(Diario de Mallorca, 18/09/2003)
una asignatura pendiente que la administración municipal pretende superar en esta legislatura
La Gerencia aprobó ayer la ejecución de diez demoliciones de obras realizadas sin licencia que no pueden legalizarse
JOSEP CAPÓ. PALMA.
Las infracciones urbanísticas impunes tienen los días contados en Palma. Esta es, al menos, la intención manifestada ayer por el teniente de alcalde de Urbanismo y coordinador municipal, Javier Rodrigo de Santos, que quiere que la ciudad sea, en materia del cumplimiento de la disciplina urbanística, "espejo en el que se puedan mirar los demás municipios de Mallorca y Balears".
Y para que las palabras no se las lleve el viento, anunció que, en el consejo de gerencia de Urbanismo celebrado ayer, se había dado cuenta de cuarenta y cinco decretos de alcaldía relacionados con sendos expedientes de disciplina urbanística. Diez de ellos incluyen órdenes de demolición de las obras realizadas ilegalmente. Entre éstas, la más relevante es la que afecta a la demolición del edificio inacabado construido hace más de treinta años en la carretera que une Génova con na Burguesa.
En este caso, el Ayuntamiento utilizará el mecanismo de demolición subsidiaria; es decir, encargará a una empresa el derribo de las obras ilegales y, posteriormente, remitirá la factura del importe de los gastos ocasionados a los propietarios infractores.
Según De Santos, su departamento utilizará este sistema de ejecución subsidiaria cuando el propietario no ejecute las obras de demolición ordenadas por el Ayuntamiento.
El teniente de alcalde hizo hincapié en que, "como es lógico", la administración municipal "cumplirá todos los plazos administrativos y judiciales establecidos en la legislación vigente".
La mayoría de las demás demoliciones ordenadas ayer se refieren a obras realizadas sin licencia municipal y que han supuesto incrementos del volumen o de la altura máxima autorizada. Según De Santos, en la mayoría de los casos se trata de obras efectuadas sin permiso en áticos y sobreáticos.
Otros 20 expedientes de los 45 aprobados ayer se refieren a la imposición de multas con importes que oscilan entre 492 y 130.000 euros. En estos casos, los expedientes también probablemente concluirán con órdenes de demolición de las obras realizadas sin permiso, si éstas no pueden ser legalizadas.
Sanciones económicas
El resto de decretos vistos ayer -otros 35- incluyen sanciones monetarias, aunque la tramitación del expediente de infracción aún no ha concluido. La suma de las sanciones económicas correspondientes a los 45 expedientes es de 354.513 euros (54 millones de pesetas, aproximadamente).
El responsable de Urbanismo reconoció que su departamento está ahora en condiciones de realizar un seguimiento de las obras que se realizan en el término municipal gracias, en parte, "a la labor de puesta al día de los expedientes de infracción realizada a lo largo de la pasada legislatura". En este sentido, recordó que "hace cinco años el Ayuntamiento impuso sanciones urbanísticas por un importe de 300.500 euros (50 millones de pesetas), mientras que el año pasado se impusieron multas por valor de 3 millones de euros (alrededor de 500 millones de pesetas).
De Santos afirmó también que el mayor celo en el cumplimiento de la disciplina urbanística irá acompañado de una mayor celeridad en la concesión de licencias.