Produccions Son Canals, representada por Axel Verthein, que según fuentes consultadas por este diario utiliza el inmueble para realizar sesiones fotográficas con modelos.
El alcalde petrer, Joan Font Massot, aprobó el 20 de febrero de 2001 la licencia para reformar «una vivienda unifamiliar aislada» en la finca Son Canals. El permiso quedó condicionado a que el promotor no incrementara el volumen del inmueble. Diez meses después, firmó el certificado de final de obra a pesar de que, según los servicios técnicos del Consell, no se ajustaba al proyecto presentado, incumple la parcela mínima exigida para construir en rústico y ni siquiera existía previamente una vivienda que reformar: tan sólo un establo de 48 metros cuadrados «en estado semirruinoso», que la promotora demolió completamente para construir el chalé en un emplazamiento distinto.
El Consell ha decidido ahora llevar al Ayuntamiento ante los tribunales después de que el equipo de gobierno presidido por el alcalde nacionalista Joan Font desoyera todos los requerimientos para que anule la licencia.
La trampa se destapó cuando Produccions Son Canals, una vez concluidos los trabajos, se dirigió al Consell para solicitar la cédula de habitabilidad, un documento imprescindible para que la vivienda pueda conectarse a las redes de suministro de agua y electricidad. Tras visitar la finca, los servicios de inspección del Consell redactaron un informe demoledor en el que echan por tierra todo el expediente. «La preexistencia de la vivienda que dio lugar a la presentación del proyecto de reforma», indican, «es incluso dudosa».
De las fotos que la promotora había aportado en el proyecto se deduce que no había tal, añade el informe, sino «una caseta de aperos o un almacén» sin ventanas de 48 metros cuadrados de superficie, en estado de desuso y sumamente deteriorado. Por lo tanto, indica el informe al que ha tenido acceso este diario, no se trata de una reforma sino de la construcción de una vivienda de nueva planta, que supone un cambio de uso no autorizado en suelo rústico.
Los técnicos del servicio de Disciplina Urbanística llegan a la conclusión además, de que la intención del promotor era desde un principio echar abajo la caseta y construir una vivienda nueva, pese a que habían tramitado el proyecto como si se tratase de una simple reforma. La propia memoria elaborada por el arquitecto reservaba una partida económica para la demolición del inmueble, alegando que dado su estado ruinoso, lo más probable es que los muros se viniesen abajo debido a las vibraciones de las máquinas durante la ejecución de la obra.
Echaron abajo la caseta
Pese a que la licencia estipulaba expresamente que el promotor no podía hacer ninguna ampliación, el proyecto que aprobó el propio Ayuntamiento supone un aumento del volumen, de la superficie construida y de la altura. Un detalle que los servicios técnicos del área de Urbanismo parecieron pasar por alto. Además, la empresa aprovechó para excavar un sótano de más de dos metros de altura y construir un patio, que ni siquiera estaban contemplados en el proyecto.
No acaban aquí las irregularidades: de acuerdo con la Ley de Suelo Rústico, recuerda el Consell en un dictamen firmado el pasado 25 de abril, la parcela mínima exigida para construir una vivienda unifamiliar de nueva planta es de 14.000 metros cuadrados. Una condición que tampoco cumple el chalé de Son Canals, pues se alza en una parcela 8.524 metros cuadrados.
A la luz de estos datos, la Comisión Insular de Urbanismo acordó el 9 de mayo de 2003 instar al alcalde Joan Font a que anule la licencia. No hubo ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento, por lo que la presidenta Maria Antònia Munar ordenó el pasado 20 de noviembre a los servicios jurídicos del Consell que emprendan acciones legales contra el Consistorio.
Polémica de ida y vuelta: lo que denunció el PSM hace 10 años se repite ahora en su contra
La polémica se vuelve contra el equipo de gobierno de Petra. Hace diez años, la Candidatura Independent (hoy PSM) emprendió una campaña contra el entonces alcalde de la Agrupació d'Agricultors Martí Santandreu por la construcción de una vivienda unifamiliar en el mismo paraje de Son Canals. Pese a las denuncias de los nacionalistas, entonces en la oposición, el Consell resolvió que las obras eran legales. Con el PSM ahora en la Alcaldía, la polémica se repite a la inversa: el Ayuntamiento no sólo ha autorizado la construcción del chalé, camuflado como reforma de una vivienda inexistente, sino que además se niega a acatar las instrucciones del Consell para anular la licencia. La empresa Producciones Son Canals, promotora de la obra, compró la finca de 8.524 metros cuadrados a Antonio Riera Rosselló y Antonio Riera Soler por 39.665 euros.
La promotora tramitó la construcción del chalé en Son Canals como la reforma de una vivienda que en realidad no existía
M. A. RUIZ
PETRA.- El Consell de Mallorca ha interpuesto un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Petra por autorizar la construcción ilegal de una vivienda de 134 metros cuadrados en suelo rústico. La obra ha sido promovida por la empresa de capital alemán Produccions Son Canals, representada por Axel Verthein, que según fuentes consultadas por este diario utiliza el inmueble para realizar sesiones fotográficas con modelos.
El alcalde petrer, Joan Font Massot, aprobó el 20 de febrero de 2001 la licencia para reformar «una vivienda unifamiliar aislada» en la finca Son Canals. El permiso quedó condicionado a que el promotor no incrementara el volumen del inmueble. Diez meses después, firmó el certificado de final de obra a pesar de que, según los servicios técnicos del Consell, no se ajustaba al proyecto presentado, incumple la parcela mínima exigida para construir en rústico y ni siquiera existía previamente una vivienda que reformar: tan sólo un establo de 48 metros cuadrados «en estado semirruinoso», que la promotora demolió completamente para construir el chalé en un emplazamiento distinto.
El Consell ha decidido ahora llevar al Ayuntamiento ante los tribunales después de que el equipo de gobierno presidido por el alcalde nacionalista Joan Font desoyera todos los requerimientos para que anule la licencia.
La trampa se destapó cuando Produccions Son Canals, una vez concluidos los trabajos, se dirigió al Consell para solicitar la cédula de habitabilidad, un documento imprescindible para que la vivienda pueda conectarse a las redes de suministro de agua y electricidad. Tras visitar la finca, los servicios de inspección del Consell redactaron un informe demoledor en el que echan por tierra todo el expediente. «La preexistencia de la vivienda que dio lugar a la presentación del proyecto de reforma», indican, «es incluso dudosa».
De las fotos que la promotora había aportado en el proyecto se deduce que no había tal, añade el informe, sino «una caseta de aperos o un almacén» sin ventanas de 48 metros cuadrados de superficie, en estado de desuso y sumamente deteriorado. Por lo tanto, indica el informe al que ha tenido acceso este diario, no se trata de una reforma sino de la construcción de una vivienda de nueva planta, que supone un cambio de uso no autorizado en suelo rústico.
Los técnicos del servicio de Disciplina Urbanística llegan a la conclusión además, de que la intención del promotor era desde un principio echar abajo la caseta y construir una vivienda nueva, pese a que habían tramitado el proyecto como si se tratase de una simple reforma. La propia memoria elaborada por el arquitecto reservaba una partida económica para la demolición del inmueble, alegando que dado su estado ruinoso, lo más probable es que los muros se viniesen abajo debido a las vibraciones de las máquinas durante la ejecución de la obra.
Echaron abajo la caseta
Pese a que la licencia estipulaba expresamente que el promotor no podía hacer ninguna ampliación, el proyecto que aprobó el propio Ayuntamiento supone un aumento del volumen, de la superficie construida y de la altura. Un detalle que los servicios técnicos del área de Urbanismo parecieron pasar por alto. Además, la empresa aprovechó para excavar un sótano de más de dos metros de altura y construir un patio, que ni siquiera estaban contemplados en el proyecto.
No acaban aquí las irregularidades: de acuerdo con la Ley de Suelo Rústico, recuerda el Consell en un dictamen firmado el pasado 25 de abril, la parcela mínima exigida para construir una vivienda unifamiliar de nueva planta es de 14.000 metros cuadrados. Una condición que tampoco cumple el chalé de Son Canals, pues se alza en una parcela 8.524 metros cuadrados.
A la luz de estos datos, la Comisión Insular de Urbanismo acordó el 9 de mayo de 2003 instar al alcalde Joan Font a que anule la licencia. No hubo ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento, por lo que la presidenta Maria Antònia Munar ordenó el pasado 20 de noviembre a los servicios jurídicos del Consell que emprendan acciones legales contra el Consistorio.
Polémica de ida y vuelta: lo que denunció el PSM hace 10 años se repite ahora en su contra
La polémica se vuelve contra el equipo de gobierno de Petra. Hace diez años, la Candidatura Independent (hoy PSM) emprendió una campaña contra el entonces alcalde de la Agrupació d'Agricultors Martí Santandreu por la construcción de una vivienda unifamiliar en el mismo paraje de Son Canals. Pese a las denuncias de los nacionalistas, entonces en la oposición, el Consell resolvió que las obras eran legales. Con el PSM ahora en la Alcaldía, la polémica se repite a la inversa: el Ayuntamiento no sólo ha autorizado la construcción del chalé, camuflado como reforma de una vivienda inexistente, sino que además se niega a acatar las instrucciones del Consell para anular la licencia. La empresa Producciones Son Canals, promotora de la obra, compró la finca de 8.524 metros cuadrados a Antonio Riera Rosselló y Antonio Riera Soler por 39.665 euros.
Cort redactará una ordenanza para regular las antenas de telefonía móvil existentes en el municipio
(El Mundo, 11 de febrero de 2004)
El teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos, anunció hoy que la Corporación local desarrollará, mediante una ordenanza municipal, la Ley de Telecomunicaciones con el propósito de regular las antenas de telefonía móvil existentes en el municipio
PALMA
EFE.- El teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos, anunció hoy que la Corporación local desarrollará, mediante una ordenanza municipal, la Ley de Telecomunicaciones con el propósito de regular las antenas de telefonía móvil existentes en el municipio.
En la conferencia informativa posterior a la Comisión de Gobierno y la Gerencia de Urbanismo, comunicó que el Ayuntamiento procederá "de inmediato" a la demolición de una antena de telefonía móvil ilegal instalada en el barrio de Son Español que, según explicó, ha suscitado numerosas quejas vecinales.
De Santos informó también de que su departamento tiene prevista la creación de un Consejo Asesor de Urbanismo para favorecer la participación de las entidades ciudadanas, los colegios profesionales y los partidos políticos en decisiones que afectan a este ámbito.
Comentó que el Consistorio demolerá un inmueble de titularidad municipal, situado en el número 28 de la calle Soler, que está en estado ruinoso, porque supone un peligro para los transeúntes.
A este respecto, concretó que su departamento revisará el Plan General de Palma para definir los futuros usos de este espacio con los vecinos de la zona.
Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado a los propietarios del antiguo Gimnasio Londres, ubicado en la calle Joan Miró, que subsanen las deficiencias que presenta el edificio para impedir que puedan ocasionar daños a los viandantes, dijo.
Agregó que el Consistorio también ha trasladado a los propietarios de un inmueble de la calle Josep Socias i Gradolí la necesidad de que reparen algunos daños para evitar desgracias.
Durante la Comisión de Gobierno se aprobó además la firma de un convenio con la Fundación Proyecto Hombre para la organización de un taller ocupacional juvenil titulado "Alcohol, una droga diferente a las otras", que está dotado con 10.000 euros.
De Santos explicó que durante la presente jornada se reunirá con representantes vecinales y responsables de colegios profesionales y de los partidos políticos de la oposición para estudiar el inventario de zonas verdes elaborado por el Ayuntamiento.
El Consistorio pretende actualizar los equipamientos públicos previstos en el Plan General con la idea de aumentar el número de zonas verdes existentes en la ciudad, continuó.
El responsable municipal precisó que se cerrarán las canteras de Establiments, que serán rehabilitadas de acuerdo con lo previsto por la Comisión Balear de Medio Ambiente, que aprobó la supresión del muro que las separa y la construcción de bancales.
Explicó que la recuperación de las canteras supone la participación del Govern balear y del Consell de Mallorca, además de la intervención de los propietarios de estas explotaciones.
El teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos, anunció hoy que la Corporación local desarrollará, mediante una ordenanza municipal, la Ley de Telecomunicaciones con el propósito de regular las antenas de telefonía móvil existentes en el municipio
PALMA
EFE.- El teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos, anunció hoy que la Corporación local desarrollará, mediante una ordenanza municipal, la Ley de Telecomunicaciones con el propósito de regular las antenas de telefonía móvil existentes en el municipio.
En la conferencia informativa posterior a la Comisión de Gobierno y la Gerencia de Urbanismo, comunicó que el Ayuntamiento procederá "de inmediato" a la demolición de una antena de telefonía móvil ilegal instalada en el barrio de Son Español que, según explicó, ha suscitado numerosas quejas vecinales.
De Santos informó también de que su departamento tiene prevista la creación de un Consejo Asesor de Urbanismo para favorecer la participación de las entidades ciudadanas, los colegios profesionales y los partidos políticos en decisiones que afectan a este ámbito.
Comentó que el Consistorio demolerá un inmueble de titularidad municipal, situado en el número 28 de la calle Soler, que está en estado ruinoso, porque supone un peligro para los transeúntes.
A este respecto, concretó que su departamento revisará el Plan General de Palma para definir los futuros usos de este espacio con los vecinos de la zona.
Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado a los propietarios del antiguo Gimnasio Londres, ubicado en la calle Joan Miró, que subsanen las deficiencias que presenta el edificio para impedir que puedan ocasionar daños a los viandantes, dijo.
Agregó que el Consistorio también ha trasladado a los propietarios de un inmueble de la calle Josep Socias i Gradolí la necesidad de que reparen algunos daños para evitar desgracias.
Durante la Comisión de Gobierno se aprobó además la firma de un convenio con la Fundación Proyecto Hombre para la organización de un taller ocupacional juvenil titulado "Alcohol, una droga diferente a las otras", que está dotado con 10.000 euros.
De Santos explicó que durante la presente jornada se reunirá con representantes vecinales y responsables de colegios profesionales y de los partidos políticos de la oposición para estudiar el inventario de zonas verdes elaborado por el Ayuntamiento.
El Consistorio pretende actualizar los equipamientos públicos previstos en el Plan General con la idea de aumentar el número de zonas verdes existentes en la ciudad, continuó.
El responsable municipal precisó que se cerrarán las canteras de Establiments, que serán rehabilitadas de acuerdo con lo previsto por la Comisión Balear de Medio Ambiente, que aprobó la supresión del muro que las separa y la construcción de bancales.
Explicó que la recuperación de las canteras supone la participación del Govern balear y del Consell de Mallorca, además de la intervención de los propietarios de estas explotaciones.
06 de febrer 2004
El Ajuntament de Manacor abre unos 130 expedientes de infracción urbanística en siete meses
(Última Hora, 6/02/2004)
El departamento de Urbanismo ha tramitado 430 licencias de obra en rústico y urbano
CATERINA VENY
La disciplina urbanística, sobre todo en el casco urbano ya consolidado, se impone en el Ajuntament de Manacor. Desde el pasado mes de junio, fecha en que tras de las elecciones municipales el PP entró a gobernar el Consistorio manacorí, se ha reactivado el control sobre las licencias de obras en todo el municipio. Desde que el actual alcalde Antoni Pastor se encuentra al frente del departamento de Urbanisme, los servicios técnicos han abierto más de 130 expedientes de infracción urbanística, que afectan tanto a suelo rústico como urbano, siendo el primer grupo, las infracciones más detectadas.
Estos 132 expedientes de infracción urbanística que han pasado por comisión de Gobierno en el Ajuntament de Manacor, se enmarcan dentro de un contexto donde el departamento de Urbanismo ha tramitado y se han concedido un total de 430 licencias de obra para construir viviendas tanto en suelo rústico como en suelo urbano. No obstante, según fuentes municipales, la mayoría de los 132 expedientes de infracción urbanística no revisten un carácter «grave» y en ninguno de los casos se ha tenido que abrir un expediente de demolición para suprimir el exceso de volumen.
Una de las más destacadas licencias de obra que ha concedido el Ajuntament de Manacor es el permiso para construir una residencia geriátrica en Porto Cristo de iniciativa totalmente privada y cuyo proyecto se estructura a partir de un conjunto de apartamentos. Las grandes urbanizaciones que se han consolidado más recientemente en la costa manacorina, como es el caso de las macrourbanizaciones de Cala Anguila y de la zona costera de Cala Magrana, ya contaban con la licencia de obra concedida durante la pasada legislatura.
El departamento de Urbanismo ha tramitado 430 licencias de obra en rústico y urbano
CATERINA VENY
La disciplina urbanística, sobre todo en el casco urbano ya consolidado, se impone en el Ajuntament de Manacor. Desde el pasado mes de junio, fecha en que tras de las elecciones municipales el PP entró a gobernar el Consistorio manacorí, se ha reactivado el control sobre las licencias de obras en todo el municipio. Desde que el actual alcalde Antoni Pastor se encuentra al frente del departamento de Urbanisme, los servicios técnicos han abierto más de 130 expedientes de infracción urbanística, que afectan tanto a suelo rústico como urbano, siendo el primer grupo, las infracciones más detectadas.
Estos 132 expedientes de infracción urbanística que han pasado por comisión de Gobierno en el Ajuntament de Manacor, se enmarcan dentro de un contexto donde el departamento de Urbanismo ha tramitado y se han concedido un total de 430 licencias de obra para construir viviendas tanto en suelo rústico como en suelo urbano. No obstante, según fuentes municipales, la mayoría de los 132 expedientes de infracción urbanística no revisten un carácter «grave» y en ninguno de los casos se ha tenido que abrir un expediente de demolición para suprimir el exceso de volumen.
Una de las más destacadas licencias de obra que ha concedido el Ajuntament de Manacor es el permiso para construir una residencia geriátrica en Porto Cristo de iniciativa totalmente privada y cuyo proyecto se estructura a partir de un conjunto de apartamentos. Las grandes urbanizaciones que se han consolidado más recientemente en la costa manacorina, como es el caso de las macrourbanizaciones de Cala Anguila y de la zona costera de Cala Magrana, ya contaban con la licencia de obra concedida durante la pasada legislatura.
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