(El Mundo, 27/07/2004)
M. F. R.
MAÓ.- El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico empezó ayer a escribir su historia después de que los votos de la mayoría de gobierno en el Consell, con la abstención del Grupo Popular, dieran el visto bueno a sus estatutos. Su misión será, de ahora en adelante, velar por el cumplimiento de las directrices del Plan Territorial Insular en el campo.
La experiencia vivida con otros consorcios propició la abstención de los populares. Su portavoz, Juan Manuel Lafuente, manifestó sus dudas acerca de los resultados que pueda obtener este organismo, al tiempo que vaticinó que resultará «más caro y menos eficaz» que el mecanismo actual de vigilancia, organizado por cada uno de los ayuntamientos.
En el trasfondo del debate vivido ayer en el Consell estuvo la negativa del Ayuntamiento de Ciutadella a entrar a formar parte de este organismo. La consellera de Ordenación del Territorio, Fina Casals, lamentó «profundamente» una situación que contrapuso con la «gran ilusión» con que, a su juicio, el resto de administraciones de la isla han decidido formar parte de esta iniciativa
Casals se mostró convencida de que el Consorcio resultará «ágil y eficaz» que el sistema actual, tras recordar que la actual estructura municipal no da abasto para ejercer un control efectivo sobre el cumplimiento de la normativa urbanística en suelo rústico. El objetivo del equipo de gobierno es, además, que este organismo pueda autofinanciarse «en un breve espacio de tiempo».
Ciutadella, por su cuenta
La idea es que vaya ingresando los recursos necesarios para el mantenimiento de su estructura, así como para amortizar la inversión inicial que será asumida por el Consell a través de las multas que imponga a los infractores. La consellera de Ordenación del Territorio también defendió la posibilidad de que la entidad pueda ser viable economicamente en un futuro.
Según consta en los estatutos, este organismo se encargará de la actividad inspectora dirigida a vigilar y controlar la adecuación a la legalidad urbanística a de todas aquellas actuaciones que tienen como ámbito el suelo rústico, la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores en caso de infracción y el cobro, si así se acuerda, de las multas.
La negativa del Ayuntamiento de Ciutadella a integrarse en el Consorcio se explica por la reciente creación en este Consistorio de su propio gabinete de disciplina urbanística y el deseo de no transferir a otra institución unas competencias que, por ley, son municipales, según informó su portavoz, Avel·lí Casasnovas.