(El Mundo, 13/07/2004)
El auto judicial deniega a la máxima institución pitiusa el desistimiento en la causa al considerar que se trata de una cuestión de interés general - El PP dará su versión durante el próximo Pleno
JOSÉ M. DE LAMO
EIVISSA.- El Grupo Progressista del Consell Insular hizo público ayer un auto judicial de fecha 21 de febrero de 2004 por el cuál se deniega el «desistimiento» solicitado por la máxima institución pitiusa respecto al procedimiento seguido contra el Ayuntamiento de Santa Eulària con respecto a la urbanización de ses Torres.
La portavoz de los progresistas, Pilar Costa, acusó al equipo de Gobierno del Partido Popular de intentar ocultar esta resolución judicial y acusó a los populares de empeñarse «en llevar adelante una política urbanística que los tribunales le están continuamente tumbando».
Según reza el auto judicial, no es admisible que el reconocimiento realizado en su día por el Ayuntamiento de Santa Eulària, en el que acepta la nulidad del Plan de Delimitación del Suelo Urbano municipal, «no se traduzca en las actuaciones correspondientes», como la anulación de las licencias otorgadas para esta urbanización. En este mismo sentido, considera «inadmisible» que el Consell, «una vez reconocido por el Ayuntamiento esos defectos abandone y desista de la acción ejercitada que pretende destruir esa licencia».
Interés general
El auto continúa asegurando que desistir de esta acusación «es evidente que causa un perjuicio al interés general», a lo que añade que si estos reconocimientos de nulidad «no van acompañados de los actos necesarios por una u otra parte para adecuar la realidad a la legalidad urbanística infringida, contribuyen un brindis al sol».
La resolución señala a su vez que, independientemente de los intereses de los terceros adquirientes «de buena fe», que considera atendibles y totalmente respetables, «la obligación de toda administración es perseguir la absoluta adecuación de la realidad a la legalidad urbanística». En este punto matiza que, aunque en un futuro la situación de estos terceros adquirientes pueda ser objeto de legalización, «es una hipótesis y, como tal, ahora no es contemplable, porque esta jurisdicción lo que hace es revisar los actos dictados según se adecúen o no a derecho, y el interés general en materia urbanística está por encima de los intereses de esos terceros adquirientes».
Finalmente, el auto judicial justifica el no acceder al desistimiento al entender que «al abandonar la parte actora el ejercicio de la impugnación contra el acuerdo del Ayuntamiento de Santa Eulària» que concedió la licencia de segregación y parcelación de la urbanización de ses Torres «se causa perjuicio al interés general».
Este periódico se puso ayer en contacto con el conseller de Urbanismo, José Torres, para que expusiera su versión sobre esta cuestión, a lo que señaló que el equipo de Gobierno contestará en el próximo Pleno «ya que el Pacte ha presentado una pregunta en estos términos y, por respeto, el presidente ha decidido que se contestará allí».